La Fiscalía impulsó la investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito y pidió levantar el secreto fiscal y bancario del presidente de la AFA para avanzar con una serie de medidas destinadas a reconstruir su patrimonio.
El fiscal Gerardo Pollicita le dio impulso a la acción penal en la causa vinculada con la función de Tapia en la CEAMSE y solicitó acceder a información sobre sus cuentas bancarias, declaraciones juradas, bienes, movimientos económicos y nivel de consumo durante el período investigado.
Para avanzar con esas diligencias, la Fiscalía pidió al juez federal Ariel Lijo, a cargo del expediente, que disponga el levantamiento de los secretos fiscal y bancario de Tapia.
El requerimiento también alcanza a los secretos previstos en las leyes de Mercado de Capitales y de prevención del lavado de activos respecto del dirigente y de aquellas personas sobre las que resulte necesario solicitar información.
“Los hechos denunciados imponen la adopción de medidas que traen aparejadas la necesidad de levantar los respectivos secretos”, sostuvo el fiscal en el escrito.
En el mismo documento, consideró que las medidas son “necesarias y proporcionadas” de acuerdo con los hechos denunciados.
Ahora será Lijo quien deberá analizar el requerimiento y definir qué medidas autoriza. El impulso de la acción penal implica el comienzo de una investigación sobre Tapia, aunque no supone por sí mismo una imputación formal contra el dirigente.
Fuentes del caso aclararon además que no se ordenaron allanamientos. Por el momento, las diligencias solicitadas están orientadas a recopilar documentación e información para reconstruir la situación patrimonial del titular de la AFA.
Qué investiga la Justicia sobre el patrimonio de Tapia
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia. En su presentación sostuvo que el presidente de la AFA registró un importante crecimiento patrimonial mientras ejercía funciones en la CEAMSE.
Según el análisis incorporado a la denuncia, Tapia habría registrado un incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024. La investigación buscará determinar si la evolución de su patrimonio se corresponde con los ingresos declarados durante ese período.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo.
En su declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, informó más de $1002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.
La denuncia también puso el foco en los ingresos declarados por Tapia por sus distintas actividades. Según esos documentos, informó ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y por $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo al frente de la AFA es ad honorem.
Con las medidas solicitadas, la Fiscalía busca reunir información para contrastar esos ingresos con la evolución patrimonial, los movimientos financieros y el nivel de gastos del dirigente durante los años bajo análisis.
Cómo llegó la causa al fuero federal
El expediente comenzó en la Justicia porteña, pero posteriormente se produjo una disputa de competencia por el carácter interjurisdiccional de la CEAMSE, integrada por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
Finalmente, la Cámara Federal de Comodoro Py determinó que la investigación debía tramitar en el fuero federal y el expediente quedó a cargo de Ariel Lijo.
Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente del organismo. En 2024 pasó a presidirlo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La investigación deberá determinar ahora si el crecimiento patrimonial señalado en la denuncia encuentra respaldo en los ingresos y operaciones declarados por Tapia. Para eso, la Fiscalía busca acceder a información financiera y tributaria que hasta el momento permanece protegida por los respectivos secretos legales.
