La Fundación Agustina Lerena, con sede en Mar del Plata, presentó ante el Juzgado Federal de Tierra del Fuego una denuncia contra empresas pesqueras extranjeras y nacionales, bancos, aseguradoras y astilleros por presuntas operaciones de pesca ilegal vinculadas a las aguas de Malvinas.

La presentación fue impulsada por el presidente de la entidad, el especialista en derecho del mar César Lerena, y estima un perjuicio económico de entre 12.000 y 26.000 millones de dólares.

“Entendemos, por Pesca Ilegal, a aquella captura de especies pesqueras, sin cumplir, total o parcialmente, con la regulación internacional o nacional de origen y/o sin habilitación de la Autoridad de Aplicación. Donde se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente en forma directa o indirecta contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad económica y/o alimentaria y/o la sustentabilidad de las empresas y las fuentes de trabajo o el desarrollo de las regiones del litoral marítimo argentino”, sostiene uno de los párrafos del escrito.

La denuncia alcanza a empresas, bancos, aseguradoras y astilleros

La demanda incluye “a las sociedades mixtas españolas-isleñas pescando en Malvinas con la bandera ilegal Falklands, a las empresas pesqueras que pescan con bandera española, a las empresas isleñas pesqueras en Malvinas, a las empresas argentinas que tendrían vínculos directos o indirectos con empresas que operan en Malvinas, a los Bancos que financiaron las operaciones de las empresas referidas, a los Astilleros que financiaron directa o indirectamente la construcción de buques pesqueros para la pesca en Malvinas y/o se asociaron para la pesca en Malvinas, a las Entidades de Seguros que aseguraron las operaciones de los buques pesqueros”.

Lerena calificó la presentación como “muy importante”, debido a sus implicancias comerciales, ambientales y vinculadas con la soberanía argentina.

La denuncia cuenta con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat y quedó radicada en el juzgado a cargo de Mariel Borruto, quien también interviene en la denuncia relacionada con la operación petrolera “León Marino”.

El argumento central sobre la jurisdicción argentina

Uno de los principales fundamentos de la presentación sostiene que “los demandados conocen -y están obligados a cumplir- que no se puede pescar sin la habilitación de Argentina en las aguas continentales argentinas ni en las aguas argentinas de Malvinas. Y las empresas españolas y británicas no lo pueden desconocer, porque el Reino de España ha reconocido la Independencia Argentina y su soberanía territorial, que incluye a Malvinas y sus aguas en 1863″.

En la actualidad, los derechos de explotación pesquera representan el principal ingreso de la administración británica de las islas. Esa estructura económica podría modificarse de manera sustancial en caso de concretarse el proyecto petrolero Sea Lion.

Según la presentación, el monto reclamado surge de considerar más de cuatro millones de toneladas de distintas especies extraídas entre 1989 y 2025 sin autorización de las autoridades argentinas.

Para calcular el perjuicio, la fundación tomó como referencia el valor FOB de las capturas para establecer la estimación más baja y el precio mayorista internacional para alcanzar la cifra superior.

A esos montos podrían sumarse actualizaciones, costas y eventuales perjuicios relacionados con derechos de captura, derechos aduaneros, tributos nacionales, tasas de inspección y otras obligaciones que, de acuerdo con la presentación, habrían correspondido en caso de tratarse de una explotación autorizada bajo jurisdicción argentina.

Pesca, petróleo y la discusión por Malvinas

La denuncia impulsada por Lerena se suma a la presentada por el CECIM en relación con la actividad petrolera, en un contexto marcado por la política del Gobierno nacional respecto de Malvinas.

El propio Lerena había cuestionado anteriormente ese posicionamiento y lo calificó como “una respuesta más al apoyo a Donald Trump que a una política argentina”.

De esta manera, la Justicia Federal de Tierra del Fuego deberá analizar un reclamo que combina cuestiones económicas, ambientales y de soberanía, con un perjuicio estimado en miles de millones de dólares y operaciones pesqueras desarrolladas durante más de tres décadas.