El gobierno de Javier Milei enfrenta una paradoja política y fiscal. Mientras esta semana exhibió junto al FMI el superávit fiscal como una prueba del éxito de su programa económico y del ordenamiento de las cuentas públicas, dentro de la Casa Rosada crece la preocupación por el deterioro de la recaudación y su impacto sobre las negociaciones con los gobernadores aliados.
El problema aparece en un momento especialmente sensible para el Presidente, que necesita respaldo legislativo para dos iniciativas consideradas estratégicas: la eliminación de las PASO y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Entre los pedidos de los gobernadores para acompañar ambas leyes aparecen mayores transferencias hacia las provincias bajo diferentes modalidades. Sin embargo, esa negociación ocurre en medio de una contracción de los ingresos: en junio el IVA cayó 4,9% en términos reales frente al mismo mes de 2025, mientras la recaudación impositiva acumuló una baja del 8,6% durante el primer semestre y del 11,6% solamente en junio.
El escenario representa una mala noticia tanto para la coparticipación federal como para las transferencias no automáticas.
«No hay consumo y entonces la actividad está parada y esto dificulta toda negociación con los gobernadores», se sinceró un funcionario que sigue de cerca la negociación.
Sin embargo, un gobernador más optimista y muy cercano al Gobierno señaló que «el IVA bajó, pero en julio aumentó ganancias y la coparticipación viene un poquito mejor que en junio, estarán en estos días los números».
Los gobernadores también negocian el escenario electoral de 2027
El otro requisito planteado por los mandatarios provinciales es político. Buscan que Milei apoye sus candidaturas a la reelección y que La Libertad Avanza no presente candidatos «violetas» que compitan contra ellos, con el argumento de evitar una división del voto de centroderecha que pueda favorecer al kirchnerismo.
Incluso varios gobernadores evalúan adelantar las elecciones provinciales a mayo o junio de 2027 para separarlas de la discusión nacional. Si la Casa Rosada cumple con esas condiciones, los mandatarios aliados respaldarían la reelección presidencial de Milei.
En los despachos oficiales admiten que el Congreso se transformó en un verdadero embudo y que el Gobierno perdió fortaleza en términos de adhesiones parlamentarias. La preocupación es que ese escenario se profundice a medida que avance el año y se acerque la campaña electoral de 2027.
Las iniciativas continúan acumulándose. Este jueves fue el turno de la Cadena Nacional de Milei por el proyecto de ley de Carta Orgánica del Banco Central, pero cada vez resulta más complejo transformar los anuncios en leyes.
En el Senado reconocen que, actualmente, tanto la reforma electoral como la vinculada a la extranjerización de tierras no reúnen los votos necesarios para ser aprobadas. El reverdecer patriótico asociado al Mundial de Fútbol y la reivindicación de las Islas Malvinas también dificultaron el trámite.
El problema, de todos modos, excede el terreno parlamentario. Los gobernadores aliados incorporaron nuevas condiciones a las conversaciones con la Nación. Ya no se discuten solamente recursos, obras o transferencias: también reclaman definiciones políticas.
La principal demanda apunta directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que opera en tándem con el subsecretario Eduardo «Lule» Menem.
Los mandatarios quieren garantías de que La Libertad Avanza no impulsará candidatos propios para competir contra ellos en las elecciones provinciales y nacionales de 2027, poniendo en riesgo sus posibilidades de reelección.
Entre quienes mantienen canales permanentes de diálogo con la Casa Rosada figuran Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Claudio Poggi, Leandro Zdero, Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés, Marcelo Orrego, Rolando Figueroa, Hugo Passalacqua, Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Alberto Weretilneck, además de otros mandatarios provinciales que acompañaron iniciativas del oficialismo.
La alarma fiscal que llega desde las provincias
El principal motivo de inquietud aparece en los números de la ejecución presupuestaria del primer semestre. La desaceleración de la actividad económica comenzó a reflejarse con fuerza en los ingresos tributarios y, como consecuencia, repercute directamente sobre la coparticipación federal.
En mayo, según el INDEC, la actividad económica cayó 0,5% mensual.
Un informe de Cristian Módolo, de la Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos (Funepe), elaborado sobre la base de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía, muestra la dimensión del deterioro.
La recaudación impositiva cayó 8,6% en términos reales durante el primer semestre frente al mismo período de 2025 y 11,6% solamente en junio. Si se consideran los recursos corrientes, que incorporan ingresos por privatizaciones y ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), los ingresos públicos descendieron 2,5% real en junio y acumularon una baja del 3,7% en el semestre.
Los recursos corrientes incluyen los ingresos impositivos, los correspondientes a la seguridad social, las rentas de propiedad provenientes del FGS y otros conceptos, como privatizaciones y tasas. La incorporación de estos últimos mejora el resultado general de los ingresos corrientes.
Sin embargo, para evaluar la evolución de la economía real resulta especialmente relevante la recaudación tributaria. En junio, el IVA cayó 4,9%; Ganancias, 14,5%; los ingresos vinculados al comercio exterior, 37,4%; y el impuesto al cheque, 0,3%. El resto de los recursos impositivos, entre ellos combustibles y monotributo, aumentó 3,7%.
«En Ganancias, junio recaudó sólo $900.000 millones, o $0.9 billones. En el semestre llevan 7,8 billones. No alcanza para pagar los intereses de la deuda», señaló Módolo.
En términos interanuales, Ganancias registró en junio un incremento del 2,2%, principalmente porque vencían las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025 para sociedades con cierre de balance en diciembre. Sin embargo, frente a mayo de 2026, la recaudación del impuesto cayó 14,5%, luego de que durante ese mes se liquidara el grueso de Ganancias.
En el Gobierno no descartan la postergación de algunos vencimientos. Uno de los datos que genera mayor inquietud es la evolución del IVA, debido a que constituye uno de los principales indicadores relacionados con el nivel de consumo interno.
También se desplomaron los ingresos asociados al comercio exterior, con una caída interanual del 37,4% en junio. Durante el semestre, los derechos de exportación retrocedieron 40,4% y los derechos de importación disminuyeron 19%.
Para las provincias, estos números implican menos recursos coparticipables y mayores dificultades para sostener sus propios presupuestos. A ese escenario se agrega el crecimiento de la deuda flotante.
Deuda flotante y cuentas pendientes con las provincias
La Nación mantiene obligaciones reconocidas pero todavía impagas con las provincias por $1,756 billones correspondientes a junio, mientras el acumulado semestral asciende a $6,2 billones.
La deuda flotante total del Estado alcanzó en junio los $3,63 billones y acumula $15,37 billones durante los primeros seis meses del año. Se trata de gastos asumidos y consumidos por el Estado pero todavía no pagados, lo que permite diferir obligaciones hacia adelante.
El Gobierno sostiene que atraviesa «los mejores 18 meses del mandato». El FMI también destacó el cumplimiento de las metas fiscales, aunque su directora gerente, Kristalina Giorgieva, señaló que la Argentina no necesitará más préstamos para cubrir vencimientos hasta 2027 y advirtió sobre la situación de la economía real.
En ese sentido, indicó que, si bien crecen sectores como la energía y la minería, cayó el empleo registrado y resulta necesario que la economía real y las Pymes «sean más vibrantes» para mejorar el trabajo registrado.
Varios gobernadores sostienen que el deterioro de la actividad económica comienza a sentirse en sus distritos antes de quedar plenamente reflejado en los indicadores nacionales.
«Es un tema permanente de conversación. Hoy preocupa más al Gobierno nacional que a las provincias. La Nación se está fondeando en dólares porque las exportaciones de hidrocarburos y minería le aseguran los vencimientos de deuda. Pero la recaudación baja porque cae el consumo. Si eso no se reactiva, el malhumor social va a ir creciendo», señaló un gobernador oficialista.
Otro mandatario también aseguró que «la caída de la recaudación es la principal preocupación».
Un gobernador cercano a Milei planteó, además, diferencias entre las distintas economías regionales. «Las provincias petroleras tienen un pequeño veranito gracias a las regalías. El precio del barril ayuda. Pero las provincias del norte y las que dependen mucho más de la coparticipación seguramente están sintiendo mucho más fuerte la caída», dijo.
Un cuarto mandatario introdujo una mirada más optimista sobre los últimos números. «Este mes viene mejorando», comentó, aunque admitió que todavía resulta prematuro hablar de una recuperación consolidada.
