La situación política de Manuel Adorni atraviesa uno de sus momentos más delicados. Mientras aumentan las presiones internas para que abandone el cargo, la oposición avanza en el Congreso con una estrategia destinada a reducir su margen de supervivencia política mediante pedidos de interpelación y mociones de censura impulsadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
La principal novedad es el posicionamiento adoptado por el PRO, que reclamó públicamente que el Gobierno nacional aparte al jefe de Gabinete y dejó abierta la posibilidad de contribuir al quórum en la sesión convocada para el próximo 23 de junio en Diputados. El temario incluye seis expedientes vinculados con la situación del funcionario, desde pedidos de informes hasta mecanismos parlamentarios de mayor severidad.
El PRO eleva la presión y la oposición busca sumar apoyos
«No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días», señalaron desde el bloque presidido por Cristian Ritondo al ser consultados sobre la posición que adoptarán frente a la sesión especial solicitada por la oposición.
Desde la Unión Cívica Radical optaron por una postura más cautelosa y confirmaron que el interbloque Fuerzas del Cambio, integrado además por el MID y referentes como Karina Banfi, mantendrá reuniones durante los próximos días para fijar una posición común.
El escenario contrasta con lo ocurrido el 13 de mayo pasado, cuando una sesión impulsada por la oposición fue suspendida por falta de respaldo suficiente. En aquella oportunidad, el PRO, la UCR y sectores dialoguistas evitaron dar quórum para no profundizar tensiones con el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la presentación de la declaración jurada de Adorni y las explicaciones posteriores brindadas públicamente modificaron el panorama político. Los cuestionamientos sobre presuntas inconsistencias patrimoniales derivaron en un creciente malestar que comenzó a erosionar apoyos dentro y fuera del oficialismo.
Pedidos de interpelación y mociones de censura
La oposición sostiene que existen «irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones» en las presentaciones realizadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).
En Diputados, el pedido de sesión especial cuenta con el respaldo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y distintos monobloques. Paralelamente, el interbloque Popular del Senado, encabezado por José Mayans, presentó un proyecto para convocar a una sesión urgente destinada a tratar una interpelación y una eventual moción de censura.
La iniciativa plantea que, en caso de ser aprobada, Adorni deba comparecer ante la Cámara alta dentro de un plazo máximo de siete días. Los senadores peronistas advirtieron además que «en caso de su incomparencia, la Cámara quede habilitada en forma directa para tratar la mencionada medida en la misma sesión especial convocada a tal efecto».
Las dificultades reglamentarias y el impacto político
Para avanzar con los pedidos de interpelación y las mociones de censura, la oposición necesita reunir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras debido a que los expedientes llegarían al recinto sin dictamen previo de comisión.
Actualmente, esos números aparecen fuera del alcance opositor. Por ese motivo, el objetivo inmediato pasa por reunir quórum y aprobar emplazamientos que obliguen a las comisiones correspondientes a tratar los proyectos. De concretarse, el oficialismo debería habilitar un debate que hasta ahora permanece bloqueado en los ámbitos parlamentarios.
El proceso demandaría varias semanas y extendería la exposición pública del caso. En ese contexto, algunos sectores opositores consideran que la continuidad de Adorni podría transformarse en un factor de desgaste permanente para la administración de Javier Milei, especialmente mientras persistan los cuestionamientos relacionados con sus declaraciones juradas y el crecimiento de su patrimonio desde que ocupa funciones públicas.
