La Dirección General Impositiva oficializó, mediante la Resolución N° 1536/2026, el Plan Estratégico de Gestión 2025-2029, un documento que define las prioridades institucionales del organismo recaudador para el próximo quinquenio. La medida fue firmada por el director general de Rentas, Gustavo González Amilivia.
El plan apunta a un cambio de paradigma en la administración tributaria: pasar de un modelo centrado en el control del incumplimiento ya consumado hacia un Modelo de Gestión del Cumplimiento Tributario, basado en la gestión integral de riesgos, con foco en la prevención y la asistencia al contribuyente antes que en la sanción.
Según relató el propio González Amilivia, el proceso de elaboración demandó más de un año de trabajo. La construcción de la hoja de ruta incluyó charlas abiertas con más de 600 funcionarios en quince reuniones con el director general, la sistematización de más de 200 minutas de talleres con mandos medios y equipos de trabajo, y consultas externas a instituciones de gobierno, asociaciones civiles, instituciones académicas y contribuyentes.
También se realizaron encuestas y entrevistas focales por segmento, además de encuestas de opinión pública para medir el estado de la moral tributaria de la ciudadanía.
Un cambio de enfoque para prevenir el incumplimiento
El núcleo conceptual del Plan Estratégico de Gestión es la adopción del Modelo de Gestión del Cumplimiento Tributario, un proceso que organiza la gestión de las cuatro obligaciones del ciclo tributario: registrar, declarar, informar y pagar.
Ese modelo se estructura en cinco etapas: identificación de riesgos, análisis de sus causas, priorización según su criticidad, tratamiento diferenciado de acuerdo con el perfil del contribuyente y evaluación de la efectividad de cada intervención.
González Amilivia explicó la lógica de fondo del cambio con una metáfora explícita: «Cuando alguien evade se está comprando un ‘billete de lotería’ en el que tiene alta probabilidad de resultar ‘ganador'».
La frase alude a que la probabilidad de detección existe, pero no es total. Por ese motivo, la DGI apuesta a que resulte más eficiente para el Estado prevenir el incumplimiento que perseguirlo una vez consumado.
La nueva misión establece que la DGI «tiene por misión aplicar en forma efectiva, equitativa y transparente el sistema tributario nacional con el fin de recaudar los recursos destinados al cumplimiento de los fines del Estado y al desarrollo de las políticas públicas».
La visión del organismo aspira a que la institución sea reconocida «como una organización pilar del desarrollo nacional, confiable, transparente y profesional».
El plan también identifica los valores institucionales que guiarán la gestión: integridad y honestidad, transparencia, imparcialidad, equidad, empatía, profesionalismo, respeto, colaboración, compromiso y flexibilidad.
Metas de reducción de evasión y mejora en la relación con contribuyentes
El Plan Estratégico de Gestión estructura su estrategia en once objetivos, organizados en cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral: Estado y Sociedad, Contribuyentes y Beneficiarios, Procesos, y Aprendizaje y Crecimiento.
Entre las metas más concretas del documento figura la reducción de la evasión en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas.
Según los indicadores de gestión incluidos en el plan, la evasión del IVA se ubicaba en 20,70% en 2024, año tomado como base de medición. La meta es reducirla un 20% respecto de ese valor hacia 2029.
En el caso del IRAE, la evasión de base era considerablemente más alta: 48,90% en 2024. El objetivo también es alcanzar un recorte relativo del 20% para el cierre del quinquenio.
Otros indicadores apuntan a mejorar la relación con los contribuyentes. El nivel de confianza ciudadana en la DGI, que partía de 57,54% en 2024, tiene como meta llegar al 65% en 2029.
La orientación al cumplimiento, un indicador de la disposición de los contribuyentes a cumplir voluntariamente, debería subir de 72% a 76% en el mismo período.
El plan también fija metas de cobertura para las nuevas declaraciones precargadas, que deberían alcanzar al 66% de los contribuyentes activos, con una utilización efectiva del 80% entre quienes tengan acceso a esa herramienta.
Cambios normativos y desafíos internos
El diagnóstico estratégico también repasa el nuevo marco jurídico-tributario que la DGI deberá aplicar a partir de la Ley de Presupuesto 2025-2029 N° 20.446, aprobada el 9 de diciembre de 2025.
Entre los cambios más relevantes se destaca la incorporación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico como nuevo tributo estructural, con reglas de interacción específicas con el IRAE y el Impuesto al Patrimonio.
La norma también incorpora nuevos rendimientos generados en el exterior como rentas gravadas para las personas físicas y ajustes al régimen de impatriados.
Además, la ley extendió de 36 a 72 meses el plazo máximo de los convenios de facilidades de pago, habilitó la cancelación de cuotas mediante retenciones sobre salarios y pasividades, e introdujo la obligatoriedad plena del domicilio electrónico.
Con esa modificación, se eliminó la posibilidad de que los contribuyentes vuelvan a recibir notificaciones por vía física una vez constituido ese domicilio digital.
También se incorporó un procedimiento de determinación de oficio simplificado, que permite a la DGI emitir una determinación basada en la propuesta de declaración prellenada cuando el contribuyente no presenta su declaración. La herramienta está pensada para reducir la litigiosidad asociada a omisiones formales.
El plan reconoce, además, limitaciones internas del propio organismo. Entre ellas, menciona condiciones edilicias «que requieren mejoras» en la sede central, con problemas de mantenimiento acumulado que inciden en la continuidad de los servicios y en el clima laboral.
También identifica una infraestructura tecnológica fragmentada y limitaciones presupuestales para atraer y desarrollar talento especializado, en un mercado laboral donde la competencia por perfiles técnicos en tecnología y analítica avanzada se intensifica.
El diagnóstico suma desafíos de cultura organizacional, como la centralización excesiva de la toma de decisiones operativas, la fragmentación funcional entre áreas y la ausencia de un sistema de gestión del desempeño para los funcionarios.
Para atender esas brechas, el plan prevé una batería de iniciativas que incluyen la renovación del equipamiento de hardware y software, la actualización de los sistemas críticos institucionales, la implementación de un nuevo modelo de gestión del desempeño con evaluación 360 grados y la evolución hacia una estructura organizativa más ágil y transversal.
La gobernanza del plan quedará a cargo de un Comité Estratégico, integrado por las máximas autoridades de la DGI, que supervisará la ejecución global. A su vez, la División Planificación, Estudios y Coordinación tendrá a cargo el seguimiento sistemático de los indicadores y la elaboración de reportes periódicos de avance.
