Este jueves 22 de octubre, Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, habló en una conferencia junto al canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín. Dijo que Washington mira con interés el posible impacto sobre empresas estadounidenses y que respeta el proceso legislativo argentino. En esas declaraciones no formuló un pedido para retirar o modificar el proyecto.
Qué sanciones trae el proyecto
El Poder Ejecutivo ingresó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en Diputados el 17 de septiembre, como expediente 0010-PE-2026. Lo firmaron Javier Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Alberto Presti y Pablo Quirno. Fue girado a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
El 30 de septiembre, Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, explicó el alcance en una reunión informativa. «La ley 26.659 estaba destinada específicamente a prohibir actividades relacionadas con los hidrocarburos, mientras que este proyecto amplía su ámbito de aplicación material a cualquier actividad relacionada con recursos naturales renovables o no renovables», dijo. Entre esos casos ubicó la pesca y la minería sin autorización argentina.
El texto propone varias sanciones. Entre ellas hay multas calculadas en equivalentes de barriles de petróleo. Stampalija estimó ese día que la más alta rondaría los US$45 millones, con el barril a unos US$89. Presentó esa cuenta como una estimación del 30 de septiembre.
Según informaron medios, el caso petrolero asociado al debate es Sea Lion, de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y aparece como el ejemplo inmediato de las actividades que el Gobierno busca alcanzar. El proyecto no está descrito como una norma dirigida solo a esas dos empresas. Quirno defendió el cambio, también según informaron medios, porque la legislación actual no permite desistir de una inversión hecha bajo licencias que la Argentina considera ilegítimas, y el proyecto sí lo permitiría.
Qué ya está en vigor
La norma vigente es la ley 26.659, modificada por la 26.915. Regula las actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la plataforma continental e incluye sanciones penales y para empresas. El Decreto 868/2026 dispuso inhabilitaciones administrativas de cinco a veinte años y la posible reversión de concesiones hidrocarburíferas. La ampliación a otros recursos y el régimen del proyecto todavía no rigen.
El mismo decreto designó a Cancillería como autoridad de aplicación de la ley 26.659. El organismo que detecte un posible incumplimiento debe informarlo en cinco días hábiles. La persona o la empresa notificada tiene diez días hábiles para presentar su descargo.
Cuándo sigue el tratamiento
El proyecto seguía sin dictamen al cierre de la última reunión conjunta, el 14 de octubre. La Cámara ya había hecho reuniones informativas el 30 de septiembre y el 6 y el 7 de octubre.
La citación de la comisión fija una nueva reunión conjunta para el martes 27 de octubre a las 16, en el Anexo C. Es la próxima instancia que figura en la agenda oficial de Diputados, no una fecha de votación.
También hay pedidos para que Quirno informe sobre Malvinas. El diputado Nicolás Trotta, de Unión por la Patria, presentó el 8 de septiembre un proyecto de resolución para citarlo. El 17 de septiembre, la diputada Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas, presentó un pedido de informes verbales sobre la política exterior en la cuestión. Las fichas oficiales no indican que la Cámara haya aprobado una citación.
