La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza confirmó que un trabajador despedido podrá recuperar $46.094.632,14 de una indemnización laboral superior a los $65 millones, mientras que otros $18 millones permanecerán depositados como garantía para asegurar el pago de la cuota alimentaria de sus dos hijos menores. La decisión estableció una distinción entre el carácter indemnizatorio de los fondos y la obligación de garantizar la manutención de los menores.
El fallo ratificó una resolución de primera instancia que buscó compatibilizar el derecho de los hijos a percibir alimentos con la necesidad del progenitor de disponer de recursos económicos después de perder su empleo.
La obligación alimentaria continuará vigente por $1.500.000 mensuales, con actualización trimestral según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los fondos reservados podrán utilizarse para cubrir esas prestaciones mientras el trabajador no cuente con una fuente estable de ingresos.
La controversia comenzó cuando el dinero recibido por la desvinculación laboral quedó depositado en una cuenta judicial y surgieron diferencias entre los progenitores sobre su destino.
Por qué la Justicia ordenó devolver más de $46 millones
La madre de los menores reclamó que la totalidad de la indemnización quedara alcanzada por las retenciones alimentarias, al considerar que la sentencia que fijó la cuota comprendía todos los ingresos del padre.
Según su interpretación, la obligación incluía las remuneraciones habituales, el sueldo anual complementario y cualquier otro concepto percibido por el trabajador, por lo que también debía abarcar el dinero correspondiente a su desvinculación laboral.
El padre, en cambio, sostuvo que la indemnización tenía naturaleza reparadora y no salarial. Por ese motivo, solicitó la restitución de una parte de los fondos para afrontar el período de desempleo y desarrollar un nuevo proyecto laboral.
El conflicto llegó a la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza, que confirmó el criterio adoptado por la jueza de primera instancia.
Los magistrados explicaron que una indemnización por extinción del vínculo laboral no constituye una contraprestación periódica por servicios prestados ni equivale a un salario mensual.
Por esa razón, consideraron necesario distinguir entre las retenciones que se aplican sobre los haberes habituales de un progenitor y las medidas que pueden disponerse sobre una indemnización para asegurar el cumplimiento de obligaciones alimentarias futuras.
El tribunal aclaró que el carácter indemnizatorio del dinero no impide que una parte sea afectada como garantía alimentaria, pero tampoco determina que la totalidad de los fondos deba quedar retenida automáticamente.
Para fundamentar su decisión, los camaristas recurrieron al artículo 550 del Código Civil y Comercial de la Nación, que permite adoptar medidas cautelares destinadas a garantizar alimentos futuros, sean provisorios, definitivos o convenidos.
También citaron un antecedente de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Trenque Lauquen, del 26 de junio de 2024, que reconoció la posibilidad de establecer garantías para prestaciones alimentarias futuras aun cuando no existan cuotas vencidas.
Cómo se distribuyó la indemnización y cuánto deberá pagar el padre
El expediente estableció que el saldo de la cuenta judicial ascendía a $65.409.527,76.
La jueza de primera instancia dispuso descontar $1.314.895,61 correspondientes a la cuota alimentaria de junio de 2026, que todavía no había sido percibida por la madre.
Además, ordenó reservar otros $18 millones para garantizar las obligaciones futuras y restituir al trabajador los $46.094.632,14 restantes.
La distribución quedó establecida de la siguiente manera:
- $65.409.527,76: saldo total depositado en la cuenta judicial.
- $1.314.895,61: cuota alimentaria correspondiente a junio de 2026.
- $18.000.000: fondos reservados como garantía para pagos futuros.
- $46.094.632,14: dinero cuya restitución al trabajador fue autorizada.
La cuota alimentaria quedó fijada en $1.500.000 mensuales, con actualización trimestral de acuerdo con la variación acumulada del IPC publicado por el INDEC.
El nuevo monto comenzó a regir en julio de 2026 y su primera actualización estaba prevista para octubre del mismo año.
Inicialmente, la reserva de $18 millones equivalía a doce mensualidades de $1.500.000. Sin embargo, las actualizaciones previstas implican que esa equivalencia puede modificarse con el transcurso del tiempo.
La resolución también estableció que la madre debía solicitar autorización judicial entre los días 1 y 5 de cada mes para retirar los importes correspondientes a la prestación alimentaria.
Los fondos extraídos serían descontados de la suma mantenida como garantía.
Por otra parte, la jueza dispuso constituir un plazo fijo en pesos con el dinero reservado, con capitalización de intereses y renovación automática cada 30 días, a la tasa más alta ofrecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para esa modalidad.
Qué resolvió la Cámara sobre los derechos de los menores
La madre apeló la decisión al considerar que la reserva de $18 millones resultaba insuficiente para garantizar el pago de alimentos durante un período prolongado.
También cuestionó que las cuotas debieran actualizarse por inflación y señaló la existencia de gastos extraordinarios que, según su planteo, debían ser contemplados.
Otro de sus argumentos estuvo relacionado con el mecanismo de cobro, ya que consideró que solicitar autorización judicial todos los meses podía generar demoras incompatibles con las necesidades alimentarias de sus hijos.
Asimismo, sostuvo que devolver al padre más de $46 millones podía afectar los derechos de los menores y debilitar la garantía de cumplimiento de las obligaciones futuras.
La Cámara rechazó esos planteos y consideró que la resolución había buscado preservar el interés superior de los hijos sin afectar de manera desproporcionada los recursos del progenitor desempleado.
Los magistrados remarcaron que la restitución parcial de la indemnización no extinguía la obligación alimentaria ni dejaba el pago de las cuotas sujeto exclusivamente a la voluntad del trabajador.
Por el contrario, señalaron que la suma reservada constituía un respaldo económico concreto para afrontar las prestaciones durante el período de incertidumbre laboral.
En el expediente también intervino la Asesoría de Incapaces, que se pronunció a favor de rechazar la apelación.
El organismo consideró que la indemnización tenía naturaleza reparadora y que la reserva de fondos permitía proteger los derechos alimentarios de los menores sin comprometer de manera desproporcionada el patrimonio del padre.
Los jueces también aclararon que las medidas cautelares pueden modificarse si cambian las circunstancias que justificaron su adopción.
En particular, indicaron que si el trabajador consigue un nuevo empleo o accede a otra fuente regular de ingresos, cualquiera de las partes podrá solicitar una revisión de la afectación de los fondos.
La madre también había pedido la nulidad de la resolución de primera instancia, al sostener que la jueza había decidido sobre el destino del dinero cuando el asunto ya se encontraba bajo revisión de la Cámara.
Sin embargo, los magistrados determinaron que una resolución anterior, del 25 de agosto de 2026, había tratado una medida cautelar dictada el 18 de mayo para preservar los fondos, mientras que la decisión del 29 de junio había resuelto su naturaleza jurídica y distribución.
Por ese motivo, concluyeron que no existía contradicción entre ambos pronunciamientos ni un perjuicio procesal que justificara declarar la nulidad.
Con los votos de José Nicolás Taraborrelli, Héctor Roberto Pérez Catella y Ramón Domingo Posca, la Sala I confirmó la resolución de primera instancia en los puntos cuestionados.
El fallo no estableció una exclusión general de las indemnizaciones laborales respecto de las garantías alimentarias. La decisión se limitó a determinar que, dadas las circunstancias del caso, correspondía distinguir entre el carácter indemnizatorio de los fondos y su posible utilización como respaldo para asegurar el cumplimiento de las cuotas futuras.
