El gobierno de la provincia de Santa Fe tomó posesión de un edificio de tres pisos y 27 departamentos ubicado sobre calle Buenos Aires al 1000, en pleno centro de Rosario, en el marco de una causa judicial vinculada a una megaestafa inmobiliaria. La propiedad pertenecía a un imputado en el expediente y será incorporada al patrimonio estatal para su posterior subasta.
El procedimiento estuvo encabezado por el secretario de Gestión en Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, y el secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini, quienes supervisaron además el desalojo de un grupo de personas que había intentado ocupar el inmueble durante la noche anterior.
Un inmueble que generaba millonarios ingresos
Figueroa Escauriza explicó que la toma de posesión se concretó luego de haber notificado, con más de un mes de anticipación, a quienes ocupaban los departamentos mediante alquileres temporarios.
«Ellos alquilaban a mes, mes a mes y algunos por plazo de 15 días», explicó el funcionario, quien sostuvo que el objetivo fue interrumpir una maniobra que seguía generando beneficios económicos para los imputados.
Según indicó, el edificio producía alrededor de 20 millones de pesos mensuales en concepto de alquileres. «Tengamos presente que los propietarios y los imputados levantaban 20 millones de pesos por mes con esta administración. Entonces, cada día que pasaba era plata que recaudaban y es lo que nosotros queremos cortar», afirmó sobre el inmueble que perteneció al imputado Leandro Pérez.
El intento de ocupación durante la noche
Durante el operativo también se resolvió una situación inesperada. De acuerdo con lo informado por las autoridades, unas 15 personas ingresaron al edificio tras violentar los accesos con el objetivo de ocupar los departamentos.
«Por incentivo de que no sabemos todavía quién, ya nos vamos a enterar, vinieron más de 15 personas anoche que se metieron a las habitaciones, barroteando las puertas para poder usurpar la propiedad», describió Figueroa Escauriza.
El funcionario agregó que el grupo fue desalojado para impedir que el inmueble «se convierta en un aguantadero en pleno microcentro de la ciudad de Rosario» y sostuvo que este tipo de situaciones suelen producirse «cuando tocamos la plata de los delincuentes».
La propiedad será subastada
Por su parte, Federico Angelini afirmó que el decomiso forma parte de la política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro para atacar el patrimonio económico de las organizaciones delictivas.
«Vamos tras toda la cadena que cometen delitos. Desde aquel que vende en la calle, narcomenudeo, desde aquel que distribuye, del que tiene el búnker, del que tiene el arma de fuego, el que comete violencia lesiva, pero también de los delincuentes de guantes blancos, de los delincuentes que avanzaron y se enriquecieron muchísimo en todos estos años», expresó.
Las autoridades señalaron que el próximo paso será realizar un cerramiento integral del edificio y evaluar su estado de conservación para incorporarlo a una futura subasta pública.
«La prepararemos para la próxima subasta en la ciudad de Rosario, seguramente en el mes de marzo, abril del año que viene», concluyó Figueroa Escauriza.
