Un nuevo cortocircuito entre la Casa Rosada y la vicepresidenta Victoria Villarruel encendió las alarmas dentro del bloque oficialista de la Cámara de Senadores. El conflicto surgió después de que la titular de la Cámara alta autorizara a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria, a participar y votar de manera remota en la sesión prevista para este jueves.
La jornada legislativa tendrá como uno de sus principales ejes el debate por las modificaciones a la Ley de Tierras, una iniciativa que enfrenta al Gobierno con distintos sectores de la oposición y que también genera dudas entre algunos bloques provinciales.
Fernández Sagasti solicitó la excepción por recomendación médica, debido a que cursa un embarazo de 32 semanas que le impide trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. Villarruel hizo lugar al pedido mediante un decreto de la Presidencia del Senado.
La decisión provocó malestar dentro de la mesa política del Gobierno, integrada, entre otros funcionarios, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En ese sector consideran que la autorización complica de manera directa la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza.
La disputa por el reglamento y los dos tercios
El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y la conducción del Senado se trasladó rápidamente al terreno reglamentario. Desde la Casa Rosada sostienen que, al tratarse de una sesión que se reanudará después de un cuarto intermedio, cualquier modificación en la modalidad de votación debería aprobarse con una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes.
El oficialismo considera que la oposición no cuenta por sí sola con los votos necesarios para alcanzar esa mayoría especial. Por ese motivo, cuestionó que la autorización haya sido concedida mediante un decreto firmado por Villarruel.
«Nos cambian las reglas de juego por decreto a pocas horas de una sesión clave», protestaron cerca del equipo de Patricia Bullrich al cuestionar la flexibilidad otorgada por Villarruel a la bancada opositora.
Desde Unión por la Patria, en cambio, sostienen que la habilitación otorgada a Fernández Sagasti constituye una cuestión procedimental y no una modificación del temario ni de las condiciones generales de la sesión.
Bajo esa interpretación, el bloque opositor buscará que la resolución sea convalidada directamente en el pleno del Senado mediante una mayoría simple.
El quórum y la reforma de la Ley de Tierras
La disputa se concentra en tres puntos centrales: la validez del voto remoto, la posibilidad de reunir el quórum y el contenido de la reforma impulsada por el Gobierno.
En relación con la participación a distancia, La Libertad Avanza insiste en que se necesitan dos tercios por tratarse de un trámite realizado dentro de una sesión que ya había comenzado. La oposición, por su parte, considera que la autorización puede resolverse mediante una mayoría simple.
Sobre el quórum, los operadores oficialistas aseguran tener garantizada la presencia de los 37 senadores necesarios para abrir el recinto. Sin embargo, en sectores opositores confían en impedir el inicio de la sesión mediante ausencias puntuales y cambios de último momento dentro de los bloques provinciales.
El debate de fondo también expone posiciones enfrentadas. El Gobierno defiende la iniciativa promovida por el ministro Federico Sturzenegger bajo la premisa de garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada y profundizar la desregulación económica.
Referentes del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el kirchnerismo y la Coalición Cívica cuestionan la eliminación de restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros.
Desde esos sectores advierten que la propuesta podría convertirse en una «ley diseñada a la medida de magnates internacionales» y señalan que el cambio normativo permitiría ampliar la participación de capitales extranjeros en la propiedad de tierras argentinas.
Negociaciones de último momento
Con el escenario parlamentario ajustado, el Poder Ejecutivo sigue de cerca las negociaciones mientras sus operadores mantienen contactos con senadores aliados y representantes de bloques provinciales.
El objetivo del oficialismo es asegurar el quórum, sostener su interpretación sobre el voto remoto y reunir los apoyos necesarios para avanzar con las modificaciones a la Ley de Tierras.
La tensión se produce mientras el presidente Javier Milei adelantó su agenda de viaje a Ecuador. En paralelo, los armadores parlamentarios de La Libertad Avanza intensificaron las conversaciones para evitar un nuevo traspié legislativo.
La resolución firmada por Villarruel volvió a exponer las diferencias entre la vicepresidenta y la Casa Rosada, en una jornada atravesada por las discusiones reglamentarias, las dudas sobre el quórum y la disputa política alrededor del futuro de la Ley de Tierras.
