La disputa internacional derivada de la expropiación de YPF en 2012 todavía está lejos de cerrarse. Después de sufrir un importante revés ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, los demandantes vinculados al litigio financiado por Burford Capital mantienen abierta la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos y, paralelamente, iniciaron un nuevo procedimiento ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones estadounidense revocó por dos votos contra uno la sentencia de primera instancia que había condenado a Argentina a pagar aproximadamente US$16.100 millones por la forma en que se produjo la toma de control de YPF. Con intereses, el monto reclamado había crecido posteriormente.
La decisión significó un cambio sustancial respecto del fallo de la jueza Loretta Preska, que había considerado responsable al Estado argentino por incumplimientos vinculados con las disposiciones del estatuto de YPF y la ausencia de una oferta de adquisición para los accionistas minoritarios.
El último camino en Estados Unidos
Después del fallo adverso, los demandantes pidieron una revisión en banc, mecanismo mediante el cual se solicita que una cantidad mayor de jueces del mismo tribunal vuelva a analizar la decisión. El Segundo Circuito rechazó ese pedido el 2 de junio de 2026.
Tras ese rechazo, quedó disponible la posibilidad de presentar una petición de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Burford informó públicamente que prevé concretar esa presentación antes de finalizar septiembre. La propia compañía reconoció que, desde un punto de vista estadístico, la posibilidad de obtener una nueva revisión en los tribunales estadounidenses es baja, dado que la Corte Suprema acepta solamente una pequeña proporción de las solicitudes que recibe.
Eso no significa que el máximo tribunal ya haya decidido intervenir. La eventual presentación representa solamente un pedido para que la Corte analice el caso y deberá ser aceptada antes de que pueda existir una revisión sobre el fondo de la disputa.
Un segundo frente ante el CIADI
Mientras continúa abierta esa vía, Petersen Energía S.A.U. y Petersen Energía Inversora S.A.U. iniciaron un arbitraje contra la República Argentina ante el CIADI, organismo internacional perteneciente al Grupo Banco Mundial.
El procedimiento fue registrado oficialmente el 15 de septiembre de 2026 bajo el número ARB/26/38. Las demandantes figuran como sociedades españolas y el instrumento invocado es el tratado bilateral de inversiones firmado entre España y Argentina en 1991. El proceso permanece pendiente.
Aunque el caso suele asociarse públicamente con Burford, la compañía de financiamiento de litigios no figura formalmente como demandante ante el CIADI: las reclamantes registradas son las dos sociedades Petersen. Burford posee intereses económicos vinculados con el resultado del litigio.
El argumento que impulsa esta nueva vía se diferencia jurídicamente del que fue analizado por los tribunales estadounidenses. En Estados Unidos, la controversia se concentró en las obligaciones derivadas del estatuto de YPF y en la posibilidad de reclamar contractualmente por la ausencia de una oferta pública de adquisición. En el arbitraje internacional, el análisis se encuadrará en las protecciones contempladas por el tratado bilateral de inversiones.
El antecedente del acuerdo con Repsol
La expropiación de 2012 alcanzó al 51% de YPF que estaba en manos de Repsol. Dos años más tarde, Argentina y la compañía española alcanzaron un acuerdo de compensación que reconoció a Repsol el derecho a percibir US$5.000 millones.
El convenio estableció el pago mediante títulos públicos denominados en dólares y puso fin a los reclamos judiciales y arbitrales existentes entre las partes relacionados con aquella expropiación.
La situación de Petersen fue diferente. Las sociedades habían adquirido una participación en YPF y posteriormente atravesaron procesos de insolvencia en España. Años después, Burford adquirió derechos económicos vinculados con los reclamos surgidos de ese proceso y comenzó a financiar el litigio.
Los US$236 millones que Burford ya obtuvo
Más allá del resultado definitivo, Burford ya monetizó parcialmente su posición. Documentos presentados por la propia compañía indican que vendió el 38,75% de su participación en los eventuales ingresos del caso Petersen por un total de US$236 millones en efectivo, mediante distintas operaciones realizadas entre 2016 y 2019.
Luego del fallo adverso de marzo de 2026, la empresa sostuvo que, incluso si no recibiera nuevos pagos relacionados con YPF, el caso ya le había generado esos US$236 millones en efectivo y más de US$100 millones de beneficio. Esa cifra corresponde a la evaluación financiera informada por la propia Burford a sus inversores.
La compañía había reducido previamente su exposición mediante esas ventas parciales, aunque mantuvo una participación económica significativa sobre una eventual recuperación futura.
Una disputa que podría continuar durante años
El panorama actual deja abiertos dos caminos distintos. En Estados Unidos, queda por determinar si la Corte Suprema aceptará revisar la sentencia que favoreció a Argentina. Ante el CIADI, en cambio, acaba de comenzar un procedimiento arbitral independiente que puede extenderse durante varios años.
Por ese motivo, el revés sufrido por los demandantes en Nueva York no significó el cierre definitivo de la controversia por YPF. Argentina obtuvo una decisión favorable de enorme importancia en segunda instancia, pero la disputa continúa tanto por la eventual intervención de la Corte Suprema estadounidense como por el nuevo arbitraje internacional registrado ante el CIADI.
