El Tribunal de Cuentas de Córdoba recomendó no aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2025 presentada por la administración del gobernador Martín Llaryora, luego de formular observaciones sobre distintos aspectos de la información contable y financiera de la Provincia.
Uno de los principales puntos del dictamen está relacionado con el superávit de $592.000 millones informado por el Poder Ejecutivo provincial. El organismo de control planteó reparos sobre los criterios contables utilizados para registrar determinadas operaciones vinculadas con la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.
Del superávit informado a un déficit de $444.986 millones
Según la interpretación del Tribunal de Cuentas, las pérdidas derivadas de diferencias de cambio e intereses relacionados con deuda pública habrían sido contabilizadas como activos, cuando el organismo considera que deberían haberse registrado como gastos corrientes.
La diferencia metodológica modifica sustancialmente el resultado final del ejercicio. De acuerdo con el criterio propuesto por el Tribunal, las cuentas de 2025 habrían terminado con un déficit de $444.986 millones, en contraste con el superávit de $592.000 millones comunicado por la administración provincial.
El cuestionamiento se concentra así en la manera de reflejar contablemente determinadas operaciones financieras y en su impacto sobre el resultado presentado por el Gobierno de Córdoba.
Observaciones sobre jubilaciones y transparencia
El dictamen incorporó además observaciones relacionadas con la situación de la Caja de Jubilaciones, junto con señalamientos sobre presuntos incumplimientos constitucionales y aspectos vinculados con la transparencia y consistencia de la documentación presentada por la administración provincial.
Las objeciones forman parte de la evaluación técnica realizada por el organismo de control externo y deberán continuar su tratamiento por los canales institucionales correspondientes.
La recomendación de no aprobar la Cuenta General no constituye una resolución judicial ni demuestra por sí misma la existencia de delitos. Se trata del pronunciamiento técnico e institucional del Tribunal de Cuentas sobre la rendición correspondiente al ejercicio 2025.
El Gobierno podrá responder a las observaciones
Tras el dictamen, la Cuenta General deberá continuar su trámite institucional. En ese proceso, la administración de Martín Llaryora podrá presentar sus descargos y responder a los cuestionamientos formulados por el organismo.
El Tribunal de Cuentas cumple funciones de control externo sobre la administración económico-financiera provincial y fiscaliza el uso de los recursos públicos conforme a las atribuciones establecidas por la normativa cordobesa.
La controversia sobre el resultado de 2025 quedará ahora centrada en los criterios utilizados para contabilizar las operaciones observadas y en las respuestas que presente el Ejecutivo provincial frente a un dictamen que plantea una diferencia sustancial entre el superávit oficialmente informado y el déficit calculado por el organismo de control.
