El presupuesto nacional destinado a Educación y Cultura registró una caída acumulada del 47,7% en términos reales entre 2024 y 2025, de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El estudio también proyecta que, de mantenerse las partidas presupuestarias vigentes, en 2026 podría producirse un nuevo descenso del 12,7%.
Según el reporte, durante 2024 la función Educación y Cultura se contrajo un 43,2% respecto del año anterior, lo que implicó además una reducción cercana a 0,6 puntos porcentuales de su participación en el Producto Bruto Interno (PBI). Aunque la disminución se produjo en un contexto de ajuste del gasto público nacional, el informe sostiene que el recorte fue proporcionalmente mayor en el área educativa.
El impacto de la reducción presupuestaria
Uno de los factores centrales de esa caída fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mecanismo que complementaba los salarios docentes en las provincias. Como consecuencia, las jurisdicciones provinciales debieron asumir una mayor carga financiera, profundizando el carácter descentralizado del sistema educativo argentino.
Durante 2025 la tendencia continuó. El IIEP calculó un retroceso adicional del 7,9% en términos reales y señaló que «El ajuste volvió a concentrarse en algunos de los principales componentes del gasto educativo nacional, particularmente las transferencias destinadas a universidades y provincias y a programas de apoyo a estudiantes».
Entre las partidas más afectadas, las transferencias para el financiamiento universitario, mediante el programa Desarrollo de la Educación Superior, registraron una disminución real del 5,4% interanual. Las becas estudiantiles retrocedieron un 42,5%, mientras que el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas cayó un 49,5%.
La principal excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su nivel de ejecución y pasó a convertirse en una de las principales líneas de acción impulsadas por la Secretaría de Educación.
El informe advierte que, si se concreta la proyección para 2026, el presupuesto educativo nacional acumularía tres años consecutivos de caídas reales y la participación de Educación y Cultura tanto en el PBI como dentro del gasto total de la Administración Pública Nacional alcanzaría los niveles más bajos desde el inicio de la serie analizada.
El debate sobre los modelos de financiamiento
El estudio también analiza los distintos esquemas posibles para financiar el sistema educativo. Históricamente, Argentina adoptó un modelo orientado a la oferta, mediante el cual los recursos públicos se asignan a las provincias y a las instituciones educativas para garantizar infraestructura, cargos docentes, salarios y condiciones básicas de funcionamiento.
Como alternativa aparece el financiamiento basado en la demanda, propio de los denominados cuasi-mercados educativos. Bajo este esquema, el Estado transfiere recursos directamente a las familias o estudiantes para que elijan entre distintos proveedores educativos, promoviendo la competencia entre instituciones.
Sin embargo, el IIEP advierte que este tipo de mecanismos también debe evaluarse por sus efectos sobre la equidad, la cohesión social y la distribución territorial de la oferta educativa.
«En contextos de fuerte desigualdad, los mecanismos de competencia pueden derivar en segmentación de la matrícula, debilitamiento de la oferta estatal y ampliación de brechas preexistentes», explicó el informe.
El trabajo señala que el Gobierno impulsa el debate sobre la implementación de vouchers, becas o transferencias directas a las familias, con eje en la libertad de elección y la competencia entre instituciones. No obstante, los investigadores sostienen que esas iniciativas «plantean interrogantes respecto de sus posibles efectos sobre la segmentación social, la desigualdad territorial y la fragmentación del sistema educativo».
Los programas vigentes y sus posibles efectos
Desde el punto de vista fiscal, el informe sostiene que un eventual cambio entre ambos modelos no resulta neutro. Mientras el financiamiento de la oferta permite orientar recursos según criterios de cobertura territorial y sostenimiento institucional, el financiamiento de la demanda traslada parte de las decisiones hacia las familias y estudiantes, modificando el rol del Estado.
El documento recuerda que desde 2024 se implementan vouchers destinados a familias con hijos que asisten a escuelas privadas subvencionadas. Según el IIEP, el programa alcanzó a 830.000 estudiantes durante 2024 y a 504.808 en 2025, aunque aclara que «Esta iniciativa no constituyó un sistema generalizado, sino una transferencia focalizada y orientada a cubrir parcialmente el pago de cuotas».
«La implementación del programa implicó un refuerzo a los recursos nacionales destinados a la educación de gestión privada, en un contexto de desfinanciamiento a la estatal», subrayó el informe.
Además, el trabajo menciona que en 2023 se habilitó la deducción en el Impuesto a las Ganancias de los gastos vinculados a escuelas privadas, beneficio que, según el estudio, favorece principalmente a los sectores de mayores ingresos.
Asimismo, analiza el proyecto de «Libertad Educativa», que propone transferencias a instituciones privadas. Según el IIEP, la normativa vigente contempla el financiamiento en el marco de la supervisión y de determinadas subvenciones, aunque sin establecer un mandato de «regularidad».
«Si bien el objetivo es garantizar el derecho de los padres a optar por una educación acorde a sus valores, esto implicaría una nueva vía de refuerzo al financiamiento de las escuelas privadas en el marco de un retroceso de los recursos para la educación pública. Los cambios podrían profundizar la segmentación del sistema y tener efectos desigualadores en el acceso a la educación de calidad», indicó el estudio.
Finalmente, el informe concluye que el alcance de estas políticas resulta limitado debido a que la mayor parte de la matrícula continúa concentrada en las escuelas públicas, con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. «Podemos decir que estas políticas podrían contribuir a reforzar las desigualdades territoriales existentes en materia de capacidad de financiamiento, ya que algunas de las jurisdicciones donde se concentra la mayor parte de la matrícula de gestión privada son aquellas con mayor disponibilidad presupuestaria», concluyó el IIEP.
