La Justicia de Estados Unidos confirmó la condena contra la Argentina por más de US$390 millones debido a la expropiación de Aerolíneas Argentinas, en una causa iniciada por el fondo Titan Consortium.
La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones de Washington, que ratificó el fallo previo y dejó firme el reclamo económico derivado del proceso de estatización de la compañía aérea ocurrido en 2008.
El monto establecido continuará acumulando intereses hasta que el Estado argentino concrete el pago correspondiente.
Una disputa que comenzó con la expropiación de Aerolíneas
El conflicto judicial se originó en 2008, cuando durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el Estado nacional avanzó con la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que hasta ese momento estaba bajo control privado.
Años después, el caso llegó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo que determinó una compensación económica a favor de los demandantes.
El fondo Titan Consortium reclamó una indemnización vinculada al valor de los activos y las condiciones en las que se produjo la transferencia de la compañía al Estado argentino.
La resolución de la Justicia estadounidense
Con la decisión de la Cámara de Apelaciones de Washington, la sentencia obtuvo respaldo judicial en Estados Unidos y avanzó hacia una etapa de ejecución del reclamo.
La condena supera los US$390 millones y representa una nueva obligación económica para el Estado argentino, que deberá afrontar el pago o continuar con las estrategias legales disponibles.
Desde la Procuración del Tesoro informaron que analizarán todas las herramientas jurídicas posibles con el objetivo de intentar revertir la decisión o reducir el impacto financiero del fallo.
Un nuevo reclamo internacional contra Argentina
La resolución se suma a otros litigios internacionales que el país enfrenta por decisiones tomadas en distintas administraciones y que derivaron en reclamos económicos ante tribunales extranjeros.
El caso Aerolíneas Argentinas vuelve a poner bajo análisis las consecuencias financieras de procesos de estatización y las obligaciones que surgen cuando esas decisiones son cuestionadas ante organismos internacionales.
Mientras continúan las acciones legales, la condena seguirá generando intereses hasta que exista una resolución definitiva sobre el pago.
