El gobierno de Marcelo Orrego avanza en una nueva Ley de Desarrollo Local Minero, también conocida como ley de proveedores mineros, con el objetivo de fortalecer la participación de empresas y trabajadores sanjuaninos en la cadena de valor de los grandes proyectos de minería.
La iniciativa todavía no ingresó formalmente a la Legislatura provincial, pero es considerada estratégica por el Ejecutivo sanjuanino en un contexto de fuerte crecimiento de inversiones vinculadas al cobre y a otros minerales críticos. El proyecto propone reglas para aumentar la contratación de proveedores locales, impulsar el empleo sanjuanino y garantizar que una mayor parte de la renta minera quede en la economía provincial.
Metas progresivas para empleo y proveedores locales
Según trascendió del borrador oficial, la ley plantea un esquema integral de desarrollo local basado en criterios de “gestión colaborativa y sustentable”. Entre sus principales objetivos figuran aumentar el empleo privado, fortalecer proveedores locales, impulsar la capacitación y generar una mayor integración entre la minería y la economía regional.
Uno de los puntos centrales del proyecto son las metas progresivas para las empresas mineras. La iniciativa fija como horizonte alcanzar hasta un 80% de empleo local y hasta un 60% de contratación de proveedores sanjuaninos, siempre tomando como referencia la capacidad real de oferta existente en la provincia.
El texto también contempla mecanismos de control, registros oficiales y eventuales sanciones en caso de incumplimientos. La intención oficial es ordenar el sistema de contratación y brindar previsibilidad tanto a las operadoras mineras como a las pymes locales.
El “derrame” minero, eje central del debate
La discusión detrás de la ley tiene un trasfondo político y económico más profundo: cómo lograr que el crecimiento de la minería tenga un impacto directo sobre las economías locales.
San Juan atraviesa una etapa de fuerte expectativa por proyectos vinculados principalmente al cobre, con iniciativas multimillonarias como Los Azules, Josemaría y Filo del Sol. En ese escenario, el gobierno provincial busca evitar que gran parte de las compras y servicios terminen concentrados en empresas radicadas fuera de la provincia o incluso en el exterior.
Desde el Ejecutivo sanjuanino sostienen que la futura norma no busca imponer cupos rígidos, sino establecer objetivos progresivos compatibles con estándares internacionales y con la competitividad de las compañías mineras. El desafío será articular las necesidades de los grandes proyectos con la capacidad de respuesta de los proveedores locales y la formación de trabajadores sanjuaninos.
