El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la indagatoria del ex diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, al considerar que el contrato presentado para justificar el ingreso de US$200.000 a su cuenta bancaria fue una simulación destinada a encubrir el origen de los fondos.
Según el requerimiento fiscal, Espert utilizó un presunto contrato de servicios profesionales con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A., mediante el cual afirmó haber realizado tareas de consultoría minera. Sin embargo, la investigación concluyó que el ex legislador nunca viajó a Guatemala para prestar esos servicios y que las explotaciones mineras de la firma no se encontraban operativas durante el período analizado.
La hipótesis de la fiscalía
Para el Ministerio Público Fiscal, el documento habría sido confeccionado con el objetivo de brindar una apariencia legal a fondos cuyo origen se encuentra bajo investigación. En ese contexto, Domínguez sostuvo que el contrato carecería de sustento real y formaría parte de una maniobra destinada a justificar el ingreso del dinero.
Los fondos investigados provendrían de cuentas vinculadas a Federico “Fred” Machado, empresario argentino que reconoció en Estados Unidos haber participado en operaciones de lavado de dinero y que fue relacionado con actividades vinculadas al narcotráfico.
Como consecuencia de estos hallazgos, el fiscal formalizó el pedido de indagatoria contra Espert bajo la imputación de presunto lavado de activos. La solicitud también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., señalados por la confección de informes contables presuntamente irregulares.
Medidas patrimoniales
En el marco de la causa, el juez federal Lino Mirabelli dispuso previamente la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre los activos financieros y propiedades de Espert y de su esposa, María Mercedes González.
Las medidas buscan preservar el patrimonio involucrado mientras avanza la investigación judicial y se determina el origen de los fondos cuestionados por la fiscalía.
El vínculo con Machado
De acuerdo con la información incorporada al expediente, la relación entre Espert y Machado estaría vinculada al presunto financiamiento logístico y económico que el empresario habría brindado durante la campaña presidencial del dirigente liberal en 2019.
Esa conexión derivó en la apertura de la causa por supuesto lavado de dinero que actualmente tramita en la Justicia Federal y que ahora suma un nuevo capítulo con el pedido de indagatoria impulsado por el fiscal Domínguez.
Machado fue detenido por Interpol en Argentina en abril de 2021 y enfrentó un proceso de extradición hacia Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita. La medida fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
<p>El fiscal federal Fernando Domínguez pidió la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de activos al considerar falso un contrato de consultoría minera en Guatemala que el ex diputado presentó para justificar el ingreso de US$200.000 a su cuenta bancaria. La investigación vincula los fondos con Federico “Fred” Machado, empresario detenido y procesado en Estados Unidos por delitos financieros.</p>
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Durante años, la política argentina logró que conceptos como “consultoría”, “asesoramiento estratégico” y “servicios profesionales” adquirieran la misma credibilidad que un mensaje de WhatsApp que promete regalar una camioneta cero kilómetro. Ahora, según la acusación del fiscal Fernando Domínguez, un contrato minero en Guatemala se suma a esa distinguida colección de documentos que, al ser observados con detenimiento, generan más preguntas que una temporada completa de una serie de misterio.
La historia tiene todos los ingredientes del género: una transferencia de US$200.000, una empresa minera extranjera, servicios especializados, cuentas bancarias y una investigación judicial. El problema es que, según la fiscalía, el protagonista nunca habría viajado al lugar donde supuestamente prestó los servicios. Es una dificultad logística menor, comparable a intentar dirigir una orquesta desde otra galaxia o inaugurar un puente que todavía existe únicamente en PowerPoint.
La investigación sostiene además que las minas de la empresa involucrada ni siquiera estaban operativas. Un detalle que para cualquier mortal podría parecer relevante al momento de contratar una consultoría minera. Sería como contratar un entrenador náutico para una flota de submarinos imaginarios o solicitar un informe exhaustivo sobre el rendimiento de un unicornio en el mercado ganadero. Técnicamente es posible redactar muchas páginas al respecto; otra cuestión es que tengan algún anclaje con la realidad.
Mientras tanto, la causa avanza sobre una trama donde aparece Federico “Fred” Machado, empresario que admitió en Estados Unidos haber participado en maniobras de lavado de dinero. Cuando una investigación financiera empieza a conectar transferencias, sociedades, campañas políticas y personajes con antecedentes judiciales internacionales, el expediente adquiere esa capacidad única de transformar cada nueva foja en una secuela más compleja que la anterior.
Ahora será la Justicia la que determine responsabilidades. Pero la acusación fiscal ya dejó una imagen difícil de ignorar: un contrato que pretendía explicar el origen de cientos de miles de dólares terminó convirtiéndose en el principal objeto de sospecha. En Argentina, país donde la realidad suele competir ferozmente contra la ficción, una consultoría minera sin viajes y sobre minas sin actividad parece haber decidido anotarse en la carrera.
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