La Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, mediante el cual el Gobierno nacional había transferido a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina.
En su resolución, el tribunal sostuvo que la medida excedió las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo al avanzar sobre competencias que corresponden al Congreso de la Nación.
Por qué fue declarado inconstitucional
Los jueces señalaron que el otorgamiento de la ciudadanía argentina se encuentra directamente vinculado con el acceso a los derechos políticos, como el derecho al voto y la participación en los procesos democráticos.
Por ese motivo, consideraron que el decreto reguló una materia de carácter electoral, ámbito en el que la Constitución Nacional prohíbe expresamente la utilización de decretos de necesidad y urgencia.
En ese sentido, recordaron que el artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo no puede dictar DNU en materia electoral y que cualquier norma emitida en esas condiciones resulta nula de manera absoluta e insanable.
La falta de excepcionalidad
Además, la Cámara sostuvo que el Gobierno no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran recurrir a un decreto de necesidad y urgencia en lugar del tratamiento legislativo previsto por la Constitución.
Los magistrados señalaron que este tipo de instrumentos solo pueden utilizarse cuando resulta imposible seguir el procedimiento ordinario de sanción de leyes, una condición que, según el fallo, no quedó demostrada en este caso.
Qué ordenó la Cámara Electoral
La resolución también revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado un pedido de ciudadanía y dispuso comunicar el fallo al Ministerio de Seguridad Nacional para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los alcances de la decisión judicial.
Asimismo, ordenó notificar la resolución a todos los jueces federales con competencia electoral del país con el objetivo de unificar criterios dentro del fuero.
El impacto del fallo
La decisión deja sin efecto una de las principales modificaciones introducidas por el DNU 366/2025 y reafirma que cualquier cambio en el régimen de ciudadanía deberá realizarse mediante una ley aprobada por el Congreso.
Además, el pronunciamiento fortalece el control judicial sobre el uso de los decretos de necesidad y urgencia y fija un criterio respecto de los límites constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo para intervenir en cuestiones vinculadas con los derechos políticos y el sistema electoral argentino.
