Ariel Lijo, juez federal a cargo del Juzgado Federal N.º 4, quedó al frente de una investigación que pone bajo análisis la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que avanza en Comodoro Py con medidas bancarias, fiscales y patrimoniales.
El expediente busca determinar si el funcionario puede justificar el origen de fondos, bienes, refacciones y gastos que fueron señalados como inconsistentes respecto de sus ingresos declarados. La pesquisa es impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y, hasta el momento, Adorni no fue procesado ni detenido.
El juez que concentra una causa incómoda
Lijo nació en Villa Domínico en 1968, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y desde 2004 conduce uno de los juzgados federales más sensibles del país. A lo largo de su carrera intervino en expedientes de fuerte impacto político y judicial, entre ellos causas vinculadas al encubrimiento del atentado a la AMIA, Ciccone, Siemens, Correo Argentino y distintas investigaciones que involucraron a dirigentes de distintos gobiernos.
Su trayectoria, sin embargo, también carga cuestionamientos. Fue señalado por demoras en causas de corrupción, decisiones polémicas y denuncias por presunto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura. Ese perfil, con peso propio en Comodoro Py y sombras acumuladas, vuelve todavía más sensible su intervención en un expediente que toca directamente al corazón político del Gobierno nacional.
El presidente Javier Milei había impulsado el nombre de Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, pero ese pliego no logró avanzar. Ahora, el mismo magistrado que estuvo cerca de dar un salto institucional quedó a cargo de una investigación que involucra a uno de los funcionarios más visibles de la administración libertaria.
Patrimonio, refacciones y viajes bajo revisión
La causa se concentra en presuntas inconsistencias patrimoniales atribuidas a Adorni y su entorno familiar. Entre los puntos investigados aparecen refacciones en una vivienda ubicada en un country, pagos en efectivo por montos cercanos a los 250 mil dólares, una piscina con cascada, viajes privados a Punta del Este y otros movimientos económicos que los denunciantes consideran incompatibles con los ingresos formales del funcionario.
También se analizan vínculos con el empresario Marcelo Grandio, relacionado con la firma Imhouse, además de actividades comerciales de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Los investigadores buscan establecer si existieron dádivas, incompatibilidades, beneficios indebidos o maniobras que puedan configurar una irregularidad penal.
Como parte de las medidas de prueba, Lijo y Pollicita avanzaron con el levantamiento del secreto bancario, fiscal y patrimonial de Adorni, su esposa y otros actores vinculados al expediente. También se revisan comunicaciones, geolocalizaciones, contratos, movimientos financieros y documentación relacionada con préstamos y operaciones privadas.
Adorni negó haber cometido irregularidades y sostuvo que el patrimonio cuestionado proviene de ahorros previos, inversiones en criptomonedas y recursos acumulados antes de su llegada al Gobierno. En una entrevista televisiva, el funcionario afirmó: “ahorramos en negro”, una frase que se sumó al centro de la polémica pública.
El jefe de Gabinete también había prometido presentar su declaración jurada completa ante los organismos correspondientes. La demora en esa documentación alimentó las críticas opositoras y profundizó la presión política sobre la Casa Rosada.
El respaldo presidencial y el viaje a París
Mientras la causa judicial avanza, Milei respaldó públicamente a Adorni con una definición tajante: “Es honesto”. El apoyo presidencial buscó cerrar filas en torno a uno de los voceros más reconocibles del oficialismo, aunque no desactivó las preguntas judiciales ni el impacto político del expediente.
En paralelo, Lijo tiene previsto viajar a París entre el 15 y el 19 de junio junto a autoridades del área de Justicia para participar de actividades vinculadas al Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo dedicado al seguimiento de políticas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Desde el oficialismo presentan el viaje como una misión institucional. Sectores críticos, en cambio, observan con suspicacia la coincidencia entre esa agenda internacional y el avance de una causa que involucra al jefe de Gabinete. La escena política quedó atravesada por una tensión evidente: el juez que investiga a Adorni compartirá una comitiva vinculada a la defensa de la política oficial contra el lavado.
Por ahora, el expediente continúa en etapa de análisis probatorio. Lijo evalúa los próximos pasos y no se descarta que pueda citar a Adorni a declaración indagatoria si considera que existen elementos suficientes para avanzar en esa dirección.
La situación procesal del funcionario no cambió: conserva la presunción de inocencia y no pesa sobre él ninguna condena. La investigación deberá determinar si las explicaciones patrimoniales alcanzan para cerrar las sospechas o si los movimientos detectados derivan en una instancia judicial más grave.
