El diputado nacional Guillermo Michel cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el esquema implica una transferencia creciente de obligaciones hacia las provincias sin una asignación equivalente de recursos.
El legislador puso especialmente el foco sobre la Jurisdicción 91, denominada “Obligaciones a Cargo del Tesoro”. Según los datos expuestos por Michel, esa jurisdicción pasa de unos $5,6 billones a $14,8 billones en el proyecto correspondiente al próximo ejercicio. La existencia de la Jurisdicción 91 como instrumento presupuestario forma parte de la estructura de la Administración Nacional.
Michel cuestionó la concentración de fondos en el Tesoro
Michel consideró que la combinación entre menores transferencias y mayores responsabilidades provinciales genera un escenario desfavorable para las jurisdicciones del interior.
«Las provincias pierden por dos vías: la Nación les pasa obligaciones -transporte, docentes, obras- sin los recursos, y les recorta las transferencias no automáticas», explicó.
En esa misma línea, afirmó: «Para perfeccionar el sometimiento, el gobierno se reserva partidas presupuestarias discrecionales que le permiten liberar recursos en negociación: la ‘Jurisdicción 91’, que pasa de $5,6 billones de pesos a $14,8 billones».
Dentro de esa jurisdicción, Michel señaló al programa 99, “Otras Asistencias Financieras”, al que atribuyó alrededor de $7,7 billones. Según su interpretación, esos recursos carecen de metas físicas y criterios específicos de distribución, una característica que —a juicio del diputado— amplía el margen de decisión del Poder Ejecutivo sobre su utilización.
El legislador planteó que esos fondos podrían utilizarse para asistir a provincias con problemas financieros y vinculó ese mecanismo con las negociaciones políticas previstas para 2027. Esa caracterización corresponde al análisis político realizado por Michel sobre el proyecto presupuestario.
Transporte, docentes y obras, entre los puntos cuestionados
Entre los ejemplos utilizados para fundamentar su postura, Michel mencionó el Fondo Compensador para el transporte del interior. Según indicó, en 2023 alcanzó los $102.000 millones y beneficiaba a unos 14.000 colectivos, pero fue eliminado en febrero de 2024 y continúa sin una partida específica para 2027.
También se refirió al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). El diputado señaló que había alcanzado los $333.000 millones en 2023, dejó de pagarse desde 2024 y no cuenta con una partida asignada en el proyecto para 2027. Según su relevamiento, para compensación salarial docente quedarían $14.290 millones.
En materia de infraestructura, Michel enumeró 457 obras transferidas a provincias y municipios, traspasos de rutas nacionales, cambios en organismos vinculados con agua y saneamiento y modificaciones en programas habitacionales. Además, sostuvo que las transferencias de capital hacia las provincias caerían un 20% real durante el próximo ejercicio.
La discusión por la recaudación y los recursos provinciales
Otro de los ejes del análisis estuvo centrado en los impuestos. Michel indicó que entre los tributos con mayores incrementos proyectados aparecen Combustibles, con 59,3%; Derechos de Exportación, con 41,3%; y Derechos de Importación, con 39,2%.
El legislador remarcó que los derechos de exportación e importación no integran la masa coparticipable y cuestionó la proporción del impuesto a los combustibles que llega a las provincias. También señaló que distintos fideicomisos acumulan recursos mientras continúan pendientes obras de infraestructura.
Michel sintetizó sus cuestionamientos al señalar que los fondos incluidos en “Otras Asistencias Financieras” no tendrían, según su análisis, criterios definidos de distribución. Sobre esa partida afirmó que «no tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve?: es la plata con la que se presiona a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos. Es la moneda de cambio que el gobierno de LLA se guarda para el año electoral».
El proyecto de Presupuesto 2027 deberá atravesar ahora el debate parlamentario, donde las partidas destinadas a las provincias, las transferencias nacionales y el alcance de las facultades del Tesoro formarán parte de la discusión entre los distintos bloques.
El diputado nacional Guillermo Michel cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 y sostuvo que las provincias asumirán mayores obligaciones mientras reciben menos recursos. El legislador puso el foco en la Jurisdicción 91, “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, que según su análisis concentra $14,8 billones, incluidos $7,7 billones destinados a otras asistencias financieras.
El Presupuesto 2027 sumó un nuevo capítulo a esa disciplina argentina donde una planilla de gastos puede convertirse, en cuestión de minutos, en una discusión sobre federalismo, elecciones y poder. Guillermo Michel puso la lupa sobre la llamada Jurisdicción 91, “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, una denominación suficientemente burocrática como para pasar inadvertida hasta que alguien advierte que allí aparecen $14,8 billones. De pronto, el casillero dejó de parecer una nota al pie y consiguió protagonismo propio.
Según el diputado, el problema no estaría solamente en cuánto dinero concentra esa jurisdicción, sino en cómo podría distribuirse. Dentro de ese esquema señaló un programa denominado “Otras Asistencias Financieras”, por aproximadamente $7,7 billones, que cuestionó por no contar, según su análisis, con metas físicas ni criterios específicos de reparto. En lenguaje presupuestario puede sonar como otra columna entre miles; en lenguaje político, alcanza para que los gobernadores empiecen a leer la letra chica con una dedicación digna de contrato hipotecario.
Michel también planteó que las provincias vienen absorbiendo responsabilidades en transporte, educación, rutas, obras y viviendas sin recibir recursos equivalentes. Así, el federalismo fiscal vuelve a demostrar que su verdadera unidad de medida no es el peso sino la cantidad de reuniones necesarias para discutir quién paga cada cosa.
La discusión llegará ahora al Congreso, donde oficialismo y oposición deberán determinar qué partidas permanecen, cuáles cambian y bajo qué condiciones podrán utilizarse. Como suele ocurrir con los presupuestos, todos hablarán de previsibilidad mientras intentan modificar unas cuantas decenas de páginas antes de levantar la mano. El único actor que probablemente mantenga la calma será la calculadora.