A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, el peronismo comenzó a discutir distintas alternativas políticas y jurídicas con el objetivo de revertir la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien permanece con prisión domiciliaria y se encuentra inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
Con el indulto fuera de consideración —una posibilidad rechazada por la propia exmandataria—, dirigentes del Partido Justicialista analizan iniciativas legislativas, recursos judiciales y presentaciones ante organismos internacionales como posibles caminos para cuestionar la condena.
La propuesta que impulsa Pichetto
Uno de los dirigentes que volvió a instalar el debate fue Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional del bloque Encuentro Federal, quien sostuvo que el Congreso tiene facultades para impulsar modificaciones legales que permitan revisar aspectos de la condena.
En declaraciones radiales, el legislador afirmó que “el Congreso que recibe la soberanía tiene posibilidad de trabajar en leyes que puedan permitir una mirada más benigna respecto a una parte de la condena”, particularmente sobre la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Pichetto consideró que esa sanción constituye “un exceso” respecto de la pena principal de seis años de prisión y sostuvo que “es una pena que no es ni propia ni digna del siglo XXI”.
El diputado agregó que toda condena debe orientarse a la resocialización del condenado y permitir la recuperación de sus derechos, al tiempo que aseguró que, en este caso, “se intentó un esquema de eliminación definitiva”.
En ese sentido, planteó que el Parlamento puede avanzar sobre modificaciones normativas que permitan revisar la sentencia vigente. “Se puede trabajar para modificarla y obligar a retrotraerla desde la Corte”, afirmó.
Los caminos judiciales y la posición del kirchnerismo
Además de una eventual vía legislativa, Pichetto señaló que aún existen instancias judiciales disponibles. Según explicó, el expediente mantiene abierto el recurso de revisión y también podrían presentarse planteos ante organismos internacionales.
El legislador recordó además que existen antecedentes de intervenciones parlamentarias vinculadas con determinadas condenas judiciales y consideró que, mediante modificaciones legales propias de la competencia del Congreso, podrían reabrirse casos que, a su criterio, resulten excesivamente injustos.
Desde el kirchnerismo, la diputada nacional Lucía Cámpora sostuvo que existe “una vocación de restringir la participación política de Cristina” y aseguró que la libertad de la expresidenta constituye una prioridad política para ese espacio.
“Si uno no se anima a pedir la libertad de Cristina, no se va a animar a enfrentar a sectores más poderosos”, expresó la legisladora, quien también vinculó esa discusión con el debate sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Finalmente, Cámpora afirmó que, en caso de mantenerse la imposibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata, “la elección va a estar viciada”, y resumió la posición de su sector con una definición: “Para pensar en campaña, primero hay que liberar a Cristina”.
