La estrategia judicial de la defensa de los ex presidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, sufrió un nuevo revés. El fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Adolfo Díaz, rechazó la denuncia penal por presunto prevaricato presentada contra la jueza de Garantías Mónica Lucero al considerar que no existían elementos que permitieran sostener la comisión de un delito.
La denuncia había sido impulsada por el abogado Naser Usair luego de la audiencia en la que la magistrada otorgó una prórroga extraordinaria de 90 días hábiles para que la Fiscalía continuara con la investigación preliminar del caso Acueducto Gran Tulum. Durante esa audiencia, el letrado intentó intervenir en representación de Ruiz y Sirerol, pero la jueza resolvió impedir su participación al entender que ambos todavía no revisten la calidad de imputados y, por lo tanto, no son parte del proceso.
El fiscal descartó la existencia de un delito
A partir de esa decisión, la defensa denunció a Lucero por el supuesto delito de prevaricato al sostener que había favorecido indebidamente al Ministerio Público Fiscal. En paralelo, también promovió la recusación de todos los fiscales de la UFI de Delitos Especiales para evitar que intervinieran en el análisis de esa presentación.
Ese planteo también fue rechazado y Adolfo Díaz quedó habilitado para evaluar la denuncia. Tras estudiar las actuaciones, concluyó que «no se puede deducir siquiera la apariencia de un hecho ilícito que amerite una investigación penal», por lo que resolvió desestimar la presentación y archivar las actuaciones.
Además, el fiscal sostuvo que el Ministerio Público Fiscal no puede revisar el contenido de las resoluciones adoptadas por un juez, sino únicamente investigar si existen conductas que puedan configurar delitos.
La defensa aún puede impugnar la resolución
Pese al rechazo, la defensa conserva la posibilidad de impugnar la decisión mediante los recursos previstos en el Código Procesal Penal.
La investigación por el Acueducto Gran Tulum continúa
En paralelo, la investigación principal sigue avanzando en la UFI de Delitos Especiales. El expediente busca determinar si existieron maniobras irregulares durante la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, una de las obras de infraestructura más importantes impulsadas durante la gestión provincial anterior.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, quien solicitó investigar presuntos delitos contra la administración pública vinculados al proceso licitatorio, la adquisición de cañerías y el manejo de los fondos destinados a la obra.
Entre las hipótesis que analiza la Fiscalía figuran posibles negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y otros delitos. Por el momento, la causa permanece en etapa de investigación y no existen personas formalmente imputadas.
