Una denuncia administrativa presentada ante la Subsecretaría de Control de Gestión contra dos exjefes de la Policía de San Juan y una actual integrante de la Plana Mayor generó controversia dentro del ámbito de la seguridad provincial.
La presentación solicita investigar posibles incompatibilidades, superposición de funciones y percepción simultánea presuntamente irregular de remuneraciones o haberes de retiro.
Los señalados son Luis Walter Martínez, Abel Hernández y Patricia Herrera. Desde sus respectivos entornos rechazaron los cuestionamientos y sostuvieron que la denuncia carece de sustento. Además, interpretaron que existe un trasfondo político destinado a perjudicar sus nombres y trayectorias profesionales.
El momento de la presentación también quedó bajo discusión debido a que los ascensos y la cobertura de cargos importantes dentro de la Policía están próximos a definirse.
Qué sostiene la denuncia
El documento que solicita iniciar una investigación administrativa ingresó el lunes 10 de agosto. Fuentes vinculadas con el proceso señalaron como impulsor de la presentación a Oscar Vanetti, ex tesorero de la fuerza de seguridad que fue condenado por el desvío de fondos estatales.
La propia presentación advierte que “no afirma anticipadamente de delitos ni atribuye responsabilidades individuales”, aunque solicita verificar diferentes situaciones relacionadas específicamente con Martínez, Hernández y Herrera.
En el caso del comisario general retirado Abel Hernández, quien se desempeñó como jefe de asesores y subsecretario de Seguridad, el planteo sostiene que habría percibido simultáneamente su haber de retiro policial junto con salarios, suplementos o adicionales provenientes del Estado.
Según la denuncia, esa situación se habría producido sin la correspondiente suspensión del beneficio o sin encontrarse alcanzado por un régimen de excepción.
Respecto del exjefe de la Policía de San Juan Luis Walter Martínez, el documento plantea una posible incompatibilidad entre su haber previsional y la remuneración correspondiente al cargo que desempeñó.
La tercera situación señalada corresponde a Patricia Herrera, actual autoridad dentro de la estructura policial.
La presentación sostiene que Herrera se desempeñaría simultáneamente como personal superior en actividad dentro de la Dirección de Instrucción y Formación Policial (D-6) y como rectora remunerada del Instituto Superior de Formación Técnica en Seguridad Pública.
El planteo solicita determinar si se trata de dos prestaciones públicas autónomas, diferenciadas y compatibles, con horarios y certificaciones independientes, o si existe una remuneración duplicada correspondiente a una misma función.
La respuesta de los entornos de los denunciados
Desde los sectores cercanos a los tres señalados rechazaron de manera contundente la denuncia administrativa y sostuvieron que se trata de un intento de afectar sus nombres y carreras profesionales.
El cuestionamiento adquirió particular relevancia en el caso de Herrera, debido a que aparece entre las autoridades con posibilidades de ascender dentro de la estructura policial.
Desde su entorno señalaron que ejerce la docencia desde hace 23 años y argumentaron que esa actividad no se encuentra alcanzada por la incompatibilidad denunciada.
También afirmaron que actualmente se encuentra de licencia por razones particulares respecto de su actividad docente y ejerce únicamente el cargo de Comisario General.
Herrera integra el grupo de diez autoridades que cuentan con posibilidades de ser designadas para ocupar altos cargos actualmente vacantes dentro de la Policía de San Juan.
Los allegados a los denunciados consideran que la existencia de una presentación de estas características podría dejar una observación en el legajo y afectar la reputación profesional en momentos en que están próximos a resolverse los ascensos.
El argumento sobre otros antecedentes
Los entornos de los señalados también denunciaron una supuesta direccionalidad en la presentación y aseguraron que situaciones similares se produjeron anteriormente con otras autoridades.
Entre los nombres mencionados aparecen el comisario general Eduardo Lirola; el actual jefe de la Policía de San Juan, Néstor Álvarez; el exsubjefe de la fuerza, Diego Morales; y el exjefe de Protección Civil, Carlos Heredia, además de otros funcionarios policiales que actualmente cumplen tareas dentro de la Secretaría de Seguridad.
Según esta postura, la normativa vigente correspondiente a la Ley de Retiros permitiría esas situaciones. Los allegados argumentaron que, en caso contrario, las respectivas asesorías letradas no habrían avalado los decretos mediante los cuales se realizaron los nombramientos.
Hasta el momento, no está definido qué curso tendrá la presentación realizada ante la Subsecretaría de Control de Gestión ni si derivará en una investigación administrativa con nuevas medidas.
El episodio tiene como antecedente la situación judicial de Oscar Vanetti, señalado por fuentes vinculadas con el proceso como impulsor de la denuncia.
Vanetti, quien se desempeñó como tesorero de la fuerza, fue posteriormente exonerado y condenado a tres años de prisión efectiva por peculado mediante un juicio abreviado.
En ese mismo proceso fue condenada su esposa, Ivana Olivares, quien recibió una pena de dos años y seis meses de prisión condicional.
Mientras se espera determinar si la presentación administrativa avanzará, la controversia coincide con una etapa particularmente sensible dentro de la Policía de San Juan por la proximidad de las definiciones sobre ascensos y cargos vacantes.
