El comerciante Fernando Daniel Rubiño fue beneficiado este lunes con la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, luego de quedar involucrado en una investigación por una maniobra vinculada con la adulteración de un contrato de alquiler que habría sido utilizada para pagar menos impuestos y tasas.
El conflicto comenzó cuando Rubiño alquiló un salón a una mujer con el objetivo de utilizarlo para la explotación de un boliche y la realización de eventos durante varios años. Según se determinó durante la investigación, el propio comerciante se encargó de redactar el contrato de locación.
En ese documento se consignó un monto de alquiler considerablemente inferior al acordado realmente. La finalidad de esa diferencia era reducir la base utilizada para calcular impuestos y tasas requeridas por la Municipalidad, la división de Bomberos y otros organismos encargados de autorizar y controlar la realización de eventos.
La propietaria detectó que la firma no era suya
La maniobra quedó expuesta cuando la dueña del inmueble accedió al contrato que había sido presentado ante las autoridades. Allí descubrió una irregularidad determinante: la firma incorporada al documento no le pertenecía.
Ante esa situación, la mujer presentó una denuncia penal por falsificación. A partir de allí se inició una investigación que involucró tanto a la propietaria como a la Fiscalía de Estado, debido a que la operatoria también había provocado un perjuicio sobre los recursos públicos.
La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales. Estaba prevista una audiencia de formalización de la investigación preparatoria en la que Rubiño iba a ser imputado formalmente, pero antes de llegar a esa instancia la defensa avanzó en la búsqueda de una salida alternativa.
Un año de probation y una reparación de $1.300.000
Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo antes de la imputación. El fiscal Iván Grassi, quien intervino en subrogancia del fiscal Adolfo Díaz, la defensa del comerciante y la Fiscalía de Estado, constituida como querellante, acordaron aplicar una suspensión del juicio a prueba.
La jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón homologó el acuerdo luego de verificar también el consentimiento expreso de la propietaria del inmueble.
Como parte de las condiciones impuestas, Rubiño deberá cumplir un año de suspensión del juicio a prueba y realizar tareas comunitarias no remuneradas en la Municipalidad de Rawson.
Además, deberá afrontar una reparación económica por el perjuicio ocasionado. El comerciante se comprometió a devolver $1.300.000, monto estimado como dinero evadido, que será abonado en tres cuotas.
