La Legislatura de San Juan aprobó este jueves una declaración de «enérgico repudio y rechazo» al accionar institucional del gobierno de La Rioja respecto al reclamo por los límites territoriales entre ambas provincias. La iniciativa recibió 34 votos afirmativos y ratifica la defensa de la integridad territorial sanjuanina, sus recursos naturales y los acuerdos vigentes desde hace décadas.
El tratamiento del proyecto se produjo luego de que la Cámara de Diputados de La Rioja sancionara una ley que impulsa acciones políticas, legislativas y judiciales para revisar los límites provinciales. Frente a esa decisión, los legisladores sanjuaninos sostuvieron que la cuestión territorial ya fue resuelta mediante acuerdos institucionales y normas con rango nacional.
La defensa de los límites provinciales
Uno de los autores de la iniciativa, el diputado Juan Cruz Córdoba, afirmó durante la sesión: «Hemos emitido un proyecto de declaración de un firme repudio a las declaraciones y acciones del gobierno de La Rioja que tienden a desconocer los límites provinciales de San Juan».
El legislador recordó que la delimitación entre ambas provincias fue establecida mediante acuerdos institucionales posteriormente ratificados por leyes provinciales y nacionales. En ese marco, destacó la vigencia de la Ley Nacional 18.004, que fija los límites entre San Juan y La Rioja, y de la Ley 26.939, correspondiente al Digesto Jurídico Argentino.
Córdoba también advirtió sobre las consecuencias que una controversia de este tipo podría tener para el desarrollo económico provincial. «Quienes invierten en minería necesitan tranquilidad y seguridad jurídica», sostuvo, y agregó que este tipo de conflictos «puede llegar a espantar inversiones».
Consenso político y cuestionamientos
Durante el debate, el diputado Mario Herrero destacó el amplio consenso alcanzado entre los distintos bloques para respaldar la declaración. «No es un acto legislativo formal y material, pero sí es una expresión de firme voluntad del pueblo de San Juan a través de este cuerpo», expresó.
Herrero cuestionó la postura adoptada por el gobierno riojano al considerar que implica desconocer acuerdos institucionales consolidados. «Una actitud disociadora es aquella que pretende desconocer una situación preexistente, pretende generar desunión y desarmar un consenso existente», manifestó.
Asimismo, recordó que los conflictos entre provincias cuentan con mecanismos constitucionales específicos y remarcó que cualquier modificación de límites requiere la participación de las legislaturas involucradas y del Congreso de la Nación.
El valor estratégico del territorio
El diputado Franco Aranda también rechazó el planteo impulsado desde La Rioja y destacó la importancia territorial, histórica y económica de las zonas en discusión. «Detrás de esas líneas hay algo mucho más profundo: estamos hablando de nuestra historia, nuestra identidad y nuestros recursos», afirmó.
Aranda sostuvo además que «no existen conflictos de límites», sino «una decisión política» que, a su entender, afecta los intereses de San Juan. «Si es nuestro, es nuestro y no tiene que estar en discusión», agregó.
Finalmente, la declaración fue aprobada por 34 votos afirmativos, con lo que la Cámara ratificó su postura institucional en defensa de los límites provinciales y de la jurisdicción sanjuanina sobre su territorio y sus recursos naturales.
La Legislatura de San Juan aprobó este jueves, con 34 votos a favor, una declaración de enérgico repudio al accionar institucional del gobierno de La Rioja por su intención de revisar los límites entre ambas provincias. Los diputados sostuvieron que la delimitación territorial ya fue definida por acuerdos y leyes nacionales, y advirtieron sobre el impacto que la controversia podría generar en la seguridad jurídica y las inversiones.
Treinta y cuatro votos para recordar que los mapas no se editan como un grupo de WhatsApp. La Legislatura de San Juan respondió con un rechazo contundente al intento del gobierno riojano de reabrir una discusión territorial que, según los legisladores sanjuaninos, hace décadas quedó archivada entre leyes, acuerdos y boletines oficiales.
Es como aparecer en una reunión familiar de hace treinta años para preguntar quién se quedó con la mesa del comedor. Mientras todos muestran la escritura, alguien propone volver a debatir el tema. La diferencia es que acá no está en juego un mueble, sino territorio, recursos naturales y la tranquilidad de quienes miran el mapa antes de invertir millones.
Durante el debate hubo un raro fenómeno meteorológico: coincidieron oficialismo y oposición. En tiempos donde hasta elegir el color de una carpeta puede derivar en una discusión eterna, el límite provincial logró un consenso casi artesanal. La declaración no modifica leyes ni mueve mojones, pero deja sentado que San Juan considera cerrado un asunto que del otro lado decidieron desempolvar.
Los argumentos giraron alrededor de normas nacionales, acuerdos institucionales y mecanismos constitucionales previstos para cualquier controversia entre provincias. Es decir, el equivalente jurídico a mostrar el recibo cuando alguien insiste en que la cuenta sigue pendiente.
También apareció la preocupación económica. Porque las inversiones suelen tener una alergia bastante conocida a las palabras «incertidumbre» y «conflicto». Si un proyecto minero necesita brújula para saber en qué provincia está parado, difícilmente encuentre tranquilidad. La seguridad jurídica, recordaron los diputados, también forma parte del paisaje.
Al final hubo votación, respaldo casi unánime y una declaración política con destinatario claro. Hay discusiones que vuelven como las modas de los pantalones anchos. La diferencia es que los límites provinciales no cambian porque alguien les pase un filtro nuevo.