El juicio por la causa de los «Cuadernos de las Coimas» incorporó nuevos elementos de análisis sobre el manejo de fondos públicos destinados a la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA). Durante una audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7, un exfuncionario de la entonces AFIP declaró sobre inconsistencias detectadas en una fiscalización realizada a la empresa Servicios Vertúa, contratista del Estado durante el kirchnerismo.
La firma, propiedad del empresario Raúl Vertúa, recibió en agosto de 2014 un anticipo financiero de 86 millones de pesos otorgado por ENARSA para ejecutar un tramo de 230 kilómetros del gasoducto en la provincia de Salta. La obra nunca fue concluida y el contrato terminó rescindido años después.
La ruta de los fondos bajo investigación
Jorge Tesorín, exintegrante de la AFIP y responsable de la inspección, explicó que la fiscalización buscó determinar el destino de los fondos recibidos por la empresa. Según la documentación presentada por la propia firma, parte del dinero habría sido utilizado para adquirir dólares y posteriormente invertirlos en certificados de un fideicomiso inmobiliario denominado Country del Mar.
Sin embargo, las verificaciones realizadas por el organismo recaudador detectaron inconsistencias. De acuerdo con el testimonio brindado ante el tribunal, las autoridades del fideicomiso informaron que la operación no se había concretado en los términos declarados y que los certificados continuaban figurando a nombre de Raúl Vertúa.
La investigación también incluyó consultas a un agente bursátil para corroborar la adquisición de esos certificados. La respuesta obtenida fue similar: no existían registros de la operación reflejada en la documentación contable presentada durante la fiscalización.
El fideicomiso estaba vinculado al proyecto inmobiliario Villarobles, un desarrollo ubicado sobre la costa atlántica. Ante consultas de la fiscal Fabiana León, Tesorín reconoció que dicho emprendimiento no guardaba relación con la obra pública financiada mediante el anticipo otorgado por ENARSA.
Millones retirados en efectivo y sin destino determinado
Otro de los aspectos que concentró la atención durante la audiencia fue el movimiento de fondos registrado tras el cobro del anticipo financiero. Según detalló el exfuncionario, entre septiembre de 2014 y abril de 2015 se efectuaron 15 extracciones en efectivo desde distintas entidades bancarias, además de otros retiros realizados mediante cajeros automáticos.
Las operaciones alcanzaron un total de 5.224.466 dólares. “Nunca se determinó el dinero de esos fondos”, sostuvo Tesorín durante su declaración. También explicó que la fiscalización logró reconstruir el registro de las extracciones, pero no establecer cuál fue el destino final de ese dinero.
La sospecha que sobrevuela la investigación es que parte de esos recursos podrían haber sido utilizados para el pago de sobornos, una de las hipótesis que integran el expediente judicial conocido como causa Cuadernos.
El llamativo episodio de Ricky Martin
Uno de los momentos más singulares de la audiencia surgió cuando la fiscal consultó al testigo sobre documentación vinculada a la contratación del cantante puertorriqueño Ricky Martin.
Tesorín confirmó que durante la fiscalización aparecieron antecedentes relacionados con un evento promocional organizado por el emprendimiento inmobiliario asociado a Vertúa. Según explicó, el espectáculo formó parte de una estrategia comercial destinada a promocionar el desarrollo.
«Llegó algo de un antecedente de la Región Mar del Plata. Este emprendimiento inmobiliario, como estrategia comercial, había contratado a Ricky Martin. Se le objetó a la empresa si esa actividad era relacionada con la empresa y se le dedujo unos gastos que se ajustaron con inspección», declaró el exfuncionario ante el tribunal.
La documentación incorporada al expediente señala que el show reunió a aproximadamente 2.000 invitados y que el artista permaneció apenas 24 horas en el país para participar del evento.
La fiscalía intenta determinar si parte de los recursos provenientes del anticipo financiero destinado a la obra pública pudieron haber terminado vinculados, directa o indirectamente, a gastos relacionados con ese emprendimiento privado.
Entre 2014 y 2015, ENARSA realizó siete desembolsos a favor de Servicios Vertúa. La empresa recibió más de 267 millones de pesos por la ejecución de la obra y, sumado el anticipo financiero inicial, los pagos estatales superaron los 353 millones de pesos.
Pese a esos desembolsos, el Gasoducto del Noreste Argentino alcanzó un avance de apenas 53,92%. Finalmente, el contrato fue rescindido en 2017 y la obra quedó inconclusa.
