La diputada nacional Marcela Pagano denunció penalmente a Manuel Adorni por la presunta utilización de custodia de la Policía Federal Argentina y de un vehículo oficial luego de haber dejado su cargo como vocero presidencial.
La presentación judicial también alcanza a los funcionarios del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete y la Policía Federal Argentina que, de acuerdo con la denuncia, podrían haber autorizado la continuidad de esos recursos estatales. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini.
Los argumentos de la denuncia
En el escrito, Pagano sostiene que, tras la salida de Adorni del Gobierno nacional, «cesó todo título jurídico que lo habilitara a gozar de los bienes y servicios que el Estado Nacional destina, por razón del cargo, a quienes ejercen la función pública».
Además, afirma que «Adorni habría continuado usufructuando, con posterioridad a su renuncia, custodia personal a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina y vehículos oficiales del Estado Nacional para su desplazamiento», y que esa situación se habría extendido por tiempo indefinido.
Según la denuncia, la continuidad de esos beneficios se habría fundamentado en presuntas amenazas recibidas por el exfuncionario. Sin embargo, el escrito sostiene que esas amenazas no habrían sido formalmente denunciadas ni judicializadas y que la eventual prórroga de la protección todavía estaría pendiente de oficialización en el ámbito del Ministerio de Seguridad.
Los delitos que solicita investigar
La presentación agrega que «la afectación de personal y de bienes públicos a favor de un particular estaría teniendo lugar sin acto administrativo que la disponga, sin evaluación de riesgo formalmente labrada y sin sustento normativo alguno que la legitime».
Asimismo, recuerda que anteriormente trascendieron cuestionamientos por el presunto uso de vehículos oficiales y de la custodia para actividades de carácter privado.
Finalmente, Pagano solicitó que la Justicia investigue a Manuel Adorni por los presuntos delitos de peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, además de determinar las eventuales responsabilidades de quienes habrían autorizado la continuidad de esos recursos estatales.
