La crisis del sistema de salud privado en el sur del país alcanzó un punto de quiebre este 10 de febrero. Un consorcio de 28 instituciones médicas, que incluye clínicas, sanatorios y hospitales privados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, anunció la suspensión progresiva de las prestaciones programadas y la atención ambulatoria para los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Ajuste fiscal y fondos «pisados»
La medida de fuerza técnica surge como respuesta a la falta de pago de las prestaciones y a una desactualización arancelaria que los directivos califican de «insostenible». Según denunciaron los prestadores, la gestión del Ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene «pisados» los subsidios y las transferencias necesarias para el normal funcionamiento de la obra social. «Los convenios vigentes presentan un atraso del 60% frente a la inflación, lo que hace que cada práctica médica sea deficitaria», señalaron fuentes del sector.
En el marco de la política de déficit cero, el Palacio de Hacienda ha ralentizado la ejecución de partidas presupuestarias. A esto se suma el retraso en la implementación de una nueva metodología de cálculo para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que habría evitado ajustes automáticos en las jubilaciones y, por carácter transitivo, en los fondos que fluyen hacia el sistema sanitario de los adultos mayores.
Impacto en la operatividad regional
Los centros de salud involucrados, entre los que se encuentran el Policlínico ADOS en Neuquén y el Sanatorio Santa Rosa en La Pampa, emitieron un comunicado advirtiendo que la situación compromete directamente el pago de salarios de los trabajadores sanitarios. «No es una medida política, es una imposibilidad material de seguir operando sin los recursos mínimos», afirmaron desde la cámara que agrupa a las clínicas patagónicas.
La suspensión afecta inicialmente a cirugías programadas, consultas de especialistas y estudios diagnósticos no urgentes. No obstante, las guardias y la atención de emergencias vitales se mantendrán operativas para no poner en riesgo inminente la vida de los pacientes. La deuda acumulada por el organismo nacional, sumada al desfasaje de los valores por cápita, ha dejado a la red sanitaria regional al borde del colapso logístico.
Respuesta oficial y futuro del servicio
Ante la escalada del conflicto, desde la dirección de PAMI, encabezada por Esteban Leguizamo, se intentó llevar calma asegurando que durante el transcurso de la semana se saldaría una parte de la deuda corriente. Sin embargo, los prestadores consideran que los desembolsos prometidos son «insuficientes» si no vienen acompañados de una actualización estructural de los aranceles.
La falta de respuestas concretas por parte del Ejecutivo Nacional ha generado que el conflicto comience a replicarse en otras jurisdicciones. Gobernadores de la región han expresado su preocupación, dado que el sistema público no cuenta con la infraestructura necesaria para absorber la demanda de los miles de jubilados que hoy se encuentran sin cobertura en el sector privado.
