El avance del proyecto de reforma laboral en el ámbito legislativo generó un profundo debate técnico y jurídico centrado en un interrogante fundamental tanto a empresas como a trabajadores: cuál será el alcance real de las nuevas disposiciones sobre los empleados que ya se encuentran en funciones bajo la normativa actual.
La aplicación de las leyes en el tiempo es uno de los ejes más sensibles de la propuesta oficialista que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y solo le resta la aprobación final del Senado. Esto se debe a que la modificación de las condiciones de contratación, registro y desvinculación impactará de manera directa en el esquema de costos del sector privado y en las garantías de los empleados que hoy gozan de la planta permanente.
Si bien el derecho argentino reconoce el principio de irretroactividad de las leyes, en el derecho laboral la situación presenta matices cuando se trata de «consecuencias no agotadas» de un contrato que se encuentra en curso. El propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue contundente al respecto y afirmó públicamente que «la reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos».
El nuevo escenario para las indemnizaciones por despido
Uno de los puntos críticos es el cambio en el sistema de resarcimientos. El proyecto contempla la posibilidad de sustituir el esquema tradicional por fondos de cese laboral o sistemas de capitalización. Para los contratos antiguos, la sanción de la nueva ley marcaría un punto de quiebre definitivo.
Especialistas en la materia explican que la jurisprudencia del fuero laboral aplica la ley vigente al momento de la desvinculación. Esto implica que la norma que rige el día exacto del despido es la que determina el cálculo de la indemnización, más allá de la fecha de ingreso del trabajador. De este modo, la eliminación de multas por falta de registro y los nuevos topes resarcitorios previstos serían plenamente aplicables a los empleados antiguos.
Periodo de prueba, jornada y tercerización
Más allá de las indemnizaciones, la reforma introduce otros cambios de impacto inmediato en la dinámica diaria de las empresas:
- Periodo de prueba: Se busca extender el lapso actual de tres meses a un periodo de seis u ocho meses. No obstante, quienes ya superaron el periodo de prueba vigente no pueden ser devueltos a esa situación.
- Banco de horas: Introduce un sistema para compensar horas extra con descansos, evitando el pago de recargos. Para contratos preexistentes, esto requeriría un acuerdo entre partes para su implementación.
- Responsabilidad solidaria: El proyecto limita la responsabilidad de las empresas principales sobre las deudas de sus contratistas únicamente a casos de fraude o negligencia manifiesta, restringiendo la posibilidad de reclamo de los trabajadores tercerizados.
Para los trabajadores que hoy se desempeñan en empresas tercerizadas, esta modificación altera su seguridad jurídica de forma inmediata, independientemente de los años que lleven prestando tareas en el mismo establecimiento.
