Este lunes 16 de marzo marca el inicio de un plan de lucha nacional universitario de gran escala, impulsado por las dos federaciones mayoritarias del sector, Conadu Histórica y Conadu. La medida de fuerza se ha estructurado en dos tramos: el primero desde el 16 al 21 de marzo y el segundo previsto para la semana del 23 al 30 del mismo mes. El conflicto escala en un contexto de creciente tensión entre la comunidad académica y el Poder Ejecutivo Nacional por la aplicación de recursos presupuestarios.
Alcance nacional y paros indeterminados
La medida tiene un impacto federal, afectando a la mayoría de las instituciones públicas del país. Entre las casas de altos estudios que confirmaron su adhesión se encuentran las universidades nacionales de Córdoba (UNC), La Plata (UNLP), Rosario (UNR), Tucumán (UNT), Salta (UNSa) y Cuyo, entre otras. Por su parte, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) informó que sus 30 facultades regionales se suman a la huelga, incluyendo al Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.
Un punto crítico de la protesta se localiza en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde los docentes votaron un cese de tareas «por tiempo indeterminado». La exigencia concreta de este sector es el pago del 55,4% de aumento salarial dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, norma que el sector gremial denuncia como incumplida por parte del Gobierno.
El reclamo salarial: «Perdimos 11,5 salarios»
El núcleo del conflicto radica en el profundo atraso de los haberes frente a la evolución de los precios. Los gremios denuncian que, desde noviembre de 2023, la pérdida de poder adquisitivo equivale a 11,5 salarios, lo que en la práctica significa que «de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos». Las cifras presentadas por los representantes docentes son contundentes:
- Aumentos insuficientes: En septiembre se otorgó un 4,3% de aumento, frente a una inflación acumulada del 14,2% en el periodo octubre-febrero.
- Congelamiento salarial: Se denunció un 0% de incremento durante los meses de enero y febrero de 2026.
- Exigencia presupuestaria: Reclaman la plena vigencia de la Ley de Financiamiento para garantizar no solo los sueldos, sino el funcionamiento operativo de los edificios y laboratorios.
Un cambio de estrategia gremial
Desde los sectores sindicales aseguran que la decisión de ir a un paro por tiempo indeterminado surge tras el fracaso de medidas aisladas tomadas en años anteriores. «Necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque por parte del Gobierno contra las universidades», expresaron referentes del sector, señalando que la suba de alquileres, transporte y alimentos hace insostenible la continuidad de la tarea docente sin una recomposición inmediata.
