Un conflicto de jurisdicción y materia ambiental ha escalado a nivel judicial, afectando directamente la operatividad logística de los proyectos mineros en la zona de frontera. La Justicia de La Rioja prohibió el uso del camino de Guandacol, la vía principal que conecta el territorio riojano con el Proyecto Vicuña, ubicado en suelo sanjuanino. La medida fue dispuesta por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, bajo el expediente N° 45863.
La resolución judicial se dio a través de una medida autosatisfactiva, una figura legal que permite resolver con celeridad ante la urgencia del caso, haciendo lugar al planteo del Gobierno de La Rioja. A pesar de que fuentes de la empresa aseguraron que “el proyecto no está detenido” y que “se trabaja con normalidad”, confirmaron que la Policía riojana ha bloqueado el paso vehicular de manera efectiva en la zona.
Fundamentos del fallo y reclamo ambiental
El eje del conflicto radica en el uso de la infraestructura vial riojana para un proyecto cuya explotación se realiza en San Juan (integración de Josemaría y Filo del Sol). Según las autoridades riojanas, el tránsito pesado genera impactos directos como ruido y polución en localidades como Guandacol y Villa Unión.
El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, y el fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, sostuvieron que la medida responde al principio preventivo ambiental ante la falta de respuestas satisfactorias a requerimientos administrativos previos. El fallo otorga a Vicuña S.A. un plazo de 30 días para presentar el estudio de impacto ambiental correspondiente a la provincia de La Rioja. De cumplirse este requisito, la medida podría quedar sin efecto.
Falta de notificación y antecedentes
Por su parte, desde la compañía manifestaron desconcierto ante la decisión judicial. “Vicuña no ha sido notificada absolutamente de nada”, señalaron, remarcando que no han tenido acceso a la demanda ni a la resolución oficial. Esta situación de incertidumbre se suma a un antecedente reciente ocurrido a fines de marzo, cuando un grupo de trabajadores bloqueó el acceso en el sector de Puerto del Leoncito.
Aquel corte, liderado por vecinos y avalado en su momento por declaraciones del intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, tenía como reclamo principal la contratación de mano de obra local riojana por parte de la operadora minera. La situación actual, ahora judicializada, coloca en una posición compleja la logística minera de la región, obligando a las partes a una negociación perentoria para evitar que el conflicto escale a instancias superiores.
