El juez federal Ariel Lijo dio por concluida la instrucción del tramo de la investigación por presunto lavado de dinero vinculado al entorno del fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz y resolvió elevar la causa a juicio oral. Entre los principales acusados se encuentran Víctor Manzanares, ex contador de Cristina Fernández de Kirchner; Carolina Pochetti, viuda de Muñoz; Ricardo Barreiro, ex jardinero de la familia Kirchner; y otras 28 personas señaladas por integrar una estructura destinada a blanquear fondos presuntamente provenientes del pago de coimas.
La investigación constituye un desprendimiento de la causa conocida como Cuadernos de las Coimas, actualmente en etapa de juicio oral y con Cristina Fernández de Kirchner entre las principales imputadas.
La acusación de la Justicia
En la resolución, Lijo sostuvo que empresarios cuyas compañías mantenían concesiones o contratos con el Estado nacional, en la órbita del entonces Ministerio de Planificación Federal, habrían aportado recursos para sostener el esquema investigado a cambio de continuar con contrataciones consideradas perjudiciales para el Estado.
Según el expediente, el dinero recaudado era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o a sus secretarios privados, principalmente Daniel Muñoz, en distintos puntos, entre ellos el domicilio de Uruguay y Juncal, la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada.
Para la Justicia, Muñoz desempeñó un papel central en la recaudación y traslado de fondos ilegales, que posteriormente habrían sido incorporados a un entramado destinado a otorgarles apariencia de legalidad mediante operaciones comerciales e inversiones en el país y en el exterior.
La resolución sostiene que parte del dinero «habría sido puesto en circulación en el mercado, tanto a nivel local como internacional, con el fin de aparentar un origen lícito».
Sociedades, inmuebles e inversiones
De acuerdo con la acusación, los imputados habrían participado en la constitución de sociedades, adquisición de bienes muebles e inmuebles y otras operaciones económicas que, en algunos casos, no guardaban relación con la capacidad patrimonial declarada.
La investigación identificó inversiones en complejos inmobiliarios, hosterías, establecimientos vinculados a la actividad ecuestre, garajes, viviendas, una cadena de farmacias y un amplio parque automotor. Varias de esas operaciones presentaban diferencias significativas entre los valores de compra y venta, además de pagos realizados en efectivo.
Una parte de esas inversiones fue administrada por Víctor Manzanares, quien contaba con un poder otorgado por Daniel Muñoz para actuar ante la entonces AFIP.
La declaración de Manzanares
Uno de los elementos considerados relevantes durante la investigación fue la declaración de Manzanares como imputado colaborador. Allí describió la conformación de sociedades, cuentas bancarias, movimientos de dinero y distintos mecanismos utilizados, según su versión, para canalizar fondos hacia inversiones inmobiliarias y comerciales.
Entre otros episodios, afirmó: “En el año 2009 tenía intenciones de desarrollar una usina para lavar dinero aprovechando la legislación de Tierra del Fuego (…) No recuerdo con precisión cuánto dinero se llegó a lavar, aproximadamente entre 5 y 7 millones de pesos durante el periodo en el que se desarrollaron estas operaciones”.
También relató operaciones vinculadas con la compra de una cadena de farmacias, terrenos en El Calafate y departamentos en Miami, además de inversiones realizadas mediante distintas sociedades comerciales. Según su declaración, esas adquisiciones eran financiadas con fondos pertenecientes a Daniel Muñoz.
Manzanares además aseguró que existía un acuerdo para percibir una comisión por esas operaciones, aunque sostuvo que el monto inicialmente prometido fue posteriormente reducido. También mencionó que investigaciones públicas sobre los negocios de Muñoz derivaron en el repliegue de parte de la operatoria.
Otro de los hechos incluidos en su testimonio fue la compra de la firma San Up S.A., operación que, según afirmó, se habría pactado por 34 millones de dólares aunque habría sido registrada por un valor considerablemente menor en la documentación correspondiente.
Con la elevación a juicio oral, será el tribunal que resulte sorteado el encargado de analizar la prueba reunida durante la instrucción y determinar, en el debate público, la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.
