La Cámara Federal revocó la decisión del juez Ariel Lijo y autorizó a la asociación civil Integridad Republicana a constituirse como querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades relacionadas con el vaciamiento y la posterior expropiación de YPF. El fallo fue firmado por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
Los camaristas entendieron que, en esta etapa del expediente, los hechos investigados «podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general», por lo que la participación de la organización resulta compatible con los fines previstos en su estatuto.
Los argumentos de la Cámara
Integridad Republicana había cuestionado el rechazo dispuesto por Ariel Lijo al considerar que la causa involucra intereses colectivos cuya protección justifica su intervención. También sostuvo que la resolución carecía de fundamentos suficientes y que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.
Sobre ese punto, la Cámara desestimó los agravios vinculados con la fundamentación de la resolución. Los jueces señalaron que el magistrado había expuesto las razones de hecho y de derecho que respaldaban su decisión y que, independientemente de su acierto o error, cumplía con las exigencias legales de motivación.
La asociación también cuestionó que el juez no se hubiera pronunciado respecto de la supuesta renuncia de la jurisdicción argentina en favor de los tribunales comerciales de Nueva York y Madrid, un aspecto que, según sostuvo, tenía incidencia en la investigación.
El pedido de apartamiento de Lijo
El tribunal de alzada confirmó además el rechazo al planteo para apartar a Ariel Lijo de la causa. Consideró que ese pedido fue presentado antes de que la organización fuera reconocida como parte del proceso y, por lo tanto, no contaba con legitimación para promover esa incidencia.
De todos modos, los camaristas dejaron abierta la posibilidad de que ese planteo pueda formularse nuevamente más adelante “si se configuran las circunstancias procesales que lo justifiquen”.
Una investigación que volvió a activarse
La causa se inició durante el gobierno de Néstor Kirchner a partir de una denuncia presentada por las entonces diputadas nacionales Elisa Carrió y Fabiana Ríos. En aquella presentación solicitaron investigar presuntas maniobras de vaciamiento de Repsol YPF, posibles delitos de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y fraude, además de la eventual responsabilidad de funcionarios públicos por la falta de controles estatales sobre la actividad de la empresa.
La investigación también comprende la presunta ausencia de controles sobre la información técnica suministrada por las compañías petroleras, lo que habría permitido la manipulación de datos vinculados con las reservas de hidrocarburos y generado perjuicios para el país.
En 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso aprobó la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol. Esa decisión derivó posteriormente en el litigio internacional por el cual el Estado argentino fue condenado en primera instancia en Estados Unidos.
Tras varios años con escasos avances, la Cámara Federal reactivó el expediente en 2024 mediante distintas resoluciones orientadas, entre otros aspectos, a ampliar la participación de terceros con interés legítimo. En ese contexto fue admitida inicialmente la ONG Contadores Forenses como querellante y, con la incorporación de Integridad Republicana Asociación Civil, la causa pasa a contar con dos organizaciones civiles habilitadas para impulsar la investigación, ofrecer medidas de prueba, recurrir resoluciones judiciales y controlar el desarrollo del proceso.
