El Gobierno nacional analiza la posibilidad de extender hasta 2066 la concesión de Aeropuertos Argentina, empresa de Eduardo Eurnekian, para la administración de 35 terminales aéreas en todo el país. La concesión vigente tiene, en principio, vencimiento en 2038, por lo que la eventual extensión comenzaría a discutirse más de una década antes de esa fecha.
El proceso quedó registrado en tres actas reservadas emitidas entre septiembre de 2025 y junio de 2026. La primera fue firmada por el entonces titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian.
Leal se encuentra actualmente detenido e investigado en una causa que analiza presuntos delitos vinculados con enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y corrupción, entre otras acusaciones. La investigación judicial también alcanza a integrantes y exintegrantes del ORSNA.
La disputa por la rentabilidad
Uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y Aeropuertos Argentina es el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la concesión. La empresa pretende mantenerla cercana al 16,45% e incluso elevarla en un punto.
El Gobierno, por su parte, descartó aumentar las tarifas aeroportuarias como mecanismo para compensar el resultado económico de la concesión. En paralelo, Aeropuertos Argentina dejó en suspenso una inversión cercana a los US$600 millones, destinada a obras previstas hasta 2030.
El planteo empresario se desarrolla mientras se discute una eventual extensión del contrato. Según la información consignada en el expediente, existe un plan de inversiones para el período 2026-2030, pese a que el contrato actualmente vigente tiene como fecha de finalización el año 2038.
El antecedente de la pandemia
La concesión original de Aeropuertos Argentina vencía en 2028. Durante la pandemia de COVID-19 se otorgó una extensión hasta 2038, una decisión que actualmente es cuestionada por la Auditoría General de la Nación (AGN).
Ese antecedente forma parte de la discusión sobre el futuro de la concesión. Si el cuestionamiento de la AGN prosperara, el contrato podría finalizar antes de la fecha establecida actualmente.
En ese contexto, la posibilidad de una nueva prórroga hasta 2066 aparece como una alternativa para asegurar la continuidad del vínculo contractual. El primer documento firmado en septiembre de 2025 utilizó como argumento central las modificaciones introducidas por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
El acta sostiene que la modificación de la legislación sobre concesiones buscó ampliar su aplicación y fortalecer las herramientas destinadas a preservar el equilibrio económico de los contratos.
El entonces titular del ORSNA interpretó que el artículo 7 bis de la Ley 17.520 habilitaba a extender una concesión cuando se hubieran producido situaciones de fuerza mayor o actuaciones de la Administración determinantes para alterar la economía del contrato.
El documento, sin embargo, también vuelve a mencionar la pandemia como uno de los elementos considerados para justificar la nueva extensión, pese a que la concesión ya había sido prorrogada hasta 2038 por ese motivo.
Tres actas y un fondo fiduciario
En octubre de 2025 se firmó una segunda acta, en la que el Directorio del ORSNA analizó y ratificó el documento suscripto previamente por Leal y Ketchibachian. Entre los argumentos aparece nuevamente la discusión sobre la ecuación económico-financiera del contrato.
El expediente señala que el proceso de renegociación terminó con la presentación de un plan de inversiones para el período comprendido entre 2026 y 2030. Ese programa es uno de los elementos utilizados para sostener la necesidad de avanzar con la renegociación.
La secuencia tuvo un nuevo capítulo el 10 de junio de 2026, cuando la actual titular del ORSNA, Noelia Ruiz, firmó otra acta. Allí se dispuso la reanudación del procedimiento de renegociación contractual y el documento firmado durante la gestión de Leal pasó a ser considerado “un antecedente” de trabajo.
En paralelo, aparece en la discusión el Fondo Fiduciario para el Mantenimiento de Aeropuertos, destinado a financiar obras de infraestructura. El mecanismo se nutre del canon que Aeropuertos Argentina debe pagar por la concesión y contempla la contratación de obras, incluso con empresas vinculadas al grupo empresario.
Este esquema abrió interrogantes sobre la rentabilidad efectiva de la concesión y sobre cuál debería ser la TIR considerada en la negociación: la correspondiente exclusivamente a Aeropuertos Argentina o la que contempla al conjunto de empresas del grupo que también pueden participar de las obras financiadas mediante esos recursos.
La situación también llegó al Congreso. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó el proceso y reclamó conocer los fundamentos de una eventual extensión de la concesión, además de las condiciones que tendría el futuro esquema para la operación comercial de los aeropuertos.
Ferraro también señaló que el acuerdo para extender la concesión fue firmado de manera reservada y vinculó el proceso con la relación previa entre Javier Milei y Eduardo Eurnekian, quien fue su jefe durante su paso por Corporación América.
Según fuentes gubernamentales citadas en el informe, el acta se encuentra actualmente paralizada. Si las negociaciones se retoman, la discusión sobre la TIR seguirá en el centro y se incorporará a la Secretaría de Transporte de la Nación, que hasta ahora no había participado directamente del proceso.
Además, especialistas consultados cuestionaron la conveniencia de extender una concesión cuando todavía restan años para su vencimiento y plantearon dudas sobre aspectos operativos, mantenimiento y seguridad en algunas terminales.
También permanecen bajo cuestionamiento aspectos vinculados con la administración del fondo fiduciario destinado al mantenimiento de los aeropuertos.
El proceso, por ahora, no tiene un desenlace definido. La eventual extensión hasta 2066 continúa en discusión mientras el Gobierno revisa las condiciones económicas, jurídicas y técnicas de una concesión cuyo vencimiento vigente está previsto para 2038.
