Las querellas que representan a las 143 víctimas del fentanilo contaminado reclamaron a la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que se expida sobre los primeros procesamientos dictados por el juez federal Ernesto Kreplak contra 13 responsables vinculados a los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo SA, donde se elaboró y distribuyó el anestésico contaminado con bacterias multirresistentes.
La tragedia dejó 90 personas fallecidas y otras 44 con secuelas. Los primeros procesamientos fueron dictados en septiembre de 2025 por 20 muertes, pero posteriormente la investigación incorporó nuevos casos y amplió esa cifra.
El expediente se encuentra bajo revisión de los camaristas Alberto Vallefín, Roberto Agustín Lemos Arias y Emilio Santiago Faggi desde octubre de 2025, cuando llegó la apelación presentada por Ariel García Furfaro, propietario de las empresas farmacéuticas.
Un expediente que espera la revisión de la Cámara
Entre las 47 querellas que intervienen en la causa se encuentra el Hospital Italiano de La Plata, donde fueron detectados los primeros casos de contaminación en abril de 2025.
La abogada querellante Adriana Francese representa a 20 familias, entre ellas la de su sobrino nieto Renato Nicolini, de 18 años, quien murió en ese hospital.
“La actuación de la Justicia en esta causa ha sido, a mi entender, excepcional”, sostuvo Francese al referirse al trabajo realizado por Kreplak y por la fiscal María Laura Roteta, titular de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata.
La abogada destacó que durante la investigación se produjo “una enorme cantidad de prueba, se realizaron peritajes y se avanzó sobre responsabilidades individuales en distintos niveles, desde la fabricación del medicamento hasta los organismos de control estatal”.
Sin embargo, planteó la necesidad de que el tribunal de alzada avance sobre las resoluciones que están pendientes de revisión: “Existe hoy una necesidad muy concreta: que la Cámara Federal se expida sobre los procesamientos que se encuentran sometidos a su revisión”.
Francese también destacó que la Sala III acompañó hasta ahora el criterio de Kreplak en distintas decisiones relevantes adoptadas durante la instrucción. Entre ellas, confirmó las negativas a excarcelaciones y prisiones domiciliarias, los rechazos a planteos de nulidad y la decisión vinculada con la recusación del juez promovida por las defensas.
Los primeros 13 procesamientos
El 25 de septiembre de 2025, Kreplak procesó a 13 directivos y responsables de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte.
La resolución, de 401 fojas, atribuyó entonces responsabilidad por la muerte de al menos 20 pacientes y estableció un embargo de un billón de pesos sobre los bienes de Ariel García Furfaro.
García Furfaro y otros tres imputados —su hermano Diego, el director técnico José Antonio Maiorano y Javier Tchukran— quedaron con prisión preventiva.
Por su parte, Nilda Furfaro, madre de Ariel García Furfaro, y la directora técnica de Ramallo, Carolina Ansaldi, quedaron bajo arresto domiciliario. Hace un mes, Tchukran también obtuvo ese beneficio por problemas de salud.
El 7 de octubre de 2025, la defensa de García Furfaro apeló el procesamiento. Los abogados reclamaron la nulidad de la declaración indagatoria y cuestionaron que la acusación no hubiera establecido con precisión el aporte causal individual de cada imputado.
El expediente llegó a la Cámara Federal de La Plata el 25 de octubre de 2025. Desde entonces, los tres camaristas que integran la Sala III tienen a su cargo la revisión de los recursos.
La investigación amplió la cantidad de víctimas y procesados
Mientras los planteos permanecían pendientes de resolución, la investigación continuó. El 13 de mayo de 2026, Kreplak amplió los procesamientos a partir de nuevos peritajes realizados por el Cuerpo Médico Forense y de resultados genéticos aportados por ANLIS-Malbrán.
Esos elementos permitieron confirmar 70 nuevos casos de fallecidos vinculados al brote provocado por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, halladas en las ampollas de fentanilo de HLB.
García Furfaro apeló esa ampliación el 2 de junio de 2026 y solicitó a la Cámara que revocara la medida, dictara la falta de mérito y dispusiera el cese de su prisión preventiva.
Sus abogados, Gastón Marano y Mario Laporta, argumentaron que la investigación no había podido determinar cómo ingresaron las bacterias a las ampollas.
El expediente sostiene que las ampollas de vidrio son inviolables, por lo que la contaminación bacteriana habría ocurrido en la planta elaboradora.
Dos nuevas procesadas por la actuación de los organismos de control
El 1 de septiembre de 2026, Kreplak amplió nuevamente el círculo de responsables. En esta oportunidad procesó, sin prisión preventiva, a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y a Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
El juez las consideró partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales por haber omitido adoptar medidas preventivas y correctivas pese a conocer las deficiencias críticas de las plantas de Ramallo.
A cada una le impuso un embargo de $500.000 millones y la inhibición general de sus bienes. Con esta resolución, la causa pasó a tener 15 procesados.
El reclamo de las familias
Francese sostuvo que no le corresponde atribuir las razones por las que la Cámara todavía no resolvió los procesamientos ni anticipar cuál será su decisión. También remarcó que se trata de una causa “extraordinariamente extensa y compleja”, con una gran cantidad de pruebas, víctimas, imputados y planteos defensivos.
“Existe hoy una necesidad muy concreta: que la Cámara Federal se expida sobre los procesamientos que se encuentran sometidos a su revisión”, insistió la abogada.
La querellante explicó que las familias conocen que existe una investigación, que se dictaron procesamientos y que las defensas los recurrieron, pero que llevan meses esperando una definición.
Francese rechazó, sin embargo, la idea de que la causa refleje una Justicia que no funciona. “No creo que corresponda hablar de una Justicia que no funciona, porque sería profundamente injusto frente al enorme trabajo que se ha realizado en esta causa. Sí creo que hoy podemos decir que las familias necesitan una respuesta de la Cámara”.
La abogada aclaró además que las querellas no reclaman una resolución apresurada. “No pedimos una resolución apresurada. Esperamos una resolución fundada, jurídicamente sólida y dentro de un plazo razonable, que permita que esta causa continúe avanzando hacia la determinación definitiva de las responsabilidades”.
En su condición de familiar de una de las víctimas, Francese explicó que detrás de cada actuación judicial hay una historia personal para quienes perdieron a un ser querido.
“Por eso existe hoy una expectativa muy grande respecto de la decisión de la Cámara. No desde el desconocimiento del trabajo que debe realizar ni desde una crítica a la Justicia, sino desde la necesidad humana de que la causa continúe avanzando y podamos acercarnos a una respuesta definitiva”, señaló.
Las responsabilidades que busca determinar la investigación
Consultada sobre si las muertes podrían haberse evitado, Francese sostuvo que la investigación muestra elementos que permiten considerar que no se trató de un hecho absolutamente imprevisible o inevitable.
Según explicó, la causa reconstruyó graves deficiencias en la fabricación, los controles y los mecanismos destinados a garantizar la seguridad del medicamento.
Para la querellante, el expediente no solo deberá determinar las responsabilidades penales individuales, sino también permitir establecer qué falló y por qué falló en los distintos niveles vinculados con la producción y el control del fentanilo contaminado.
La causa continúa así con 90 fallecidos, 44 personas con secuelas y 15 procesados, mientras la Sala III de la Cámara Federal de La Plata mantiene bajo revisión los primeros procesamientos dictados por Kreplak.
Las querellas que representan a las 143 víctimas del fentanilo contaminado reclamaron a la Sala III de la Cámara Federal de La Plata que resuelva los procesamientos dictados contra los primeros 13 imputados. El expediente está bajo revisión desde octubre de 2025, mientras la investigación judicial ya elevó a 90 la cifra de fallecidos y sumó dos nuevas procesadas.
90 personas murieron y otras 44 quedaron con secuelas por el fentanilo contaminado. Mientras la investigación judicial sumó pruebas, procesamientos y responsables, una parte central de esas decisiones lleva casi un año esperando la revisión de la Cámara Federal.
El expediente tiene 401 fojas para una primera resolución, 15 procesados y 47 querellas. En cualquier oficina donde alguien diga que “es un trámite”, convendría revisar primero el tamaño de la carpeta antes de pronunciar la frase.
Las familias no reclaman una decisión improvisada: piden que los camaristas resuelvan. La abogada Adriana Francese representa a 20 de ellas y, además, es familiar de Renato Nicolini, un joven de 18 años que murió en el Hospital Italiano de La Plata, donde se detectaron los primeros casos de contaminación.
La causa avanzó desde los primeros 20 fallecidos atribuidos en la resolución de septiembre de 2025 hasta los 90 confirmados posteriormente. En el camino aparecieron peritajes del Cuerpo Médico Forense, estudios genéticos de ANLIS-Malbrán y nuevos procesamientos contra exfuncionarias de organismos de control.
La Cámara, integrada por Alberto Vallefín, Roberto Agustín Lemos Arias y Emilio Santiago Faggi, tiene que revisar los recursos presentados por las defensas. La querella destaca que, hasta ahora, el tribunal confirmó decisiones relevantes adoptadas durante la instrucción.
El reclamo, entonces, no pide una Justicia a las apuradas. Pide algo bastante más sencillo: que el expediente deje de esperar.