El Gobierno de San Juan impulsa una reforma integral de la ley que regula al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), cuyo régimen original data de 1978 y fue modificado en 2018 con la incorporación de las Unidades de Vivienda (UVI). La iniciativa busca actualizar las reglas de acceso a soluciones habitacionales, establecer el sorteo público como mecanismo general, sumar controles y fijar límites para funcionarios y autoridades políticas.
Uno de los principales cambios está en la entrega. El proyecto establece que los beneficios se otorguen mediante sorteo público y que las familias sean previamente empadronadas según los criterios de la reglamentación. La asignación de las unidades también será por sorteo, salvo excepciones justificadas.
El sorteo no será obligatorio en todos los casos. El proyecto exceptúa a emprendimientos con aportes privados y participación de entidades intermedias, aunque deberán reservar un cupo para sorteos públicos.
También permite otorgar beneficios sin sorteo ante extrema vulnerabilidad, emergencias, desastres, catástrofes o riesgo cierto e inminente, con autorización del gobernador e informes técnicos, sociales y jurídicos.
Puntaje para acceder
Antes del sorteo se aplicará un sistema de puntaje que tendrá en cuenta la composición familiar, ingresos, condiciones habitacionales, hacinamiento, enfermedades o condiciones físicas o mentales, antigüedad en el registro y situaciones contempladas en leyes especiales.
También se considerará la inexistencia de antecedentes penales y de inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Un registro público y cupos especiales
La propuesta crea un Registro Público Digital de beneficiarios del IPV, de acceso libre, gratuito y permanente. Deberá informar la nómina, fecha y estado del beneficio, con protección de datos sensibles.
El IPV será responsable de su implementación, veracidad y actualización, que deberá realizarse al menos una vez al año.
El proyecto establece además cupos especiales de hasta el 20% del total de los programas habitacionales para determinados sectores. Incluye a personas con discapacidad y sus familias, mujeres jefas de hogar responsables exclusivas, integrantes de las fuerzas de seguridad, docentes y trabajadores del sistema sanitario que residan y trabajen en San Juan.
Los porcentajes específicos para cada sector serán definidos por reglamentación.
Límites para funcionarios y controles
La iniciativa restringe el acceso a viviendas sociales para determinados funcionarios y autoridades políticas de los tres poderes provinciales y municipios. La medida también alcanzaría, bajo las condiciones previstas, a cónyuges, convivientes y familiares directos hasta segundo grado, además de determinadas relaciones comerciales, contractuales o societarias cuando exista conflicto de intereses o beneficio indirecto.
La restricción se extendería durante dos años después del cese del cargo. El falseamiento de información podría provocar la nulidad del beneficio y responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Quedan exceptuadas determinadas asistencias financieras para construcción o ampliación y algunos emprendimientos privados con entidades intermedias.
La reforma incorpora además el denominado “principio de realidad”, que prioriza la situación social, económica y habitacional real de la familia por sobre determinadas condiciones formales o registrales. También contempla la buena fe, la ocupación efectiva y la necesidad habitacional.
A su vez, establece que las viviendas deberán cumplir una finalidad exclusivamente social y excluye usos especulativos, comerciales o de inversión.
Denuncias, recupero y regularización
El proyecto suma un canal digital de denuncias, público, gratuito y permanente, para informar posibles irregularidades. Permitirá denuncias anónimas, garantizará la confidencialidad y protegerá la identidad.
Los planteos serán registrados y evaluados y, ante indicios razonables, podrán generar actuaciones administrativas.
Finalmente, la iniciativa busca acelerar el recupero de viviendas y lotes con irregularidades en emprendimientos estatales o financiados por el Estado. Las actuaciones administrativas y judiciales tendrán carácter preferencial y urgente.
El mismo criterio se aplicará a la regularización dominial de estos inmuebles.
La propuesta plantea así una actualización integral del régimen del IPV, con cambios en el acceso a las viviendas, puntajes, sorteos, cupos, restricciones para funcionarios y nuevas herramientas de transparencia y control.
