El acceso gratuito a medicamentos registró un fuerte retroceso durante los últimos dos años, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó las modificaciones introducidas por el Gobierno de Javier Milei en el programa Remediar y en la cobertura de medicamentos de PAMI.

El estudio advierte que las medidas nacionales redujeron progresivamente la cantidad de productos disponibles, los tratamientos distribuidos y los recursos destinados a garantizar medicamentos a sectores de la población que dependen del sistema público de salud.

Uno de los cambios más importantes se produjo el 15 de octubre de 2026, cuando el Ministerio de Salud de la Nación reemplazó el listado de medicamentos esenciales para la atención primaria, que contemplaba 128 principios activos, por una nómina de apenas seis.

Según el informe, las consecuencias de estas decisiones no se limitan a los pacientes, sino que también afectan a las provincias y municipios, que enfrentan una mayor presión para financiar medicamentos que anteriormente eran provistos por el Estado nacional.

Remediar: de 128 principios activos a solamente seis

El programa Remediar fue creado en 2002 con el objetivo de garantizar la distribución gratuita de medicamentos esenciales a personas que se atienden en el sistema público de salud.

Su funcionamiento se basa en el envío de botiquines a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que permiten entregar tratamientos sin costo a pacientes que los necesitan.

En su etapa de mayor cobertura, el programa llegó a abastecer aproximadamente 8.100 establecimientos sanitarios y, según datos del Ministerio de Salud, alcanzaba a unos 19 millones de personas.

Sin embargo, el CEPA señaló que el esquema sufrió una reducción progresiva de medicamentos y recursos desde 2024.

El cambio más reciente se concretó el 15 de octubre de 2026, cuando una resolución del Ministerio de Salud derogó el listado vigente desde 2021 y lo reemplazó por una selección de seis principios activos.

Los medicamentos incluidos en la nueva nómina están vinculados con el tratamiento o la prevención de enfermedades cardiovasculares:

  • Ácido acetilsalicílico.
  • Atorvastatina.
  • Candesartán.
  • Hidroclorotiazida.
  • Ramipril.
  • Rosuvastatina.

La reducción del listado nacional de referencia no implica necesariamente que todos los centros de salud hayan dejado de disponer de los demás medicamentos, pero sí modifica el alcance de la nómina oficial y, según el estudio, profundiza la disminución del abastecimiento nacional.

Qué medicamentos quedaron fuera del listado

La nueva selección excluyó numerosos principios activos utilizados habitualmente para tratar enfermedades crónicas y afecciones frecuentes.

Entre los medicamentos que dejaron de integrar la nómina se encuentran la metformina, utilizada para el tratamiento de la diabetes, y la levotiroxina, indicada para pacientes con hipotiroidismo.

También quedó fuera el salbutamol, empleado para tratar afecciones respiratorias como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

La reducción alcanzó además a antibióticos como la amoxicilina y la cefalexina, así como al fluconazol, la loratadina, suplementos de hierro y ácido fólico y distintos anticonceptivos.

El CEPA advirtió que la menor disponibilidad de estos productos puede afectar especialmente a personas con enfermedades crónicas, niños, embarazadas y mujeres que accedían a métodos anticonceptivos gratuitos.

El impacto podría ser mayor entre quienes carecen de obra social o cobertura de medicina prepaga, un sector que, según el informe, representa más del 44% de la población.

Menos botiquines, menos centros abastecidos y una caída del 62% en los tratamientos

El informe describe un proceso de reducción que comenzó antes de la modificación del listado nacional de octubre.

En 2024, los botiquines del programa Remediar contenían aproximadamente 75 productos.

Durante el primer semestre de 2026, esa cantidad descendió a alrededor de 30 medicamentos, mientras que desde julio se ubicó entre 22 y 23 productos.

La disminución también se reflejó en la cantidad de establecimientos sanitarios que recibieron suministros.

De los aproximadamente 8.100 centros de salud que llegaron a integrar el esquema de distribución, se pasó a 4.131 establecimientos en la última entrega de 2025 y a 4.202 en la primera de 2026.

Otro indicador destacado por el CEPA es la caída en la cantidad de tratamientos dispensados.

En 2022 se habían distribuido 37,1 millones de tratamientos, mientras que en 2025 esa cifra descendió a 14,1 millones.

La diferencia equivale a una reducción aproximada del 62% en tres años.

Para el centro de estudios, estos números muestran una contracción sostenida del alcance del programa y de su capacidad para abastecer a la red de atención primaria.

El presupuesto de Remediar cayó un 72% en términos reales

La reducción de las prestaciones también estuvo acompañada por una disminución de los recursos disponibles.

Según el análisis del CEPA, el presupuesto asignado a Remediar para 2026 alcanza los $36.054 millones.

Ese monto representa una caída real del 72% respecto del presupuesto ejecutado en 2023, una vez considerada la variación de los precios.

El informe sostiene que la menor asignación de fondos limita la capacidad del programa para sostener la compra y distribución de medicamentos esenciales.

También advierte sobre un posible desplazamiento de la demanda hacia hospitales de mayor complejidad, debido a que los centros de atención primaria podrían tener mayores dificultades para garantizar determinados tratamientos.

En ese escenario, las familias que no logren acceder gratuitamente a sus medicamentos podrían verse obligadas a comprarlos con recursos propios.

PAMI: menos medicamentos incluidos en la cobertura

El estudio también cuestionó las modificaciones en la cobertura de medicamentos de PAMI, la obra social de jubilados y pensionados.

De acuerdo con los datos citados por el CEPA, el universo de medicamentos contemplados en la cobertura pasó de casi 3.000 productos a aproximadamente 2.000.

La reducción forma parte, según el informe, de un proceso de modificación de prestaciones y condiciones de acceso que afecta a los beneficiarios del sistema.

El impacto económico puede resultar especialmente significativo para los jubilados y pensionados que necesitan tratamientos continuos y deben afrontar gastos adicionales cuando un medicamento deja de contar con la cobertura que tenían anteriormente.

El informe vincula estos cambios con una política más amplia de reducción del gasto nacional en medicamentos.

Las provincias deberán afrontar parte del costo del ajuste

Otro aspecto central del análisis es la transferencia de responsabilidades financieras hacia los gobiernos provinciales y municipales.

La administración nacional sostiene que la atención primaria de la salud es una competencia de las provincias y que el nuevo listado de medicamentos esenciales tiene carácter orientativo.

Sin embargo, el CEPA advierte que la reducción de los envíos nacionales obliga a las jurisdicciones a buscar recursos propios para sostener la provisión de los medicamentos que dejan de recibir.

La situación plantea diferencias importantes entre provincias, debido a que no todas cuentan con la misma capacidad fiscal para adquirir tratamientos y distribuirlos en sus centros de salud.

Como ejemplo, el informe menciona el caso de Santa Fe, que prevé destinar $17.675 millones durante 2026 para comprar un total de 195 productos.

También señala la situación de Misiones, donde se estimó que serán necesarios aproximadamente $800 millones para reponer los medicamentos que ya no llegan desde el Estado nacional.

De esta manera, el costo de sostener el acceso gratuito a tratamientos esenciales puede trasladarse desde el presupuesto nacional hacia las administraciones locales.

El impacto sobre las familias y el sistema público de salud

El CEPA advierte que la combinación de menos medicamentos disponibles, menor cantidad de tratamientos distribuidos y reducción presupuestaria puede tener consecuencias sobre el acceso a la atención sanitaria.

Entre los grupos más expuestos se encuentran las personas sin cobertura médica, los pacientes con enfermedades crónicas, los niños, las embarazadas y quienes dependen de tratamientos gratuitos.

La disminución del abastecimiento en los centros de atención primaria también podría incrementar las consultas en hospitales de mayor complejidad, donde los pacientes buscarían resolver necesidades que antes podían atenderse en establecimientos cercanos a sus domicilios.

Al mismo tiempo, la necesidad de comprar medicamentos que anteriormente se recibían sin costo podría aumentar el gasto de bolsillo de las familias.

El informe concluye que las modificaciones en Remediar y PAMI no solo representan una reducción de prestaciones nacionales, sino también una redistribución del esfuerzo financiero necesario para sostener los tratamientos.

Con el nuevo esquema, las provincias, los municipios, los jubilados y las familias quedan más expuestos al costo de los medicamentos, mientras que la capacidad de respuesta dependerá de los recursos disponibles en cada jurisdicción y de las condiciones de cobertura de cada paciente.