La actual dirigencia de Deportivo Español prepara una denuncia penal contra Ricardo Caruso Lombardi por una serie de presuntas irregularidades detectadas en una auditoría interna vinculada con la explotación de dos canchas de césped sintético del club del Bajo Flores.
La conducción encabezada por María Sol Méndez busca que la Justicia investigue posibles delitos de usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita. Además, podría incorporarse una eventual extorsión a partir de un episodio que también será incluido en la presentación judicial.
El eje del conflicto es una concesión firmada durante la gestión anterior de Diego Elías. Según la documentación revisada por la nueva conducción, Caruso Lombardi habría quedado relacionado con la explotación de esos espacios hasta 2036 a través de Uriel Videtta y de Zoe Capital, una firma vinculada con Leonardo Cositorto.
El contrato que quedó bajo sospecha
De acuerdo con la auditoría, el convenio cuestionado no habría pasado por la Comisión Directiva ni por la Asamblea de Deportivo Español.
El contrato establecía que el club debía recibir $1.000.000 anuales a cambio de una hora diaria de utilización de las canchas, aunque la actual dirigencia sostiene que ese dinero nunca habría ingresado a la institución.
Las condiciones del acuerdo también limitaban el uso de las instalaciones por parte de las divisiones inferiores del club a una sola vez por semana.
La nueva conducción decidió dar de baja el vínculo al considerar que presentaba distintas irregularidades y que las condiciones resultaban desfavorables para la institución.
Otro de los puntos cuestionados es que el contrato se habría firmado cuando Deportivo Español todavía no contaba con autorización para utilizar las tierras por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Esa concesión fue obtenida recién en diciembre de 2025.
Durante el período de explotación también se habría instalado un buffet sin los permisos correspondientes. Según la denuncia que prepara el club, el espacio fue subconcesionado para su construcción, funcionó sin habilitación y terminó clausurado de manera definitiva por la Agencia Gubernamental de Control luego de varias infracciones.
La denuncia por amenazas y la posible extorsión
El conflicto se profundizó cuando la nueva conducción resolvió terminar con la concesión.
Según sostiene Deportivo Español, Caruso Lombardi amenazó a dirigentes con “matarlos” mediáticamente en TN Deportivo y en el canal de streaming Aura si no modificaban la decisión de dar de baja el contrato.
La dirigencia considera que ese episodio podría ser analizado judicialmente como una eventual extorsión y prevé incorporarlo a la presentación.
Por el momento, las acusaciones forman parte de una denuncia en preparación y será la Justicia la que deberá determinar si los hechos señalados configuran delitos y qué responsabilidad corresponde eventualmente a cada persona involucrada.
Qué deberá investigar la Justicia
Uno de los puntos centrales será establecer la validez del contrato y las condiciones en las que se otorgó la explotación de las canchas.
También deberá determinarse si existieron irregularidades administrativas, si hubo perjuicio económico para Deportivo Español y si las maniobras señaladas en la auditoría pueden encuadrarse en figuras como usurpación, estafa, administración fraudulenta o asociación ilícita.
La posible extorsión vinculada con las amenazas denunciadas también podría ser analizada dentro del expediente si finalmente queda incorporada a la presentación judicial.
El caso abre ahora una etapa en la que la documentación contractual, los movimientos económicos y las responsabilidades de quienes intervinieron en la concesión quedarán bajo revisión judicial.
