El debate en la Cámara de Diputados por la continuidad de la emergencia nacional en discapacidad cambió de escenario después del ingreso del proyecto de Presupuesto 2027. Mientras las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda comenzaron a tratar una prórroga de la Ley 27.793, el texto enviado por el Poder Ejecutivo propone modificar varios de sus artículos centrales.
La reunión conjunta había sido convocada para este miércoles 16 de septiembre con el objetivo de analizar la extensión de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, el Presupuesto presentado por el Gobierno incorporó cambios sobre pensiones y prestaciones que alteraron la discusión parlamentaria.
El diputado Juan Marino, impulsor del emplazamiento, cuestionó el contenido del proyecto y pidió retirar las modificaciones vinculadas con discapacidad. “El presupuesto genera un nuevo contexto, el Ejecutivo propone destruir la ley de emergencia y desmantelar el sistema de derechos. Teníamos la intención de tener un dictamen por unanimidad y esto lo vuelve todo para atrás. Lo que enviaron busca generar una destrucción del sistema nacional, es por eso que queremos manifestar el completo rechazo al capítulo 6 y le pedimos que lo retiren”, sostuvo.
El Presupuesto sorprendió también al oficialismo en Diputados
La presentación generó diferencias incluso dentro del espacio oficialista en la Cámara baja. Las diputadas de La Libertad Avanza Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado venían trabajando en una iniciativa propia destinada a modificar el régimen vigente, en paralelo con las conversaciones con otros bloques.
Tras conocerse el contenido del Presupuesto, un legislador libertario involucrado en esas conversaciones resumió la incertidumbre con una frase: “Ahora habrá que ver cómo seguimos”. Y agregó: “Hoy nos levantamos y estaba todo incendiado”.
Giudici intervino durante el plenario y ratificó que continúa “en el compromiso de tener un dictamen superador que quite el estigma de emergencia”. También remarcó: “Hay división de poderes, creemos que el Congreso tiene un tiempo largo para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones”.
Desde sectores cercanos a la conducción de Diputados plantearon que el capítulo enviado por el Ejecutivo podría ser negociado durante el tratamiento legislativo y definieron la propuesta como “es una versión de máxima”. También anticiparon conversaciones “con los socios” y señalaron: “no vamos a dejar nada para que nos puedan voltear un capítulo entero en el recinto”.
El proyecto de Presupuesto 2027 deberá atravesar ahora el debate y la votación del Congreso antes de que las modificaciones propuestas puedan convertirse en ley.
Qué propone cambiar el Presupuesto en discapacidad
Uno de los principales cambios aparece en el artículo 36 del proyecto, que propone sustituir el artículo 6 de la Ley 27.793 y establecer una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
El artículo 37 establece que esa pensión será incompatible con un vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen tributario general o simplificado. La legislación vigente contempla, en cambio, un régimen de compatibilidad laboral bajo determinadas condiciones.
Otro cambio relevante aparece en el acceso a las pensiones. La Ley 27.793 establece que pueden acceder personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad y dispone que los requisitos sean determinados por ley del Congreso. El proyecto propone reemplazar parte de ese esquema por una pensión cuyos requisitos quedarían establecidos mediante reglamentación.
También se modifica el Nomenclador de Prestaciones Básicas. El proyecto establece que ya no habrá valores universales y que cada ente obligado deberá determinar los aranceles en su relación con los prestadores.
La legislación vigente dispone, en cambio, que los aranceles del sistema sean iguales para todas las personas jurídicas obligadas y contempla mecanismos de actualización.
El proyecto de Presupuesto propone además derogar los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley 27.793. Entre esas disposiciones se encuentran la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, el acceso de sus beneficiarios a un programa de atención médica con las prestaciones básicas de la Ley 24.901, la conversión de oficio de pensiones anteriores y el sistema de aranceles uniformes.
Reclamos de organizaciones y una negociación que seguirá abierta
Durante el plenario expusieron más de 20 representantes de organizaciones vinculadas con discapacidad. Entre los reclamos planteados aparecieron demoras en pagos a prestadores, dificultades administrativas y preocupación por las modificaciones incorporadas al proyecto presupuestario.
Varios expositores resumieron su objeción con una frase: “No tiene sentido que la ley de Presupuesto venga a borrar la ley que hoy estamos discutiendo”.
Uno de los discursos más críticos fue el de Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. “el Gobierno está destruyendo todo y, perdón que lo diga, pero la ley de Emergencia en Discapacidad fue un dedo en el traste. Este Gobierno no está cumpliendo. Pagar a 90 días o a 60 días es robarle el dinero a la gente. Lo que hicieron los que escribieron el presupuesto es empujar a la población a la mendicidad”, afirmó.
Del lado oficialista, Giudici defendió la búsqueda de un esquema permanente y sostuvo que la intención es alcanzar un dictamen que preserve beneficios más allá de la emergencia. La oposición, por su parte, reclamó eliminar del Presupuesto los artículos que alteran la legislación vigente.
La Ley 27.793 actualmente declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año.
El debate queda así dividido en dos carriles que deberán converger en el Congreso: por un lado, la iniciativa para prorrogar o reemplazar la emergencia con un régimen permanente; por otro, el tratamiento del Presupuesto 2027, cuyo texto actualmente propone cambios sustanciales en las pensiones y en el sistema nacional de prestaciones.
Ninguna de esas modificaciones es definitiva mientras el proyecto presupuestario continúe bajo tratamiento legislativo.
