El Tribunal Oral Federal de Paraná fundamentó la condena a 12 años de prisión contra el productor rural marplatense Leonardo Roberto Airaldi, acusado de organizar y financiar una estructura dedicada al narcotráfico entre 2019 y 2024 en Entre Ríos y Santa Fe. La Justicia sostuvo que utilizó campos, embarcaciones, empresas y otros recursos patrimoniales para sostener la logística criminal.
Durante años, Leonardo Roberto Airaldi consiguió que la postal pareciera salida de un folleto sobre prosperidad agropecuaria: estancias, ganado, embarcaciones, vínculos institucionales y campos suficientemente extensos como para que el horizonte necesitara documento para cruzarlos. El inconveniente, según concluyó la Justicia, es que detrás de aquella escenografía rural también funcionaba una infraestructura donde las vacas parecían ser apenas las únicas criaturas que no estaban al tanto del verdadero plan de negocios.
Porque una cosa es diversificar inversiones y otra bastante distinta es que una explotación ganadera termine incorporando pistas clandestinas, combustible de aviación y un diccionario paralelo en el que la cocaína podía convertirse mágicamente en “carne”, “lomo” o “lomo verde”. Adam Smith probablemente habría pedido licencia. La organización, según el fallo, tenía incluso “veterinarios” que no revisaban animales, “pájaros” que necesitaban pista de aterrizaje y mercadería que quedaba “vacunada” sin que intervenga una sola jeringa.
La Justicia describió una estructura de mando rígida en la que Airaldi aportaba patrimonio, impartía órdenes y sostenía la logística incluso después de quedar detenido. Es decir: mientras buena parte de la humanidad considera complicado coordinar una videollamada con cuatro personas, el productor habría conseguido continuar dirigiendo operaciones desde prisión. Una suerte de teletrabajo criminal, aunque con beneficios laborales sensiblemente inferiores y un departamento de Recursos Humanos reemplazado por fiscales federales.
El decorado terminó de desplomarse con una condena de 12 años, una multa superior a los 118 millones de pesos y un expediente de 302 páginas que convirtió aquella imagen de terrateniente influyente en algo bastante menos apto para una exposición rural. Y como si el guion todavía considerara que faltaba intensidad, otra investigación analiza un presunto plan para atentar contra un juez, un fiscal y un ministro. A esa altura, la tradicional recomendación empresarial de “pensar fuera de la caja” ya había adquirido dimensiones que ningún manual de administración se animaría a imprimir.