El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) transita 2026 con representación en el Congreso, exposición pública de sus principales dirigentes y un programa económico que plantea modificaciones profundas en la organización laboral, el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública y la propiedad de sectores considerados estratégicos. A la vez, el espacio enfrenta diferencias internas entre sus cuatro partidos y continúa sin antecedentes propios de conducción del Poder Ejecutivo nacional.
La coalición está integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). El propio frente se define como una alianza anticapitalista y sostiene un programa que incluye la nacionalización de recursos estratégicos, la banca y la gran propiedad terrateniente.
Cuatro partidos, un frente y diferencias que salieron a la superficie
La pertenencia a una misma coalición no eliminó las discrepancias entre las organizaciones que integran el FIT-U. Durante 2026, esas tensiones volvieron a hacerse públicas alrededor de la estrategia política, la organización de actividades conjuntas y el posicionamiento de Myriam Bregman, dirigente del PTS.
Una de las señales más visibles apareció en el 1° de Mayo. El PTS realizó una convocatoria propia, mientras que Partido Obrero, Izquierda Socialista y MST participaron de otra actividad. Desde Izquierda Socialista cuestionaron públicamente la decisión y utilizaron la palabra “divisionismo” para caracterizar la conducta del PTS, una definición política formulada por uno de los integrantes del frente y no una descripción neutral del episodio.
Las diferencias siguieron cuando el PTS impulsó comités vinculados a Bregman y a la construcción de una nueva herramienta política. Dirigentes de Izquierda Socialista y Partido Obrero reclamaron que esos espacios fueran unitarios y abiertos al conjunto del FIT-U, mientras que el MST decidió participar de la iniciativa aunque también planteó la necesidad de ampliar su carácter.
Seis horas de trabajo, deuda y salida del FMI
Entre las iniciativas que reflejan con mayor claridad el alcance del programa aparece el expediente 1723-D-2024, firmado por Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Christian Castillo y Alejandro Vilca. El proyecto establece que la jornada laboral no podrá superar las seis horas diarias y 30 semanales y dispone que esa reducción se implemente sin disminución de la remuneración normal y permanente.
La propuesta incorpora además un mecanismo para distribuir las horas liberadas. En las grandes empresas, el texto establece que deberán ser cubiertas mediante la incorporación de nuevos trabajadores. Para las empresas medianas fija un plazo máximo de un año y, para las micro y pequeñas empresas, un máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la eventual ley.
En sus fundamentos, los autores sostienen que la reducción permitiría repartir las horas de trabajo, generar empleo y disminuir la desocupación y la precarización. Se trata, sin embargo, de una iniciativa legislativa y no de una política que haya sido implementada de manera general en el país, por lo que sus efectos económicos a escala nacional no cuentan con una experiencia propia del FIT-U que permita medirlos.
La propuesta de ruptura con la política de endeudamiento aparece en el expediente 0742-D-2025. El texto propone suspender los pagos de capital e intereses de la deuda pública, con excepción de obligaciones previsionales y laborales, desconocer los acuerdos suscriptos con el Fondo Monetario Internacional y disponer que la Argentina deje de ser miembro del organismo.
Según el proyecto, los recursos que dejarían de destinarse a esos compromisos deberían aplicarse a salarios del sector público, jubilaciones, generación de empleo, salud, educación y vivienda. La iniciativa también plantea reclamar la devolución de la cuota parte argentina depositada en el FMI.
Esas medidas se integran con otras definiciones programáticas del FIT-U. El frente sostiene la nacionalización de la banca y de recursos estratégicos y plantea avanzar sobre la gran propiedad terrateniente. En consecuencia, su plataforma no se limita a cuestionar decisiones económicas coyunturales, sino que propone modificar la organización y propiedad de áreas centrales de la economía.
El caso Biasi, la experiencia de gobierno y los números de 2025
Otro frente de controversia involucra a Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero y legisladora porteña. La causa judicial se originó a partir de ocho publicaciones realizadas entre noviembre de 2023 y enero de 2024 vinculadas con Israel y derivó en su procesamiento y en la elevación del expediente a juicio oral por una acusación relacionada con presuntos actos discriminatorios.
En abril de 2026, la Corte Suprema rechazó por extemporáneo un recurso presentado por la defensa. Esa resolución permitió que continuara el trámite hacia el juicio oral, pero no constituyó una sentencia que determinara la culpabilidad de Biasi respecto de la acusación de fondo.
Biasi rechaza la imputación y sostiene que el expediente constituye una persecución política destinada a restringir las críticas al Estado de Israel. Esa es la posición de la dirigente y del Partido Obrero, mientras que la acusación sostiene que las publicaciones excedieron los límites de la crítica política y podrían encuadrar en conductas sancionadas por la legislación antidiscriminatoria. El fondo de esa controversia deberá resolverse en el proceso judicial.
La ausencia de una experiencia ejecutiva propia introduce además otra discusión sobre el programa económico del frente. En 1986, el entonces diputado radical Raúl Baglini formuló, durante un debate sobre deuda externa, una relación entre la distancia respecto del gobierno y la “ligereza” de las propuestas formuladas desde la oposición. El concepto pasó posteriormente a conocerse como el teorema de Baglini.
Su aplicación al FIT-U no permite establecer por sí sola si una reducción general de la jornada laboral, una suspensión de pagos, la salida del FMI o las nacionalizaciones producirían los resultados esperados por sus impulsores o generarían efectos diferentes. Sí permite señalar una limitación verificable para cualquier análisis: esas políticas no fueron ejecutadas a escala nacional por una administración conducida por el frente.
El otro indicador aparece en las elecciones legislativas nacionales de 2025. El FIT-U obtuvo casi 850.000 votos y cerca del 4% a nivel nacional. Renovaba cuatro de las cinco bancas que tenía en la Cámara de Diputados, consiguió tres y pasó a contar con cuatro integrantes en la Cámara baja.
En San Juan, el desempeño fue menor al promedio nacional. El frente consiguió 6.087 votos, equivalentes al 1,43% de los sufragios afirmativos, y quedó por debajo del 1,5%. No obtuvo una banca nacional por la provincia. Los datos corresponden a los resultados provisorios publicados tras las elecciones generales de 2025.
Así, el FIT-U llega a la discusión política hacia 2027 con representación parlamentaria, dirigentes de alcance nacional y un programa económico claramente diferenciado de otras fuerzas, pero también con diferencias internas, cuatro bancas en Diputados y propuestas estructurales que no cuentan con una experiencia ejecutiva propia a escala nacional. Esos elementos permiten describir el escenario; la evaluación sobre la conveniencia, los costos y los eventuales resultados de sus políticas pertenece al debate público y a la decisión del electorado.
