La investigación contra un empleado de la Municipalidad de Calingasta por el presunto desvío de fondos públicos incorporó nuevos detalles sobre la mecánica utilizada para cobrar un tributo municipal y derivar el dinero hacia una cuenta particular. El expediente se inició a partir de la denuncia penal presentada por el intendente Sebastián Carbajal y derivó en allanamientos en dependencias de la comuna.
El foco de la pesquisa está puesto sobre el accionar de un inspector municipal que, según la denuncia, habría aprovechado las funciones propias de su cargo para direccionar hacia su cuenta personal de Mercado Pago el dinero correspondiente al pago de cánones municipales.
Un pago de $100.000 que nunca llegó a las cuentas municipales
La maniobra quedó expuesta luego del reclamo de un vecino que había concurrido a las dependencias municipales para alquilar un espacio público destinado a la instalación de un puesto ambulante comunitario. El canon correspondiente a tres días de utilización estaba fijado en $100.000.
Según los datos incorporados a la denuncia, el inspector atendió al contribuyente, realizó el supuesto trámite administrativo y le entregó un comprobante oficial en el que la operación figuraba como «pagado».
Sin embargo, al momento de concretar el abono, el empleado le habría indicado que no debía realizar el pago a través de la caja municipal. En cambio, le solicitó que transfiriera los $100.000 directamente a una cuenta personal de Mercado Pago.
El vecino, confiando en las indicaciones recibidas y con el comprobante municipal en su poder, efectuó la transferencia y se retiró de las oficinas convencido de que el alquiler del espacio había quedado formalmente registrado.
El trámite figuraba como anulado
La irregularidad salió a la luz cuando el hombre intentó ocupar el espacio por el que había abonado. Al llegar al lugar, comprobó que el puesto no figuraba registrado a su nombre ni aparecía como alquilado por él.
Ante esa situación, presentó el comprobante que había recibido en la Municipalidad y exhibió desde su teléfono la constancia de la transferencia realizada a la cuenta personal del inspector.
A partir del reclamo, personal municipal realizó una auditoría interna de los movimientos registrados en el sistema informático. Allí habría aparecido uno de los elementos centrales de la investigación: el pedido de alquiler había sido cargado inicialmente en el sistema oficial, permitiendo generar e imprimir el comprobante, pero posteriormente el trámite figuraba como «anulado».
Según la hipótesis investigada, ese procedimiento permitía que el dinero no ingresara a las cuentas oficiales destinadas a la recaudación municipal, mientras el sistema tampoco mantenía registrada una deuda pendiente vinculada con aquella operación.
Allanamientos y documentación bajo análisis
La causa se encuentra en manos de la UFI Delitos Especiales. El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Iván Grassi, junto con los ayudantes fiscales Pablo Orellano y Victoria Martín.
Durante los allanamientos realizados en dependencias de la Municipalidad de Calingasta, los investigadores secuestraron documentación vinculada con los hechos denunciados, material que quedó incorporado al expediente y será sometido a análisis.
La investigación continúa orientada a reconstruir el funcionamiento de la presunta maniobra, determinar el alcance de las operaciones realizadas y establecer las eventuales responsabilidades penales. Hasta el momento, la causa permanece en etapa investigativa y no existe una resolución judicial que determine responsabilidad penal del empleado señalado. :chatgpt-content-reference{index=»0″}
