El Gobierno nacional atraviesa una recta final de año atravesada por diversos frentes políticos, legislativos y económicos. La administración de Javier Milei necesita avanzar con su agenda en el Congreso, contener las diferencias internas que tienen como una de sus protagonistas a Patricia Bullrich y atender problemas de gestión que generan preocupación entre empresarios, gremios y dirigentes del propio oficialismo.
Dentro de la hoja de ruta legislativa de La Libertad Avanza aparece como una de las prioridades la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que contempla mayores sanciones para aquellas empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el proyecto enfrenta dificultades para conseguir respaldo parlamentario debido a los cuestionamientos sobre los artículos que contemplan la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
El Consejo de Seguridad Nacional, bajo cuestionamiento
Parte de la oposición objeta que el nuevo organismo implicaría una concentración de atribuciones en manos del Poder Ejecutivo. De acuerdo con el proyecto, el Consejo tendría facultades para diseñar políticas de seguridad, coordinar y supervisar organismos estatales, intervenir sobre el control de espacios aéreos, marítimos y fluviales y adoptar medidas urgentes frente a determinadas amenazas.
El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi anticipó que ese capítulo será uno de los puntos que buscarán modificar durante el debate en la Cámara baja. En ese escenario también aparece Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, quien ya expuso diferencias con algunas decisiones impulsadas desde el Poder Ejecutivo.
La exministra de Seguridad cuestionó aspectos de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y también reclamó modificaciones sobre el Presupuesto 2027 después de la polémica generada por los cambios previstos para el sistema de Discapacidad.
En despachos de la Casa Rosada siguen con atención los movimientos de Bullrich. Dentro del oficialismo consideran que sus intervenciones generan incomodidad y obligan al Gobierno a renegociar determinados puntos, aunque descartan una ruptura con La Libertad Avanza.
Según la interpretación que realizan sectores del Gobierno, la senadora busca diferenciarse en algunas discusiones para fortalecer su posición frente a la negociación electoral del próximo año y conseguir mayor influencia en la conformación de listas y en la toma de decisiones políticas.
Las señales de alarma que llegan desde la industria
Las tensiones políticas coinciden con los reclamos provenientes del sector productivo. Distintos referentes industriales vienen solicitando al Gobierno medidas que permitan evitar una mayor destrucción de puestos de trabajo, en un contexto marcado por la debilidad de la demanda interna y una mayor competencia de productos importados.
La situación tiene particular impacto en la provincia de Buenos Aires. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la industria bonaerense perdió 30.748 empleos registrados, de acuerdo con los datos incluidos en un informe elaborado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).
La contracción representó una caída del 5,7% en ese período. El escenario genera inquietud entre empresarios que advierten sobre la rentabilidad de distintos sectores productivos y también sobre el avance del contrabando.
Entre las empresas que siguen de cerca este fenómeno se encuentra Techint. Su presidente, Paolo Rocca, alertó sobre el crecimiento del ingreso irregular de mercadería y el efecto que esa situación puede tener sobre la competitividad y los márgenes de la producción local.
Reclamos por controles y capacidad de la Aduana
La preocupación excede al empresariado. Representantes gremiales y dirigentes vinculados con el oficialismo en la provincia de Buenos Aires también vienen reclamando mayores controles frente al ingreso irregular de productos.
Dentro de esos sectores existe además inquietud por la capacidad operativa de la Aduana. Algunos dirigentes sostienen que el organismo perdió recursos humanos en los últimos tiempos como consecuencia del ajuste aplicado en distintas áreas del Estado, una situación que —advierten— podría dificultar las tareas de fiscalización.
El Gobierno llega así al cierre del año con varios frentes simultáneos: necesita consolidar acuerdos para aprobar sus principales proyectos legislativos, administrar las diferencias dentro del oficialismo y responder a las advertencias que llegan desde sectores productivos afectados por la caída del empleo y la actividad.
