El Gobierno de Javier Milei profundizó desde 2024 una política de reducción del gasto público destinada a eliminar el déficit fiscal y sostener resultados superavitarios. Entre 2023 y 2025, el ajuste realizado por el Estado nacional superó ampliamente al aplicado por el conjunto de las provincias.

Los datos surgen de un informe elaborado por la Fundación Libertad a partir del análisis de la ejecución presupuestaria, los resultados fiscales y la distribución del gasto público de Nación y de las 24 jurisdicciones del país durante ese período.

De acuerdo con el estudio, el gasto primario nacional pasó de representar el 17,8% del Producto Interno Bruto en 2023 al 13,3% en 2025. La reducción fue de 4,5 puntos porcentuales.

En las provincias, en tanto, el gasto bajó desde el 16,7% hasta el 15,4% del PIB, lo que representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales.

Los ingresos cayeron menos en Nación

La evolución de los recursos mostró una dinámica diferente. Los ingresos nacionales pasaron del 14,5% al 14,2% del PIB, con una caída de apenas 0,3 puntos, mientras que en las provincias retrocedieron desde el 16,8% hasta el 15,5%, una disminución de 1,3 puntos.

Al ajustar las cifras por inflación, el gasto primario de Nación cayó 27,8% en términos reales, frente a una reducción del 10,6% en las provincias. Los ingresos nacionales retrocedieron 5,5% real, mientras que los provinciales disminuyeron 11,2%.

El informe explicó: “En 2023, Nación registraba un déficit primario equivalente al 3% del PIB, mientras que las provincias se encontraban, en conjunto, prácticamente equilibradas. A partir de allí, el Gobierno nacional implementó un ajuste deliberado que permitió transformar ese déficit en un superávit primario superior a un punto del PIB tanto en 2024 como en 2025. Las provincias, por su parte, preservaron una situación cercana al equilibrio, pero debieron reducir sus gastos frente a la caída de los ingresos. Parte de esa contracción respondió al recorte de las transferencias discrecionales realizado por Nación y parte a la disminución de los recursos provenientes de impuestos nacionales coparticipables y de la recaudación propia”.

Cuánto pesa el gasto en cada provincia

Otro de los apartados del estudio analizó el gasto primario provincial como porcentaje del Producto Bruto Geográfico de cada jurisdicción. Ese indicador permite medir el nivel de erogaciones públicas en relación con el tamaño de la economía local.

Formosa encabezó el listado con un gasto equivalente al 50% de su economía provincial. En el resto de las jurisdicciones, los valores se ubicaron desde niveles cercanos al 35% hasta el 9% registrado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, cuando el gasto provincial es medido en relación con el PIB nacional, la situación se modifica. Debido al tamaño de su economía, CABA registró la mayor incidencia, con un 4,2%, mientras que Formosa quedó en el extremo opuesto, con 0,32%.

Neuquén, la excepción entre las provincias

Neuquén fue la única de las 24 jurisdicciones que incrementó sus ingresos en términos reales durante el período 2023-2025.

La provincia gobernada por Rolando Figueroa registró un aumento de recursos de $1.134.140 millones a precios de 2025, equivalente al 2,22% de su Producto Bruto Geográfico.

Durante el mismo período, sus ingresos crecieron 18,1% y el gasto aumentó 18,7%. Según el análisis, la evolución estuvo vinculada con la expansión de la actividad hidrocarburífera asociada a Vaca Muerta.

En el extremo contrario se ubicó La Rioja, que redujo su gasto primario 22% frente a una caída del 24% de sus ingresos.

Desde la Fundación Libertad señalaron: “Su elevada dependencia de las transferencias nacionales y su limitada capacidad de generación de recursos propios restringieron considerablemente el margen de respuesta fiscal”.

El informe volvió a ubicar al Estado nacional como el sector con el mayor ajuste de sus cuentas públicas, con una reducción real del gasto primario del 27,8% y una caída de ingresos inferior a la registrada por la mayoría de las provincias.

Sobre la sostenibilidad del esquema, el trabajo sostuvo: “En efecto, la sostenibilidad de la nueva configuración fiscal requerirá ampliar la mirada desde el resultado del sector público nacional hacia el conjunto de las administraciones públicas. El margen de consolidación no puede determinarse únicamente mediante cifras agregadas ni suponerse uniforme entre provincias: depende de la composición y rigidez del gasto, de las funciones asignadas a cada nivel de gobierno y de la situación productiva y fiscal de cada jurisdicción”.