Tres auditorías del Gobierno detectaron \*\*presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de Diego Spagnuolo\*\*, con compras por fuera del régimen estatal, deficiencias médicas, administrativas e informáticas y diferencias de precios de hasta el 1.068% durante el primer semestre de 2025.\
\Los informes revisaron adquisiciones de medicamentos, insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas, además del sistema informático utilizado para gestionar prestaciones. Los trabajos fueron solicitados en septiembre de 2025 por el entonces interventor de la Agencia, Alejandro Alberto Vilches, y se realizaron entre octubre de ese año y abril de 2026. El período analizado llegó hasta el 21 de agosto de 2025, fecha del corte de gestión.\
\La revisión también detectó compras de medicamentos para Entre Ríos por $11.925 millones y para Neuquén por $837 millones sin documentación que respaldara la existencia de convenios o adendas vigentes durante el período examinado. En adquisiciones vinculadas con Chubut, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego faltaba la fecha de firma, mientras que otros documentos no tenían los sellos aclaratorios de los responsables.\
\Compras sin licitación ni comparación documentada de ofertas\
\El primer informe, fechado en diciembre de 2025, cuestionó el circuito interno denominado “PACBI Circuito Compras”, utilizado para adquirir medicamentos de alto costo y baja incidencia. Según los auditores, el mecanismo no se ajustaba al Decreto 1023/2001 ni a su reglamentación, que establecen las reglas de contratación para los organismos descentralizados del Estado.\
\La ANDIS no utilizó el sistema electrónico obligatorio COMPR.AR, no elaboró pliegos de bases y condiciones ni cursó invitaciones formales a proveedores. Tampoco se encontraron comparaciones documentadas de las ofertas ni fundamentos que justificaran las contrataciones directas.\
\Los auditores concluyeron que la falta de planificación o la imprevisibilidad de los requerimientos no eran motivos legales para apartarse del régimen general. El procedimiento afectaba “los principios de legalidad, transparencia en los procedimientos, igualdad de trato para interesados y para oferentes, publicidad y difusión de las actuaciones, promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes”.\
\Las mismas observaciones alcanzaron las compras de insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas. Esas operaciones tampoco utilizaron el sistema estatal de contrataciones, carecieron de una metodología formal y no previeron mecanismos de control basados en la competencia entre oferentes.\
\La ausencia de herramientas para comparar propuestas comprometía la posibilidad de determinar precios razonables. El informe advirtió sobre “el consecuente riesgo de generar un perjuicio económico al erario público”.\
\Medicamentos con diferencias de precios de hasta el 1.068%\
\El informe integral de abril de 2026 analizó el circuito de las compras de medicamentos del Programa Federal de Salud Incluir Salud, desde la solicitud de una prestación por parte de un beneficiario hasta el pago al proveedor.\
\El Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, conocido como SIIPFIS, no contaba con un módulo ni con un registro de valores de referencia que permitiera comparar los precios de manera objetiva. El responsable de compras explicó que las cotizaciones se cotejaban fuera de la plataforma, mediante otras fuentes y planillas de Excel. Sin embargo, no había constancias para identificar esas fuentes ni reconstruir el método aplicado.\
\La mayor diferencia detectada correspondió al \*\*Macitentán de 10 miligramos\*\*, un medicamento utilizado para tratar la hipertensión arterial pulmonar. La droguería P facturó cada unidad a $5.299.081,66 el 20 de febrero de 2025, mientras que la firma UP vendió el mismo producto a $453.621 un mes después.\
\La diferencia fue de $4.845.460,66 por unidad, equivalente al \*\*1.068%\*\*. Para preservar la investigación, las firmas involucradas fueron identificadas mediante siglas.\
\También se detectaron variaciones de precios en partidas de Pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia oncológica, y Tacrolimus, un inmunosupresor utilizado, entre otros casos, por pacientes trasplantados. Los auditores advirtieron, además, sobre preferencias hacia determinadas droguerías sin justificación documentada.\
\Algunos expedientes tenían la misma fecha de requerimiento, pero fueron tramitados por separado y adjudicados a distintos proveedores con precios diferentes para un mismo producto. En el sistema tampoco se acreditaron actos administrativos formales ni informes técnicos que explicaran la evaluación de las ofertas y los criterios utilizados para elegir a cada adjudicatario.\
\La auditoría relevó \*\*$110.263 millones en compras de medicamentos PACBI durante el primer semestre de 2025\*\*, distribuidas en 10.683 expedientes electrónicos de pago. La muestra examinada incluyó 219 expedientes por $29.713 millones, equivalentes al 27% del total.\
\Dentro de ese universo, 21 expedientes por $2.510 millones consignaban domicilios de entrega diferentes entre las órdenes de provisión y los remitos de recepción. Los auditores señalaron que no existía “justificación o aclaración alguna” para esas diferencias.\
\La revisión tampoco pudo comparar los precios y procedimientos con los de otros organismos, como PAMI u obras sociales, porque el sistema de la ex Agencia no permitía realizar ese control. Además, las compras se tramitaron mediante circuitos internos no autorizados por la Oficina Nacional de Contrataciones y por fuera del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que debía centralizar las actuaciones administrativas nacionales.\
\Fallas en los controles médicos y en el sistema informático\
\Los auditores determinaron que las Unidades de Gestión Provincial no dejaron constancias de haber cotejado las solicitudes de medicamentos con las historias clínicas de los beneficiarios. Tampoco se acreditó una intervención formal de la entonces Dirección de Prestaciones Médicas en la evaluación de los pedidos.\
\Uno de los hallazgos del informe fue que “No se verifica en el sistema la autorización expresa de un profesional médico responsable”. Tampoco había descripciones técnicas de las evaluaciones ni dictámenes que respaldaran la aprobación o el rechazo de cada solicitud.\
\La revisión no permitió establecer cuántos proveedores registrados en la base de datos del SIIPFIS habían sido convocados a cotizar en cada compra. La ANDIS tampoco realizó auditorías en terreno sobre los efectores de salud provinciales, pese a que los convenios marco y el reglamento de Incluir Salud contemplaban esos controles.\
\Los expedientes incluían remitos con firmas de recepción atribuidas a personas que no figuraban como beneficiarias, apoderadas ni integrantes de las unidades de gestión provincial. También se encontraron facturas que no reunían los requisitos formales exigidos para su liquidación.\
\El segundo informe, elaborado en marzo de 2026, se concentró en los controles tecnológicos del SIIPFIS. Allí se detectó que la empresa privada GMS tenía accesos de máximos privilegios al sistema y a su base de datos, sin que se encontrara un contrato o convenio formal que regulara esa relación.\
\GMS SA es una compañía dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado. La firma aparece mencionada en la causa judicial en la que el juez federal Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presuntas maniobras de corrupción en la ANDIS.\
\La auditoría reconstruyó que GMS realizó la última entrega formal del código fuente del sistema en diciembre de 2022, al finalizar el contrato con la entonces ANDIS. Sin embargo, la empresa habría continuado durante más de tres años a cargo del mantenimiento y soporte técnico del sistema de Incluir Salud, con acceso privilegiado al entorno operativo y a la base de datos, sin un nuevo contrato ni convenios formales que regularan el vínculo.\
\Recién en enero de 2026, durante el proceso de auditoría y a pedido del área de tecnología del organismo, el proveedor habría entregado una nueva versión del código fuente. Los auditores no pudieron verificar que esa versión “compile y corresponda con la versión que se encuentra operativa actualmente”. Por lo tanto, tampoco quedó acreditado que el Estado contara con una copia fidedigna y funcional del programa.\
\El sistema administra información vinculada con pensiones por invalidez, el Certificado Único de Discapacidad y las compras de medicamentos de alto costo. El informe también detectó cuentas genéricas de usuario, falta de controles periódicos sobre los perfiles de acceso, tecnología sin soporte vigente y ausencia de copias de seguridad externas y de un plan formal de contingencia ante incidentes informáticos.\
\La causa judicial por presunta corrupción en la ANDIS\
\Las irregularidades detectadas se conocieron mientras avanzaba la causa judicial por un presunto esquema de sobornos y direccionamiento de adquisiciones en la Agencia. En febrero de 2026, el juez federal Ariel Lijo procesó a Diego Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, al estimar un desvío de al menos $6.000 millones mediante sobreprecios en medicamentos.\
\Entre los procesados se encuentran exfuncionarios, empresarios e intermediarios. Miguel Ángel Calvete fue señalado como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita investigada por corrupción en la ANDIS. En septiembre de 2026, la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Calvete, Spagnuolo y Daniel Garbellini.\
\Garbellini fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS desde el 3 de junio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue desplazado junto con Spagnuolo tras conocerse los audios que desencadenaron el escándalo.\
\Spagnuolo rechazó entregar una muestra de voz para el peritaje acústico destinado a determinar si es el autor de las grabaciones. La negativa provocó prórrogas en el estudio a cargo de Gendarmería Nacional.\
\Las auditorías no constituyen por sí mismas una sentencia judicial, pero documentan fallas en los procedimientos de contratación, los controles médicos y la gestión tecnológica del organismo durante el período revisado.\
\Para muchas personas con discapacidad que no cuentan con obra social ni medicina prepaga, la ANDIS cumple un papel central en el acceso a medicamentos oncológicos, inmunosupresores para pacientes trasplantados, prótesis y otras prestaciones. Las irregularidades detectadas atraviesan un circuito del que depende la continuidad de tratamientos médicos para beneficiarios que, en muchos casos, no disponen de alternativas fuera del sistema estatal.\
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