El Gobierno analiza mantener reducido el esquema de contribuciones patronales de las universidades nacionales como parte de la negociación para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y acercar posiciones de cara al Presupuesto 2027.

Las contribuciones patronales son los aportes obligatorios que las instituciones educativas, en su condición de empleadoras, deben realizar por sus trabajadores docentes, no docentes y autoridades a los distintos subsistemas de la seguridad social.

La Casa Rosada busca combinar un acuerdo sobre el régimen administrado por ARCA con una mejora de las partidas presupuestarias para 2027. En el Ejecutivo reconocen que este punto forma parte de las herramientas disponibles para negociar, aunque todavía no está definida la alícuota que podrían proponer.

Cómo funciona el régimen reducido

La discusión se remonta al Decreto 1571/2010, que estableció un régimen especial para determinadas universidades nacionales que mantenían deudas previsionales.

La norma fijó para las instituciones alcanzadas una alícuota reducida del 10,17% sobre la nómina salarial, compuesta por un 8,67% destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino y un 1,5% al PAMI.

El beneficio alcanza específicamente a las universidades que registraban al 31 de diciembre de 2009 las deudas contempladas por la norma y que ingresaron en los correspondientes planes de regularización.

La tasa del 10,17% se mantiene mientras la deuda continúe pendiente de cancelación.

La escala progresiva hasta 2031

El régimen fue modificado en 2023 mediante el Decreto 645/2023, que cambió la forma en que las universidades abandonan el beneficio una vez canceladas sus deudas.

En lugar de pasar de manera inmediata a la alícuota general, las instituciones ingresan en una escala progresiva de convergencia.

Para aquellas universidades que ya cancelaron sus compromisos, la alícuota correspondiente a SIPA y PAMI es del 13,65% en 2026 y ascenderá al 14,52% en 2027. Luego aumentará al 15,39% en 2028, 16,26% en 2029 y 17,13% en 2030.

Recién desde el 1 de enero de 2031 deberán aplicarse las alícuotas generales correspondientes al sector público.

Desde la UBA remarcan que, por este motivo, el incremento que enfrenta la institución no implica un salto inmediato hacia una carga del 24%, sino el ingreso a la escala progresiva prevista por el decreto.

La universidad se encuentra entre las instituciones cuyo plan de regularización está próximo a finalizar y busca evitar un incremento considerable de sus obligaciones sobre la masa salarial.

La negociación con las universidades

El Gobierno analiza utilizar esta situación para construir un acuerdo más amplio con las casas de estudio. Desde Nación sostienen que existe disposición para negociar, a través de ARCA, una continuidad o modificación del tratamiento reducido, aunque todavía no se definieron ni el porcentaje ni el instrumento normativo que se utilizaría.

Desde la UBA señalan que no existe todavía una decisión cerrada y que las conversaciones continúan de manera informal.

También advierten que cualquier incremento de las contribuciones tiene impacto directo sobre las cuentas universitarias debido a que cerca del 90% de los recursos se destina al pago de salarios y alrededor del 10% a gastos de funcionamiento.

El régimen tampoco alcanza de la misma manera a todas las universidades nacionales. Algunas instituciones ya terminaron sus planes de regularización y comenzaron a transitar la escala de convergencia, mientras que otras todavía mantienen la alícuota reducida.

La Casa Rosada busca incorporar este capítulo a la negociación por el Presupuesto 2027. El Ejecutivo reconoce que está dispuesto a incrementar los recursos destinados a las universidades respecto del proyecto enviado al Congreso, aunque descarta alcanzar los aproximadamente $11 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional.