Las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado dictaminaron este jueves el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como Patent Cooperation Treaty (PCT), y dejaron el acuerdo en condiciones de ser tratado nuevamente por la Cámara alta.

Argentina había firmado el tratado durante el siglo pasado y el Senado lo aprobó originalmente en 1998. Sin embargo, la Cámara de Diputados recién lo votó en agosto pasado y realizó modificaciones al texto, por lo que la iniciativa regresó al Senado en segunda revisión.

Con el despacho firmado, el acuerdo podría ser sancionado si el oficialismo consigue reunir los apoyos necesarios y solicita su tratamiento en el recinto el jueves próximo.

Un requisito dentro de distintos acuerdos comerciales

La adhesión al PCT forma parte de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos.

También figura entre los compromisos asumidos en los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, y entre el bloque sudamericano y la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

El Gobierno había intentado avanzar con el texto original en Diputados, pero encontró objeciones vinculadas con el sector farmacéutico.

Como consecuencia de esas diferencias, antes de firmar el dictamen se decidió dejar “en reserva” el Capítulo II del tratado.

Las objeciones por el “Evergreening”

Desde sectores vinculados con los laboratorios advirtieron sobre el riesgo de proliferación del denominado “Evergreening” o reverdecimiento de patentes.

La preocupación apunta a que empresas multinacionales puedan utilizar mecanismos de examen preliminar internacional para impulsar modificaciones menores o secundarias en medicamentos existentes, sin incorporar necesariamente mejoras terapéuticas significativas.

Según esa postura, esas modificaciones podrían utilizarse para extender artificialmente períodos de protección y limitar la competencia.

También se plantearon reparos respecto de una eventual pérdida de soberanía del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Quienes cuestionan el esquema consideran que informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales podrían condicionar las decisiones del organismo argentino.

La defensa del oficialismo

El senador libertario Francisco Paoltroni, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, defendió la adhesión y señaló: “Es uno de los pocos países no adheridos a este tan importante tratado. Lo que rige en patentes es un acuerdo anterior, de 1884”.

Por su parte, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo: “Cooperación no significa resignar la soberanía en términos de lo que es aquello que los argentinos son capaces de inventar”.

Bullrich también buscó despejar las objeciones y afirmó que la propuesta “no crea una patente mundial, no obliga a la Argentina a conceder patentes, y tampoco le quita la facultad de decidir qué invenciones merecen protección, conforme a nuestra legislación”.

La senadora argumentó que la aprobación del acuerdo podría facilitar la proyección internacional de científicos, universidades y empresas argentinas vinculadas con la innovación.

“Es una gran herramienta para instituciones como el Conicet o empresas privadas que investigan y que logran generar nuevos productos o posibilidades para el adelanto de la ciencia”, sostuvo.

Bullrich agregó que el mecanismo también brindaría una protección temprana para los desarrollos científicos.

“Hoy lanzan un avance e, inmediatamente, otro investigador lo publica y se pierde la posibilidad de tener una patente. Con esto, la primera información queda registrada y le da una protección adicional”, afirmó.

Con el dictamen de las comisiones, el PCT quedó nuevamente a disposición del Senado, que deberá definir si convierte el acuerdo en ley en una próxima sesión.