La denominada Ley Malvinas abrió una fuerte interna entre la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, por el alcance del Consejo de Seguridad Nacional previsto dentro de la iniciativa.

El eje de la disputa pasa por las amplias facultades que tendría ese organismo en materia de defensa y seguridad, entre ellas la posibilidad de requerir información a provincias y municipios e imponer sanciones.

Entre sus funciones también estaría la elaboración de la Política de Seguridad Nacional, un punto que genera tensiones por la superposición entre las competencias de las Fuerzas Armadas y las correspondientes a las fuerzas de seguridad.

La histórica disputa entre la Armada y la Prefectura

La tensión entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval tiene antecedentes de larga data, pero atraviesa ahora un momento particularmente sensible ante las versiones sobre una posible fusión entre ambas instituciones.

Dentro de la Armada, altos mandos atribuyen esa posibilidad a una iniciativa asociada a Federico Sturzenegger, en el marco de una serie de reformas vinculadas al funcionamiento del Estado y del sistema de defensa.

La Prefectura integró históricamente la estructura de la Marina hasta que, con el regreso de la democracia, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, ambas instituciones fueron separadas y pasaron a funcionar de manera independiente, aunque inicialmente bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

Un militar describió la superposición de competencias con la siguiente explicación: «Cuando se crea el Ministerio de Seguridad. Lo que nadie hizo fue redefinir las funciones de unas y otras. Entonces el control de la pesca lo tiene la Armada y la Prefectura, la búsqueda de la salvaguarda de la vida humana en el mar la tiene Prefectura y la tiene la Armada. Todo lo que tiene que ver con la Marina Mercante tienen un poco cada una. Se crearon dos fuerzas distintas que tienen un 70% en común».

Ese solapamiento de responsabilidades constituye uno de los puntos centrales de la discusión actual, particularmente en materia de control marítimo, pesca, navegación comercial y salvaguarda de la vida humana en el mar.

El Consejo de Seguridad Nacional, bajo cuestionamiento

Otra de las críticas apunta a la composición prevista para el Consejo de Seguridad Nacional y al lugar que ocuparía el Ministerio de Seguridad dentro de esa estructura.

Un militar en actividad sostuvo que «el Consejo de Seguridad incluye hasta el portero de la Casa de Gobierno, pero no al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, Monteoliva considera que prevé la incorporación de participantes extra permanentes, pero no es lo mismo estar que no estar».

La objeción se extiende a los mecanismos de consulta contemplados para escenarios aéreos y marítimos.

»En los escenarios aéreos y marítimos está prevista la consulta al jefe de la Fuerza Aérea, al Estado Mayor Conjunto, al Ministerio de Defensa y para el caso mar a la Prefectura Naval pero nada dice el Ministerio de Seguridad. El punto es que los policías ven un excesivo avance del poder militar sobre el poder policial», agregó.

La preocupación dentro del área de Seguridad pasa por un eventual avance de estructuras militares sobre atribuciones tradicionalmente vinculadas a fuerzas policiales.

La posición de Prefectura

La discusión también llegó al Congreso, donde el proyecto es analizado por las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal.

Según el mismo militar, «las comisiones que están tratando la ley son Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal. De seguridad, nada. Entonces, con el aval de Monteoliva, la Prefectura pidió comparecer en la Comisión de Intereses Marítimos, que no tiene nada que ver con el tratamiento de la ley, para exponer su rotunda oposición a que se ataquen buques en tiempo de paz».

Desde Prefectura también se reivindica su condición de autoridad policial en aguas jurisdiccionales y se cuestiona una ampliación de las tareas militares sobre embarcaciones civiles.

»La Prefectura planteó eso y que es la única autoridad policial en el mar porque los militares no tienen nada que hacer persiguiendo barcos civiles, excepto el control de la pesca, que lo hacen como un suplemento a la labor de la Prefectura. Todo este panorama tiene a Seguridad y Prefectura enojados porque consideran que es parte del avance de Presti que, lógicamente, ve el mundo color verde», sentenció.

La controversia vuelve así a poner en primer plano la delimitación de funciones entre Defensa y Seguridad, en un escenario atravesado por la creación del nuevo Consejo, la eventual redefinición de competencias y las versiones sobre cambios estructurales entre la Armada y la Prefectura.