El Gobierno nacional declaró bajo secreto militar una nueva adquisición de equipamiento destinada a las Fuerzas Armadas, en un contexto de creciente tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y las actividades desarrolladas en el Atlántico Sur.
La medida fue formalizada este lunes mediante el Decreto 1205/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti.
La clasificación establecida por el Poder Ejecutivo mantiene fuera del acceso público los principales detalles de la operación. No se informó qué material será adquirido, cuál será su costo, quiénes serán los proveedores ni qué fuerza militar será la destinataria.
La decisión apunta a preservar información considerada sensible para las capacidades operativas y estratégicas de la defensa nacional.
Una compra reservada en medio de la tensión por Malvinas
La publicación del decreto coincide con un escenario de mayor tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
El Gobierno argentino avanzó en las últimas semanas con medidas legales y diplomáticas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte.
Entre las acciones mencionadas se encuentran medidas contra compañías petroleras relacionadas con el proyecto de extracción de crudo Sea Lion, además de gestiones orientadas a frenar las perforaciones offshore.
En ese contexto, el gobierno británico respondió con una protesta diplomática y reafirmó su posición respecto del desarrollo económico del archipiélago.
La administración británica está encabezada por el primer ministro Andy Burnham, mientras que las diferencias entre ambos gobiernos volvieron a elevar la temperatura política alrededor del Atlántico Sur.
Qué implica la clasificación como secreto militar
Para establecer el carácter reservado de la operación, el Decreto 1205/2026 se fundamenta en la Ley de Defensa Nacional N° 23.554, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas N° 24.948 y el Decreto 9390/63.
Ese marco normativo permite clasificar como secreto militar determinadas operaciones relacionadas con la compra, fabricación o desarrollo de elementos considerados esenciales para la preparación y capacidades de la defensa nacional.
La aplicación de esta figura implica que el procedimiento queda exceptuado de los mecanismos habituales de publicidad que rigen para otras adquisiciones estatales.
De esta manera, permanecerán reservados los datos vinculados con características técnicas, montos, proveedores y destino operativo de los elementos involucrados.
Una operación independiente del programa F-16
La utilización del secreto militar ya había sido aplicada durante la gestión de Javier Milei en otras operaciones relacionadas con el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Entre ellas estuvieron procedimientos asociados con la incorporación y acondicionamiento operativo de los aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca, mediante decretos que utilizaron un encuadre legal similar.
También se recurrió a ese mecanismo en medidas posteriores relacionadas con el mantenimiento técnico del sistema de armas.
Sin embargo, la nueva adquisición tramita mediante un expediente independiente, identificado como EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD.
De acuerdo con la información disponible, el procedimiento no contiene una vinculación pública con el sistema F-16 ni identifica a la Fuerza Aérea como destinataria.
La instrumentación de los contratos quedó en manos de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa.
La clasificación adoptada por el Ejecutivo impide, por el momento, determinar públicamente la naturaleza y dimensión de la adquisición, en momentos en que el Gobierno impulsa un proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas y mantiene abiertas distintas disputas diplomáticas vinculadas con el Atlántico Sur.
