La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 21 de octubre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales y reformas vinculadas con las expropiaciones y los desalojos. La iniciativa recibió media sanción de la Cámara baja con modificaciones y deberá regresar al Senado para completar su tratamiento legislativo.
La votación en general terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, en el marco de una sesión especial que comenzó al mediodía y contempló el tratamiento de otros proyectos.
Uno de los resultados más destacados se produjo durante la votación del capítulo que establece la derogación del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y la aplicación de la Ley de Tierras Rurales.
Ese apartado obtuvo 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones, un respaldo considerablemente más amplio que el registrado durante la votación general del proyecto.
La decisión representa un cambio relevante en el recorrido legislativo de la normativa, dado que el Gobierno había impulsado anteriormente la eliminación de restricciones vinculadas con la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Diputados restituyó la Ley de Tierras Rurales: qué establece el proyecto
El proyecto aprobado incorpora la derogación del artículo 154 del DNU 70/23, relacionado con la eliminación de la Ley de Tierras Rurales.
La restitución de esa normativa apunta a mantener restricciones sobre la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Según los alcances expuestos durante el debate, se contemplan límites a la extranjerización de tierras, restricciones en zonas determinadas y un tope de 1.000 hectáreas en sectores considerados núcleo.
También se mencionaron disposiciones relacionadas con espejos de agua y áreas de frontera.
El texto debatido incluye, además, modificaciones al régimen de expropiaciones, destinadas a establecer nuevas condiciones para la declaración de utilidad pública de bienes inmuebles.
Otro de sus componentes introduce cambios en materia de desalojos, con el objetivo de reducir los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o sometidas a situaciones de tenencia irregular.
Durante su tratamiento previo en el Senado, la iniciativa había experimentado modificaciones importantes, entre ellas la eliminación de disposiciones vinculadas con la Ley de Manejo del Fuego.
Con los cambios introducidos en Diputados, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta, que tendrá la posibilidad de aceptar las modificaciones o insistir con su versión anterior mediante la mayoría requerida.
Cómo votaron los bloques y qué dijo el oficialismo
La aprobación general fue acompañada por legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, el MID, Producción y Trabajo y sectores de Provincias Unidas y Argentina Federal.
En contra votaron representantes de Unión por la Patria, la izquierda y distintos sectores provinciales.
Las abstenciones incluyeron a diputados cordobeses y al legislador del PRO Álvaro González.
Durante el debate, el diputado oficialista Santiago Santurio, presidente de la Comisión de Legislación General, defendió la iniciativa y sostuvo que con el Gobierno y el proyecto se comienza a “respetar el derecho a la propiedad”.
En relación con las ocupaciones irregulares, el legislador argumentó: “Si hay usurpaciones deja de ser negocio la construcción de viviendas”.
La discusión estuvo atravesada por diferencias respecto de la protección de la propiedad privada, las facultades del Estado para expropiar y las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Las críticas opositoras por el cambio de posición sobre la Ley de Tierras
Uno de los cuestionamientos más fuertes llegó desde Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidas, quien señaló las contradicciones que, a su entender, existen entre la posición original del Gobierno y la restitución de la normativa.
“Hay un efecto lavarropa en el gobierno. Javier Milei tiene en su escritorio la foto de Margaret Thatcher, pero un rayo milagroso lo convenció de defender Malvinas”, expresó.
Juliano también cuestionó que el oficialismo promoviera nuevamente la vigencia de una legislación cuya eliminación había impulsado anteriormente.
“Ahora ponen en esta ley de Inviolabilidad Privada la derogación del artículo 154 del DNU 70/23 para que quede vigente la Ley de Tierras que se quiso eliminar no una sino dos veces”, afirmó.
En la misma línea, agregó: “hay también efecto centrifugado, porque aparece la costra política que son los socios del gobierno y hacen el trabajo sucio. Son los que plantean volver a la ley de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora los libertarios y sus aliados abrazan la ley de 2011”.
Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó el intento original de derogar distintas regulaciones y criticó la utilización de decretos de necesidad y urgencia.
El legislador sostuvo que el oficialismo tuvo que “reclutar en chancletas” para avanzar con el tratamiento de la iniciativa.
También señaló que las propuestas originales habían encontrado resistencias institucionales y sociales.
“Prometen seguridad jurídica pero degradan constantemente la democracia y al debate público. Dicen defender la soberanía nacional, pero pretenden la derogación de leyes que protegen nuestros recursos estratégicos como la tierra. Todo DNU es cuestionable, y el DNU 70 es inconstitucional”, manifestó.
Ferraro recordó además antecedentes históricos relacionados con decisiones económicas adoptadas mediante decretos.
“Si en la historia de la Argentina hubo historia de violar la propiedad privada, fue con la utilización de los decretos de necesidad de urgencia. Así lo fue el DNU del plan Bonex de los 90. Así lo fue el DNU del Corralito en el 2001”, afirmó.
El cruce con el kirchnerismo y las críticas económicas al Gobierno
Durante el tratamiento de la iniciativa también intervino Lucía Cámpora, diputada vinculada al kirchnerismo, quien cuestionó las modificaciones propuestas al régimen de expropiaciones.
La legisladora sostuvo que buscan “ modificar la ley de expropiaciones para blindar las privatizaciones” y vinculó su posición con la recuperación estatal de YPF.
En ese sentido, afirmó que con la iniciativa “no hubiesemos podido recuperar YPF y no tendriamos el superávit energético que da Vaca Muerta, gracias a que Cristina recuperó YPF”.
También cuestionó el acompañamiento legislativo que recibió el Gobierno en distintos proyectos.
“Milei tuvo todas las leyes que quiso, le votaron todo: Reforma Laboral, el RIGI, Ley Bases, Ley de Glaciares, Inocencia fiscal, todo”, expresó.
La diputada atribuyó a esas políticas consecuencias negativas sobre los salarios, el empleo, el consumo y las condiciones de vida de distintos sectores de la población.
Sus declaraciones formaron parte de las críticas opositoras al rumbo económico del Gobierno y al alcance de las reformas propuestas.
Una sesión maratónica con proyectos sobre salud, discapacidad y otros temas
La sesión especial comenzó después de que el oficialismo consiguiera el quórum necesario con el acompañamiento de bloques aliados y dialoguistas.
A las 12:25, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, verificó la presencia de 131 legisladores y habilitó el inicio del tratamiento del orden del día.
Además del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la agenda incluyó iniciativas vinculadas con discapacidad, morosidad familiar, vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.
Entre los proyectos previstos se encuentra la creación del Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, con especial atención a medicamentos como el fentanilo.
La propuesta responde a la crisis sanitaria relacionada con el fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que, según la información presentada, provocó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas desde abril de 2025.
Una comisión especial investigadora creada por la Cámara de Diputados había recomendado fortalecer los mecanismos de trazabilidad de medicamentos críticos.
Durante la jornada también se presentaron distintas mociones para incorporar asuntos al temario, aunque no consiguieron los votos necesarios.
Entre ellas figuraron propuestas sobre la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores de edad, la restitución del Programa Remediar, la emergencia en pequeñas y medianas empresas y medidas vinculadas con el fenómeno climático de El Niño.
También se produjo un intercambio entre la diputada Vanesa Siley y Martín Menem durante una discusión reglamentaria sobre una iniciativa relacionada con el Fondo de Asistencia Laboral.
En medio del cruce, la legisladora expresó: “Sos burro Martín”.
La sesión incluyó además un minuto de silencio por el fallecimiento del padre de la diputada Mónica Frade, a pedido del legislador Esteban Paulón.
Tras la aprobación del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Cámara de Diputados continuó con el tratamiento de los restantes asuntos previstos en el temario.
La iniciativa sobre propiedad privada y tierras rurales quedó pendiente de una nueva definición del Senado, que deberá pronunciarse sobre las modificaciones incorporadas por Diputados.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 21 de octubre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales y modificaciones al régimen de expropiaciones y desalojos. La votación general terminó con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. La iniciativa volverá al Senado, mientras la Cámara baja continúa debatiendo otros proyectos.
La política argentina acaba de incorporar una nueva disciplina olímpica: derogar una ley, defender su eliminación y terminar votando para que vuelva a existir. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales, una normativa que el Gobierno de Javier Milei había intentado dejar atrás. El recorrido legislativo tuvo tantos cambios de dirección que, para comprenderlo, convendría reemplazar el tablero electrónico del Congreso por un sistema de navegación satelital.
El oficialismo consiguió aprobar la iniciativa en general por 124 votos contra 119 y seis abstenciones. Pero el capítulo dedicado a restablecer la normativa sobre tierras rurales obtuvo un respaldo considerablemente más amplio: 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones. Una diferencia que demuestra que, en el Congreso, dos votaciones realizadas sobre un mismo proyecto pueden parecer pertenecientes a universos políticos distintos.
La contradicción no pasó inadvertida entre los diputados opositores. Pablo Juliano habló de un “efecto lavarropa” dentro del Gobierno, una imagen doméstica que consiguió sintetizar el recorrido de una política pública sometida a sucesivos ciclos de lavado, enjuague y centrifugado. Según su crítica, el oficialismo terminó acompañando una norma que había buscado eliminar. La metáfora tiene la ventaja de ser comprensible incluso para quienes abandonaron toda esperanza de seguir las reformas del DNU 70/23 sin una pizarra.
Maximiliano Ferraro también cuestionó el cambio de posición y apuntó contra las decisiones adoptadas mediante decretos de necesidad y urgencia. Mientras tanto, desde el oficialismo, Santiago Santurio defendió el proyecto por considerar que fortalece el respeto a la propiedad privada. Así, el recinto ofreció una escena singular: legisladores enfrentados por casi todo encontraron coincidencias en un capítulo que había sido motivo de fuertes disputas políticas.
El debate incluyó además una colección de episodios que recordaron que una sesión maratónica nunca se limita exclusivamente al temario. Hubo pedidos para incorporar proyectos sobre delitos sexuales contra menores, medicamentos, pequeñas y medianas empresas, asistencia laboral y prevención de consecuencias climáticas. Las mociones no prosperaron, pero contribuyeron a transformar la jornada en una especie de festival parlamentario donde cada bloque intentó conseguir unos minutos de protagonismo.
En uno de los cruces, Vanesa Siley le lanzó a Martín Menem un “Sos burro Martín”, después de una discusión reglamentaria. La escena confirmó que el Congreso conserva una capacidad notable para pasar de las grandes discusiones sobre derechos de propiedad a los cuestionamientos personales en cuestión de segundos. Todo sin abandonar las formalidades de una sesión legislativa.
La jornada, sin embargo, dejó una definición institucional concreta: Diputados aprobó el proyecto con modificaciones y lo devolvió al Senado. La Cámara alta deberá decidir si acepta esos cambios o insiste con su versión anterior mediante la mayoría requerida. Después de tantas idas y vueltas, la Ley de Tierras vuelve a ocupar el centro del debate. En la Argentina, algunas normas parecen tener más vidas legislativas que un personaje de videojuego, aunque cada reaparición exige nuevas votaciones, negociaciones y varias horas de discursos.
