La negociación salarial docente volvió a generar tensiones entre el Gobierno de Córdoba y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). El secretario general de la Gobernación, David Consalvi, recibió este martes en el Centro Cívico a una delegación sindical encabezada por el titular del gremio, Roberto Cristalli, en medio de las diferencias por la continuidad del acuerdo paritario vigente.

La intención del Ejecutivo provincial, según trascendió desde el entorno gubernamental, es evitar la apertura formal de una nueva negociación salarial y extender el esquema actual hasta después de las elecciones provinciales. La propuesta busca mantener la actualización automática de los haberes según la inflación y reducir las posibilidades de un conflicto gremial durante el período electoral.

La UEPC exige un aumento salarial por encima de la inflación

El acuerdo vigente vence el 30 de enero y establece ajustes salariales de acuerdo con el índice de inflación elaborado por la Dirección de Estadística y Censos de Córdoba. Frente a ese vencimiento, la Provincia solicitó prorrogar el mecanismo hasta julio de 2027.

La UEPC, que permanece en estado de movilización, manifestó su disposición a aceptar una extensión, aunque condicionó cualquier acuerdo a la incorporación de una mejora salarial adicional que permita recuperar poder adquisitivo.

El planteo sindical apunta a que los docentes puedan afrontar el verano con ingresos superiores a los actuales, en un contexto de estancamiento de las economías provinciales y dificultades para sostener el nivel de consumo.

Con una inflación mensual que ronda entre el 1,8% y el 1,9%, los incrementos aplicados durante los últimos meses tuvieron un impacto limitado sobre los haberes. El mecanismo vigente garantiza actualizaciones vinculadas al índice de precios, pero no contempla una recuperación adicional del salario real.

Uno de los antecedentes centrales de la discusión se remonta a marzo, cuando la negociación incluyó un monto retroactivo que rondó los $300.000, según el cargo y la antigüedad de cada docente. Desde entonces, las remuneraciones volvieron a actualizarse exclusivamente mediante el indicador inflacionario.

El gremio fijó el 12 de noviembre como fecha límite

La conducción de la UEPC estableció el 12 de noviembre como plazo para que el Gobierno presente una propuesta concreta. Ese día se desarrollará una asamblea provincial en la que los representantes sindicales evaluarán la situación y definirán los pasos a seguir.

Si no existe una oferta considerada satisfactoria, el sindicato podría aprobar un plan de lucha que incluya paros antes de finalizar el año.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la situación financiera limita las posibilidades de conceder incrementos superiores a la inflación. El principal argumento oficial es que la recaudación acumula nueve meses consecutivos de caída, lo que reduce el margen presupuestario para asumir nuevos compromisos salariales.

A pesar de esas restricciones, las conversaciones continúan dentro del Gobierno. El jefe de Gabinete, Manuel Calvo; el ministro de Economía, Guillermo Acosta; y el propio Consalvi mantienen reuniones sobre la negociación docente desde hace más de diez días.

Un posible bono de fin de año y el objetivo de evitar nuevos paros

Entre las alternativas que analiza la administración provincial aparece la posibilidad de otorgar un bono de fin de año, mediante una suma fija no remunerativa, como herramienta para acercar posiciones con el gremio sin modificar de manera permanente la estructura salarial.

La eventual compensación, que podría presentarse como un bono «navideño», permitiría ofrecer un ingreso adicional a los trabajadores y facilitar una negociación para extender el acuerdo hasta julio de 2027.

El objetivo político del Gobierno es evitar un conflicto docente durante febrero y marzo, meses habitualmente atravesados por las discusiones paritarias y que podrían coincidir con el comienzo de la campaña electoral provincial.

El antecedente inmediato explica parte de la preocupación oficial: la negociación salarial de este año se extendió durante dos meses y estuvo acompañada por seis paros docentes. Una prórroga del acuerdo vigente permitiría postergar una nueva discusión formal hasta mediados de 2027.

El escenario de reclamos salariales también alcanza a otros sectores de la administración pública. El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) sostiene que la Provincia tiene posibilidades de reasignar recursos presupuestarios desde otras áreas para mejorar las remuneraciones.

Además, la organización sindical denuncia vacantes sin cubrir en el sistema público de salud y advierte sobre la sobrecarga de trabajo en los hospitales provinciales.

Mientras el Ejecutivo evalúa las alternativas financieras y sindicales, la definición inmediata estará marcada por la asamblea de la UEPC del 12 de noviembre, instancia en la que el gremio resolverá si continúa negociando o avanza con nuevas medidas de fuerza.