El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó a Maximiliano Ariel Vallejo como presunto jefe de asociación ilícita, coautor de lavado de activos agravado y evasión tributaria. La medida se conoció este sábado 7 de noviembre en Lomas de Zamora, donde el tribunal dispuso la prisión preventiva domiciliaria del titular de Sur Finanzas con tobillera electrónica.
El juzgado fijó un embargo de $40.000 millones para Vallejo y otro por el mismo monto para su madre, Graciela Beatriz Vallejo, sindicada con un rol clave en el grupo. Para el magistrado, la cifra «no resulta desproporcionado» ante la responsabilidad económica eventual de los acusados.
El cálculo de la cifra
El tribunal sostuvo que el cálculo del embargo responde a una omisión detectada en la billetera virtual del grupo. Según el fallo, una certificación de origen de fondos firmada por Vallejo no declaró $19.938.054.800 acreditados en enero de 2025, cuya sanción mínima prevista llegaría a $39.876.109.600.
Para la Justicia, la organización operó entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025 para ingresar dinero ilícito al circuito legal. Las maniobras buscaban eludir tributos y ocultar los movimientos frente a los controles estatales.
Sociedades y bienes alcanzados
El fallo trabó embargos de $30.000 millones sobre Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP, y sumó medidas de $20.000 millones para María Fernanda Sena Argis y $10.000 millones para Gerardo Carrozza. Además, alcanzó a firmas como Centro de Inversiones Concordia y a otras 15 personas ligadas a la compañía, vinculada a la conducción de la AFA.
Con fines de decomiso, el juzgado ordenó medidas cautelares sobre la sede central de Adrogué y propiedades en Canning y San Vicente. Las restantes empresas del grupo recibieron embargos de entre $1.000 millones y $5.000 millones mientras avanza el expediente.
El Juzgado Federal N.° 2 de Lomas de Zamora procesó este sábado 7 de noviembre a Maximiliano Vallejo por presunto lavado de activos y evasión tributaria. La medida incluyó prisión preventiva domiciliaria y embargos de $40.000 millones para el titular de Sur Finanzas y para su madre, además de alcanzar a otras 17 personas y nueve sociedades. El tribunal justificó el monto récord en una maniobra con fondos no declarados.
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Zappo te lo cuenta
Maximiliano Ariel Vallejo descubrió este sábado 7 de noviembre que el glamour del mundo corporativo puede mutar súbitamente en un coqueto grillete en el tobillo. Desde el Juzgado Federal N.° 2 de Lomas de Zamora, el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte lo procesó como presunto jefe de asociación ilícita, coautor de lavado de activos agravado y evasión tributaria, mandándolo a cumplir prisión preventiva en su casa mientras asimila que la Justicia no acepta excusas contables del estilo «se me pasó declarar veinte mil palos». Para que el fin de semana fuera verdaderamente memorable, el magistrado le trabó un embargo por 40.000 millones de pesos a él y otro idéntico a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, dejando en claro que en esta familia las cifras estratosféricas se comparten con devoción filial.
El origen del cálculo es una joya de la ciencia ficción financiera: una certificación de fondos firmada por el propio titular de Sur Finanzas omitió nada menos que $19.938.054.800 acreditados en la billetera virtual en enero de 2025. Ante tamaña distracción, cuya sanción mínima acaricia los $39.876.109.600, el juez consideró que semejante embargo «no resulta desproporcionado», en una definición jurídica que bien podría competir por el eufemismo del siglo. La investigación sostiene que la estructura funcionó sin descanso entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025 con un único propósito: meter dinero oscuro al circuito legal gambeteando controles y esquivando tributos como si fueran conos de entrenamiento.
La fiesta de las cautelares no dejó títere con cabeza y desparramó ceros sobre 19 personas y nueve sociedades: Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP recibieron embargos de $30.000 millones cada una, seguidas por María Fernanda Sena Argis con $20.000 millones y Gerardo Carrozza con $10.000 millones. Mientras otras 15 personas y firmas como Centro de Inversiones Concordia ligan multas satelitales y miran de reojo los lazos del holding con la conducción de la AFA, la Justicia ya clausuró con fines de decomiso la sede central de Adrogué y varios inmuebles en Canning y San Vicente. Nadie sabe cómo pagarán la fianza, pero el manual de la economía paralela acaba de sumar un capítulo glorioso.
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